Madrid ha intensificado la inversión en conciertos de sanidad privada desde que Ayuso asumió el gobierno.

La introducción de operadores privados en el sistema de salud de España fue impulsada por el Partido Popular, bajo la dirección de José María Aznar. Durante su primer mandato y con mayoría absoluta, se aprobó la ley 15/97, que permitió la entrada de empresas privadas en la prestación de servicios sanitarios públicos, hasta entonces la base del estado de bienestar que surgió con la democracia.

Seis años más tarde, Esperanza Aguirre, una exministra de Aznar y representante del neoconservadurismo, abrió en Madrid las puertas a los primeros hospitales construidos por empresas privadas, inspirándose en el modelo de Zaplana en Alzira. Durante los primeros años del mandato de Aguirre, se privatizaron la construcción de hospitales y los servicios no médicos, como lavanderías, cafeterías, limpieza o seguridad. En su segunda legislatura, se levantaron hospitales completamente privados que ofrecían servicios a la sanidad pública madrileña (como el controvertido hospital de Torrejón), donde desde los administrativos hasta los intensivistas eran contratados por el sector privado para ofrecer servicios públicos, reemplazando a la administración por pagos y facturación. Desde entonces, bajo los sucesivos gobiernos del PP en la región, el proceso de privatización y el financiamiento público a empresas privadas ha continuado en aumento.

Isabel Díaz Ayuso no ha cambiado ese modelo desde que asumió el gobierno en 2019. Ella, firme defensora de la “eficacia” de la empresa privada en la gestión sanitaria, ha agradecido en múltiples ocasiones a estas empresas por ofrecer un servicio remunerado, insistiendo en que sin ellas “no se podría” garantizar la atención sanitaria a toda la población. Durante su administración, también se ha restringido el acceso a datos públicos que podrían demostrar esa eficacia. Existen litigios pendientes con gigantes del sector que no se reportan, y cada año se actualizan deudas acumuladas que no están centralizadas ni son de conocimiento general. Desde 2023, las actas de reuniones con las concesionarias ya no son públicas, y las listas de espera, como la de psicología clínica, son casi imposibles de conocer.

Pagos atrasados millonarios

En 2020, el servicio de Intervención General, dependiente de Hacienda, informó que el Gobierno de Ayuso había saldado 903 millones de euros en deudas por “ejercicios anteriores de concesiones sanitarias”, justo en el año en que recibió más de 3.300 millones del Fondo Covid. Durante lo peor de la pandemia, las empresas solicitaron aceleración en los pagos para poder continuar con su actividad. En 2022, Ayuso —cuyo pareja ha trabajado para Quirónprevención— desembolsó 400 millones al grupo Quirón, acelerando facturas impagadas desde hacía años mediante convalidaciones de gasto, una manera de pago fuera del sistema general. La situación financiera, incluyendo lo que se debe y lo que se ha pagado y faltante, permanece bajo secreto, y ni siquiera el Portal de Transparencia ofrece información al respecto.

Los datos oficiales del Ministerio de Sanidad, recogidos también en un informe de la patronal de la sanidad privada (Aspe), evidencian cómo en Madrid se ha acelerado la privatización de servicios, específicamente el dinero destinado a grandes operadores sanitarios (que han alcanzado dimensiones internacionales) para brindar servicios a los ciudadanos mediante conciertos sanitarios, contratos mediante los cuales las empresas cubren servicios públicos. Entre 2018 y 2022 (últimos datos disponibles), el gobierno regional incrementó en un 62,9% el monto destinado a conciertos sanitarios privados: de los 845 millones que Ayuso heredó al llegar a la Comunidad, se alcanzaron los 1.377 millones invertidos en 2022 en servicios privatizados, que no solo están creciendo, sino que también incluyen hospitales públicos. Este aumento no tiene comparación con el de ninguna otra comunidad autónoma. Andalucía, que sigue a Madrid, incrementó los conciertos en un 30% en el mismo periodo, la mitad de lo registrado por la región gobernada por Ayuso.

Al comparar el gasto en conciertos sanitarios con el gasto sanitario global, la Comunidad de Madrid vuelve a sobresalir. El porcentaje destinado a estos servicios privatizados ha aumentado de manera constante, con incrementos anuales de entre el 10 y el 12% en relación con otros gastos sanitarios. Además, Madrid es una de las comunidades autónomas con el menor gasto en sanidad respecto al PIB, según un informe de CCOO. Aunque invierte menos que otras en sanidad, destina considerables montos a los conciertos privados. Es además de las comunidades que menos gasta por habitante en sanidad, con 1.625 euros, superada solo por Andalucía (1.500 euros), mientras que comunidades como el País Vasco o Asturias invierten más de 2.000 euros por habitante.

La tendencia hacia la gestión indirecta (privatizada o concertada) y la baja inversión de sanidad por persona también se ha reflejado en la penetración de seguros privados en la Comunidad de Madrid, donde alcanzó el 38,7%, en comparación con el 11% en Navarra, el 32% en Cataluña o el 21% en Andalucía. Las disputas en el ámbito concertado por captar pacientes de “no cápita”, que se cobran aparte, han conducido a mantener listas de espera más cortas, haciendo su oferta más atractiva, aunque esto puede perjudicar a otras áreas o pacientes, como se ha evidenciado en los controvertidos audios relacionados con Torrejón.

Madrid cuenta con seis hospitales en gestión indirecta (Hospital de Torrejón, Villalba, Infanta Elena, Rey Juan Carlos y Fundación Jiménez Díaz, además del Gómez Ulla, que pertenece a Defensa) y siete destinados a servicios no sanitarios bajo concesión. Entre los grupos presentes en Madrid, Quirón es el que posee mayor número de concesiones (cuatro) y el que más factura.

Desde 2021, se ha registrado un notable aumento de ingresos provenientes del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. En el periodo 2021-2024, los documentos oficiales sobre la liquidación de cuentas del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) reflejan que los cuatro hospitales de Quirón han cobrado el doble de lo presupuestado: el crédito inicial asignado a esos centros fue de 2.543.928.271 euros, mientras que los pagos contabilizados al cierre de cada ejercicio alcanzaron casi los 5.000 millones, exactamente 4.803.124.204 euros. El motivo de esta discrepancia, que no se ha aclarado oficialmente, podría deberse a litigios perdidos, discrepancias de gastos durante la pandemia, liquidaciones pasadas o facturas de pacientes “no cápita”, es decir, aquellos que no son parte del área sanitaria y han sido ‘captados’, según algunos expertos consultados.

A pesar de la falta de detalle en los gastos que permita comprobar la “eficiencia” de la gestión indirecta promovida por los presidentes de la Comunidad de Madrid desde 2003, los datos globales de presupuestos autonómicos y los recolectados por Hacienda o el Ministerio de Sanidad indican que el modelo inaugurado por Aguirre ha avanzado, llevándose cada vez una mayor porción del presupuesto disponible para la atención sanitaria de los madrileños.