Madrid identifica 40 errores en las pulseras de protección contra la violencia de género y solicita al Ministerio de Igualdad una auditoría externa.

La Comunidad de Madrid ha identificado hasta 40 fallos en las denominadas pulseras antimaltrato. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que llevó a cabo este lunes una reunión extraordinaria del Observatorio Regional de la Violencia de Género, solicita ahora al Ministerio de Igualdad que realice una auditoría externa e independiente para esclarecer lo sucedido y corregir estas deficiencias. «Es crucial saber cuántas mujeres han quedado sin protección, cuántos procedimientos judiciales han sido afectados y si ha habido agresores que han sacado provecho de este fallo», expresó el portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel García.

García presentó las conclusiones del Observatorio junto a la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, quien la semana pasada ya había escrito a Igualdad pidiendo la dimisión de la ministra Ana Redondo. «Hoy hemos recibido datos alarmantes, como que se contrató a un proveedor sin experiencia previa o que los dispositivos podían comprarse a través de plataformas de comercio chinas, lo que comprometía la calidad necesaria para garantizar este servicio esencial a las mujeres víctimas de violencia», añadió García, quien también es responsable de Presidencia, Justicia y Administración Local.

El organismo autonómico, convocado de emergencia, decidió informar al Ministerio de Igualdad sobre la necesidad de conocer cada detalle de lo ocurrido y poner en marcha cuanto antes una auditoría. También solicita información acerca del hecho de que algunas víctimas de violencia de género pidieron la retirada de estos dispositivos y las comunicaciones y alertas recibidas desde las audiencias provinciales o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tal como reveló El Confidencial tras hacer público el problema en la memoria anual de la Fiscalía.

Igualdad ha negado hasta ahora la existencia de comunicaciones oficiales; sin embargo, la cronología de los hechos indica lo contrario. El CGPJ notificó por escrito el 6 de mayo al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes sobre los problemas existentes en el sistema. Además, los presidentes de las audiencias provinciales también hicieron lo mismo por escrito. «Dado que los dispositivos presentan fallos técnicos por localizaciones erróneas o incluso por manipulaciones de los investigados, solicitamos que se revisen y corrijan las disfunciones para evitar la desprotección de las víctimas», indicaron mediante un documento interno.

Múltiples fallos

García y Dávila insistieron en la «indefensión» de las mujeres, denunciando los «fallos continuos y recurrentes» en el sistema de las pulseras. «Hay evidencias de que fallaban al mojarse, que el pitido del fin de la batería era indistinguible del pitido que señaliza la proximidad del agresor, lo que generaba una confusión grave para la víctima, además de fallos de geolocalización y pérdida de datos», subrayó García.

La consejera autonómica de Asuntos Sociales, además, destacó que la Red de Atención Integral para las Víctimas de Violencia de Género confirmó que el 40% de los centros reportaron problemas con estos dispositivos, como pérdidas de conexión, problemas de cobertura o manipulación por parte del agresor. «Hemos tenido casos donde el agresor se ha acercado a la distancia adecuada para infundir miedo, quitarse el dispositivo o manipularlo para provocar que la alarma se active, lo que puede suceder en cualquier momento del día, incluso en compañía de los hijos, durante las horas de sueño o en plena jornada laboral», explicó.

La Comunidad de Madrid ha identificado hasta 40 fallos en las denominadas pulseras antimaltrato. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que llevó a cabo este lunes una reunión extraordinaria del Observatorio Regional de la Violencia de Género, solicita ahora al Ministerio de Igualdad que realice una auditoría externa e independiente para esclarecer lo sucedido y corregir estas deficiencias. «Es crucial saber cuántas mujeres han quedado sin protección, cuántos procedimientos judiciales han sido afectados y si ha habido agresores que han sacado provecho de este fallo», expresó el portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel García.