“Madrid no requiere más ayudas”

El PSOE ha activado los mecanismos de control en la Asamblea de Madrid frente a la autorización del centro universitario del ICAM, un movimiento que consideran poco transparente y sin justificación académica. Su portavoz de Educación, Esteban Álvarez, denuncia en declaraciones a ElPlural.com que el Gobierno regional liderado por Isabel Díaz Ayuso “está utilizando la universidad para recompensar a sus aliados políticos”. Por ello, su grupo ha presentado una proposición no de ley y una serie de preguntas para exigir claridad en el pleno del próximo jueves 11 de diciembre.

Desde la bancada socialista argumentan que el proceso seguido por la Comunidad de Madrid no se alinea con el interés general, y que esta decisión se ha tomado sin considerar criterios de planificación universitaria ni las necesidades reales del sistema. Álvarez señala que su grupo ha formalizado esta iniciativa parlamentaria con un objetivo claro: obligar al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso a explicar por qué se consideró prioritario autorizar un centro adscrito promovido por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, en un momento en el que la universidad pública enfrenta reclamaciones de financiación, personal e infraestructuras.

El portavoz enfatiza que la iniciativa socialista no es sólo una disputa anecdótica, sino una preocupación creciente sobre la dirección que está tomando la educación superior en Madrid. “Hemos presentado una proposición no de ley que podrá ser discutida en el pleno del jueves 11 y varias preguntas al consejero (Emilio Viciana) para que den sus explicaciones. Lo que sostenemos es lo que Mar Espinar explicó brevemente en rueda de prensa”, dice. Para Álvarez, el Gobierno regional ha mostrado un patrón sostenido de decisiones centradas más en la agenda política de Ayuso que en la mejora de la calidad educativa.

El caso del ICAM, según sostiene, es un ejemplo claro. “Lo que hemos denunciado es muy simple: la Comunidad de Madrid está usando la universidad como un espacio para beneficiar a sus aliados políticos, en lugar de fortalecer la educación pública”, reitera. En su perspectiva, la autorización no se basa en un análisis de la demanda, ni en la búsqueda de nuevas áreas de excelencia académica, ni en el fortalecimiento de la red pública; responde, argumenta, a “intereses corporativos” que coinciden con los apoyos políticos del Ejecutivo.

Madri+D, «chiringuito» de Ayuso, facilitó la concesión de la universidad al ICAM

La pieza técnica que respalda esta autorización, el informe emitido por la Fundación Madrid+D el 25 de septiembre de 2025, ha sido objeto de críticas en la Asamblea. Este organismo, encargado de evaluar los proyectos universitarios antes de su aprobación política, ha estado bajo sospecha durante años por una presunta falta de independencia. Informes previos han revelado que, en numerosos expedientes desde 2020, la dirección de la fundación habría minimizado objeciones de los expertos o incluso ignorado advertencias de los equipos evaluadores. Aunque Madrid+D defiende su profesionalidad, el historial de informes modificados desde arriba ha alimentado la percepción de que la fundación actúa en alineación con los intereses del Gobierno y no como un filtro académico imparcial.

El propio Álvarez señala a esta trayectoria como un factor clave en la controversia actual. Considera que el Ejecutivo regional utiliza Madrid+D como una “pantalla técnica” para justificar proyectos que ya han sido decididos políticamente. Los socialistas exigen que se hagan públicos todos los documentos relevantes del expediente: los informes completos de los evaluadores, las observaciones no atendidas y cualquier comunicación entre el Gobierno y el ICAM. Además, piden que el consejero Viciana explique por qué un proyecto con observaciones pendientes ha avanzado tan rápidamente mientras otros, incluidos los de la universidad pública, han estado esperando mejoras o ampliaciones durante años.

Paralelamente, la oposición recuerda que la dirección de Madrid+D está compuesta por personas estrechamente ligadas al Partido Popular. El director, Federico Morán, fue número dos del ministro José Ignacio Wert, mientras que el gerente, Juan Soler-Espiauba, tiene una extensa trayectoria institucional dentro del PP madrileño. Para Álvarez, esta composición no es un detalle menor, sino parte del problema: contribuye a una pérdida de confianza generalizada entre la comunidad educativa y cuestiona la legitimidad de los informes emitidos.

Madrid no necesita más favores

En este contexto, Ayuso ha respondido en los últimos días utilizando su habitual enfoque de confrontación política. El PSOE considera que esta estrategia tiene como objetivo desviar la atención hacia otros temas ajenos al ámbito educativo, evitando así un debate sobre el modelo universitario que su gobierno impulsa. Álvarez lo resume de manera contundente: “Mientras Ayuso habla de ETA o de fantasmas políticos para distraer, la realidad es que se están tomando decisiones que impactan en el futuro educativo de miles de madrileños sin transparencia, sin planificación y sin evaluación”.

Para el diputado socialista, lo ocurrido con el ICAM invita a una reflexión más amplia sobre el tipo de universidad que se quiere construir en Madrid: una universidad pública sólida, con planificación y controles rigurosos, o un ecosistema dominado por centros privados y adscritos autorizados sin una evaluación exhaustiva. En este sentido, el PSOE considera fundamental detener esta tendencia y reforzar la supervisión parlamentaria. Según Álvarez, la oposición continuará exigiendo transparencia “hasta el último documento”, y no descarta nuevas iniciativas si el Gobierno ignora las demandas del Pleno. La conclusión del portavoz refleja la postura socialista: “Madrid no necesita más favores. Necesita una universidad al servicio de la ciudadanía, no al servicio de unos pocos”.