Madrid notifica al Gobierno por escrito: tomará medidas legales si no se repatrían a 86 menores inmigrantes problemáticos.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha intensificado su discurso contra la Delegación del Gobierno tras el rechazo de Moncloa a repatriar a 86 menores extranjeros no acompañados con perfiles problemáticos que no han logrado adaptarse a nuestro país. El gobierno regional advierte a Moncloa que tomará todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la ley.

En una carta enviada este martes al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, la consejera critica su “negativa” a gestionar la reagrupación de 86 menores con sus familias en sus países de origen, decisión que ahora justifican apelando al «interés superior del menor», sin considerar a los demás menores que convivieron con ellos o a los funcionarios encargados de su cuidado.

Dávila reprocha al delegado un cambio de postura respecto a su declaración anterior. Recuerda que en diciembre indicó haber solicitado los informes necesarios a través de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, mientras que ahora, meses después, esos expedientes siguen sin resolverse, algo que se ha documentado en Vozpópuli. Según la consejera, esta situación evidencia la «incompetencia” y «dejación de funciones» de la Administración central.

La consejera defiende que la Comunidad de Madrid ha actuado de acuerdo con la ley al proponer la reunificación familiar de estos menores, subrayando que la normativa establece que deben ser atendidos en su entorno familiar siempre que sea posible. En este aspecto, aclara que es función de la Delegación del Gobierno tramitar los procedimientos necesarios para llevar a cabo esa repatriación.

Además, remarca que los casos presentados han sido elegidos por la Comisión de Protección de Menores en base a circunstancias «especialmente graves». Según detalla, los técnicos han identificado situaciones de conflicto, alteraciones del comportamiento, consumo de drogas o incluso potencial delictivo, lo que compromete tanto el futuro de estos menores como la seguridad en los centros y en la sociedad en general.

Dávila también critica el uso político de esta situación. En su carta, acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de utilizar a estos menores «como moneda de cambio» en los últimos años, priorizando intereses políticos en detrimento de su protección efectiva.

La consejera va más allá y advierte de posibles responsabilidades si esta situación no se resuelve. Directamente señala al delegado del Gobierno, así como a los ministros responsables y al presidente, como responsables de las consecuencias que puedan surgir de la falta de acción. Finalmente, advierte que la Comunidad de Madrid no se quedará «inmóvil» y que tomará «todas las medidas necesarias» dentro de sus competencias para exigir el cumplimiento de la ley.

Esta carta se inscribe en el creciente enfrentamiento entre el Gobierno regional y el Ejecutivo central respecto a la gestión de los menores extranjeros no acompañados, especialmente aquellos con perfiles más problemáticos.