Madrid Nuevo Norte enfrenta dificultades por la ausencia de documentación.
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- 30 de septiembre de 2025
Fuentes del ministerio de Transportes indican que “el documento que debía ser elevado al Consejo de Ministros» para modificar la concesión de los terrenos de Chamartín (Madrid Nuevo Norte) y transformarlos en una compraventa nunca fue presentado”. De acuerdo con estas fuentes, “nadie en el ministerio ha firmado un documento de ese tipo”, por lo que toda la responsabilidad recaería primero en Renfe y después en Adif. Esta falta de autorización oficial pone en duda la validez de la novación de 2018, un aspecto fundamental sobre el que se fundamenta el macroproyecto urbanístico de Madrid Nuevo Norte, estimado en más de 20.000 millones de euros.
Una modificación que cambió el rumbo
Los documentos presentados por los reversionistas ante la Secretaría de Estado de Transportes argumentan que el acuerdo aprobado por el Consejo de Administración de Adif el 28 de diciembre de 2018 es nulo de pleno derecho, ya que se adoptó “sin seguir el procedimiento legalmente establecido” y modificó de manera sustancial el contrato de concesión otorgado en 1994.
El cambio transformó lo que antes era una concesión administrativa en una compraventa de suelo público. Sin embargo, esta operación no recibió la autorización requerida del Consejo de Ministros según lo estipulado por la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas y la Ley del Sector Ferroviario. Además, implicó la eliminación de todas las previsiones sobre derechos de reversión, lo que transfería al Estado el riesgo de indemnizaciones que superarían los 1.000 millones de euros si los tribunales decidiesen devolver los terrenos a sus antiguos propietarios.
El dictamen inexistente y sus ventajas
La justificación de la eliminación de los derechos de reversión se fundamentó en un supuesto dictamen de la Abogacía del Estado de 2002. Tanto la Abogacía como Adif afirmaron inicialmente, y por escrito, que dicho informe nunca existió. Para los reclamantes, se trata de un “dictamen fantasma” utilizado para ofrecer ventajas injustificadas a la concesionaria, que en ese momento estaba bajo el control de BBVA a través de Distrito Castellana Norte (hoy Crea Madrid Nuevo Norte). Cuando el informe de 2002 emergió repentinamente, se evidenció que no respaldaba la eliminación de los derechos de reversión, como ya mencionó OKDIARIO.
La novación de 2018 introdujo otras condiciones favorables: un precio cercano a 1.000 millones aplazado durante veinte años, con un interés del 3% y como única garantía los propios terrenos; además de la eliminación de la obligación histórica de que BBVA mantuviese una participación mínima en la sociedad, permitiéndole así retirarse del proyecto sin penalización alguna.
La batalla judicial en marcha
La Asociación No Abuso y Baraka Capital Group solicitaron el 7 de enero de 2025 la revisión de oficio y declaración de nulidad del acuerdo de 2018. Después de que se desestimara su petición por silencio administrativo, presentaron un recurso contencioso-administrativo el 10 de julio. La Audiencia Nacional lo admitió a trámite el 8 de septiembre bajo el procedimiento ordinario 699/2025.
Los demandantes argumentan que la modificación de 2018 infringió su derecho a la tutela judicial efectiva, ya que pleitos anteriores fueron rechazados por hechos como que el contrato vigente ya no contenía previsiones de reversión. Ahora, con la confirmación de que el dictamen que sirvió de base nunca existió, consideran que la nulidad es insostenible.
Consecuencias políticas y urbanísticas
El caso amenaza con abrir una brecha en el mayor desarrollo urbanístico de España. Si la Audiencia Nacional declarase nula la novación, el contrato volvería a su redacción anterior, obligando a revisar las condiciones jurídicas y financieras de Madrid Nuevo Norte. Esto podría generar retrasos e incluso reclamaciones millonarias, comprometiendo un proyecto presentado como motor económico y de empleo para la capital.
Políticamente, la situación tensa la relación entre el Ministerio de Transportes y su empresa pública Adif. Mientras el ministerio sostiene que la firma de la novación fue una decisión autónoma de Adif, los documentos registran que la rúbrica fue realizada por Isabel Pardo de Vera, entonces presidenta del gestor ferroviario y persona de confianza del ministro José Luis Ábalos.
Los antiguos propietarios de los terrenos expropiados en los años 90, agrupados en la Asociación No Abuso, argumentan que la eliminación de los derechos de reversión fue una estrategia deliberada para abortar cualquier posibilidad de recuperar los suelos o ser compensados.
Un futuro incierto
El proyecto Madrid Nuevo Norte ha estado marcado por más de dos décadas de controversias. En este momento, la falta de documentos que respalden la conversión de concesión a compraventa de terrenos amenaza con llevar el asunto de nuevo a los tribunales y abrir un frente de incertidumbre jurídica con posibles repercusiones económicas.
Los socios privados de Crea Madrid Nuevo Norte observan con inquietud el desarrollo del caso, conscientes de que cualquier retraso judicial podría poner en riesgo el calendario de obras.
Por ahora, la certeza es una: el Consejo de Ministros nunca autorizó formalmente la compraventa de Chamartín. Y será la Audiencia Nacional la que determine si el contrato que sostiene el mayor desarrollo urbanístico de Europa se fundamenta en bases jurídicas nulas.