Madrid omite el registro de recursos para víctimas de violencia sexual que no presentan denuncia | Noticias de Madrid

Todas las comunidades autónomas, excepto Madrid, han remitido al Ministerio de Igualdad una lista de organismos públicos, servicios sociales y ONG que brindan atención y acompañamiento a las víctimas de agresiones sexuales, permitiéndoles acceder a derechos y prestaciones sin necesidad de presentar una denuncia. Esto se lleva a cabo siguiendo el modelo que ya existe para la violencia de género en el ámbito de pareja o expareja. Así lo confirma el Boletín Oficial del Estado, publicado el viernes pasado, según la información adelantada por elDiario.es. Por este motivo, la secretaria de Igualdad del PSOE en Madrid, Lorena Morales, ha firmado una carta dirigida a la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila-Ponce de León, solicitando urgentemente que se envíe esta lista.

La acreditación administrativa, acordada entre el Gobierno y las comunidades autónomas el 17 de noviembre, se basa en la ley del solo sí es sí. A mediados del mes anterior, el Ministerio de Igualdad y las comunidades alcanzaron un acuerdo sobre un protocolo común, aunque varias de ellas se mostraron en desacuerdo. Esta medida también forma parte de la actualización del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que cuenta con el apoyo de todos los partidos políticos, a excepción de Vox.

Entre los derechos accesibles a través de la acreditación se encuentran prestaciones sociales, apoyo asistencial, acceso prioritario a recursos de acompañamiento especializado y beneficios relacionados con la autonomía económica y la vivienda. Se establece que tanto las personas sin denuncia previa como aquellas con un procedimiento penal en curso o cuyos casos hayan sido archivados o sobreseídos pueden solicitarlas.

Según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2024, presentada este mes por el Ministerio de Igualdad, solo el 16,8% de las mujeres que sufrieron violencia física, sexual o emocional por parte de una pareja ha denunciado estos hechos. La publicación en el Boletín Oficial del Estado, que recoge el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad, aclara un punto clave: no es necesario presentar denuncia penal para validar la situación y acceder a derechos y prestaciones.

El documento indica que, además de la vía judicial, existen otras formas de acreditación administrativa, esenciales para asegurar la protección. Reconoce diversos medios oficiales, incluyendo informes de servicios sociales, servicios especializados en igualdad y contra la violencia de género, y servicios de acogida destinados a víctimas de violencia sexual de la administración pública competente.

Además, los informes de la Inspección de Trabajo o de la Seguridad Social pueden ser utilizados en casos donde la violencia haya afectado el ámbito laboral, así como sentencias emitidas en el ámbito jurisdiccional social. La ley también permite que cualquier documento previsto en las normas sectoriales pertinentes pueda ser utilizado para validar la situación.

Estas alternativas permiten a las víctimas acceder a prestaciones, ayudas sociales, atención psicológica, recursos de vivienda o servicios especializados, incluso si no han denunciado a su agresor ante la policía o los tribunales. Este enfoque responde a la necesidad de otorgar un reconocimiento administrativo independiente de la vía penal, una demanda que sectores que atienden a víctimas han estado planteando durante años.

Desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales afirman que “ninguna víctima de violencia sexual que lo solicite se quedará sin su ayuda”, aunque consideran que este procedimiento no proporciona garantías jurídicas y equitativas. “La Comunidad de Madrid solicitó al Gobierno un sistema de acreditación más seguro, pero ha impedido que las comunidades autónomas accedan al registro de agresores sexuales, algo que sí se permite en casos de violencia de género dentro de la pareja”, argumentan, resaltando que están desarrollando su propio sistema de acreditación. “Pocas lecciones pueden dar quienes más han desprotegido a las mujeres”, añaden.

Una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado, el procedimiento entra en vigor y las comunidades autónomas deberán ajustar sus sistemas para aplicar las pautas comunes establecidas. Madrid también está obligada, pero el hecho de que su situación aparezca en blanco indica una falta de concreción administrativa, lo que podría dificultar que las víctimas sepan exactamente a dónde dirigirse dentro de la comunidad.

Críticas entre el PSOE

Esto ha provocado críticas en la oposición. La carta firmada por Morales y la diputada socialista Cristina González subraya que esta medida representa un avance para las víctimas y cumple con los requerimientos del Convenio de Estambul y del Pacto de Estado contra la violencia de género. “No es aceptable, por lo tanto, que el Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid haya votado en contra de este procedimiento y del compromiso que todos los partidos en el Congreso de los Diputados, salvo VOX, alcanzaron en la renovación del Pacto de Estado”, enfatiza la carta.

Los miembros del partido critican que el Ejecutivo autonómico no haya enviado al Ministerio de Igualdad la lista de órganos, organismos y servicios que emitirán los informes de valoración y acreditarán la condición de víctima. “Esta dejación intencionada genera una total incertidumbre entre los ayuntamientos, entidades y, sobre todo, en las víctimas de violencia sexual. No pueden quedar excluidas en esta situación de vulnerabilidad”, señala el escrito.

La alcaldesa socialista de Alcorcón, Candelaria Testa Romero, también manifiesta su preocupación: “El sectarismo ideológico de la señora Ayuso nos lleva al abandono institucional y a la desprotección de las mujeres madrileñas. Madrid rompe nuevamente el consenso entre las fuerzas políticas, incluido el propio”, comenta.

Recuerda que la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2024 indica que el 14,5% de las mujeres ha experimentado violencia sexual en algún momento de sus vidas y solicita al Gobierno de Ayuso que corrija esta situación. La misma petición hace la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández Barroso, también del PSOE: “Somos la única comunidad que no ha enviado la información. Las víctimas de Madrid no pueden quedar excluidas ni desprotegidas en una situación de especial vulnerabilidad”.