Madrid se levanta contra Marlaska: hay una escasez de 1.500 guardias civiles.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha emitido una fuerte crítica hacia la administración de la seguridad ciudadana en la región, tras la publicación de los últimos índices delictivos. El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha señalado una grave falta de efectivos de la Benemérita y ha instado a la Delegación del Gobierno a implementar medidas urgentes para disminuir las cifras de criminalidad.

Durante un evento en Alcobendas, López-Valverde ha detallado el déficit de personal de seguridad en la comunidad, afirmando que «nos hacen falta 1.500 guardias civiles en la región». El consejero ha enfatizado que los agentes actuales trabajan en condiciones precarias y ha solicitado un refuerzo en su capacidad operativa: «Es necesario mejorarles los recursos, ya que día tras día se observa que no cuentan con los medios necesarios para realizar su labor», lamentó refiriéndose a la gestión del Ministerio del Interior.

La posición de la Comunidad de Madrid contrasta directamente con la opinión del delegado del Gobierno, Francisco Martín, quien ha defendido recientemente la validez y el realismo de las estadísticas de 2025. Para López-Valverde, esta postura es un ejemplo de «triunfalismo» y una clara «falta de gestión».

Aumento de delitos graves

El Gobierno madrileño ha centrado su atención en tres áreas específicas donde las cifras han empeorado de manera notable. En este contexto, el consejero ha solicitado un plan de choque para «reducir» la incidencia de los tres delitos que, según sus datos, están «creciendo en la región: homicidios, agresiones sexuales y tráfico de drogas».

Por último, el consejero ha calificado de «indignante» la situación que enfrenta la Policía Nacional tras la dimisión de su director adjunto (DAO) a raíz de una querella por agresión sexual. Ante esta situación, la Comunidad de Madrid ha exigido directamente que se asuman «responsabilidades» por parte de Fernando Grande-Marlaska, destacando la inestabilidad que este tipo de escándalos provoca en la seguridad pública.