Madrid se opone al deterioro de los servicios públicos que Ayuso culpa a Sánchez.

El conflicto en los trenes, la huelga de médicos contra Mónica García y la presión sobre los servicios públicos debido a las nacionalizaciones descontroladas del Gobierno han intensificado la rebelión de Sol contra Moncloa. En una semana marcada por paros y protestas de los facultativos contra la ministra de Sanidad, Isabel Díaz Ayuso ha advertido sobre las consecuencias del deterioro del sistema en la región y ha señalado directamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez como responsable del desgaste. «Lo que busca el Gobierno es destruir los servicios públicos en Madrid», afirmó, denunciando que desde Moncloa se intenta convertir a la Comunidad en «su cajero automático». La presidenta centró la situación en la política migratoria, que, según ella, se enmarca en el impulso de «nacionalizaciones masivas, con mucha prisa y sin rigor alguno».

El número de plazas de acogida y recursos asistenciales ha aumentado considerablemente en los últimos meses, según reconocen en la Puerta del Sol, lo que ha obligado a reforzar dispositivos de emergencia y a redistribuir recursos en varios municipios. Por ello, la dirigente popular advierte que con estas medidas serán «más de 850.000 personas» las que podrán llegar «por criterios de arraigo y otros criterios subjetivos», una presión que debe atender el sistema regional. «Madrid está haciendo un esfuerzo que no le corresponde en solitario», señalan fuentes del Ejecutivo madrileño, que solicitan una mayor coordinación estatal y protestan por la falta de información previa en algunos traslados de inmigrantes.

La presidenta ha insistido en que «no se puede dejar a las comunidades gestionar en solitario una política que es competencia del Gobierno» y que impacta especialmente en la sanidad. «Faltan infraestructuras esenciales y no hay trenes», añadió, lanzando una clara indirecta a Óscar Puente.

Críticas al ministro

El ministro ha sido otra vez objeto de las críticas de los madrileños que sufrieron esta semana el enésimo incidente debido al retraso de todos los AVE con llegada y salida a Madrid. El hartazgo de los usuarios ha alcanzado su límite, ya que entiende que no son casos aislados, sino que las incidencias son recurrentes. «No tenemos por qué seguir normalizando que esto forma parte de nuestro día a día». Nos estamos jugando nuestros puestos de trabajo mientras este señor se dedica a poner tuits, denunciaban algunos pasajeros afectados.

Puente se dedicó a atacar en redes sociales a quienes le criticaron por dejar sin alta velocidad a Málaga para esta Semana Santa, una situación que podría causar pérdidas económicas de alrededor de 200 millones, según estimaciones del sector turístico.

El incidente sirvió a la Comunidad para aumentar la presión al Gobierno por el deterioro de los servicios públicos y su repercusión en la región, y para advertir de un caos mayor debido a las políticas del Ejecutivo, incluidas la gestión de los menores extranjeros no acompañados.

Madrid atiende cada año a miles de estos menores en virtud de la aplicación de la Ley de Extranjería. La norma establece que son las comunidades autónomas quienes tienen la competencia de protegerlos y acogerlos, pero también contempla que pueden apelar a la delegación del Gobierno en cada región para repatriarlos. Desde Sol han estado reclamando mecanismos más eficaces para la repatriación en aquellos supuestos que lo permitan y esta semana han anunciado que estudian acciones legales en relación con esta cuestión luego de que Sánchez rechazara tramitar los expedientes de expulsión de menores inadaptados solicitados por Ayuso a través del delegado del Gobierno, Francisco Martín.

Martín pidió esta semana a Díaz Ayuso que se deje de «expulsiones y se dedique a la tutela» de los menores no acompañados que residen en la Comunidad, y advirtió que no participará en la expulsión de menores sin garantías, como «pretende la señora Ayuso».

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, le ha enviado una carta en la que le informa que el Gobierno regional llegará hasta el final si desde Moncloa continúan «incumpliendo sus obligaciones legales». En el Gabinete de Ayuso entienden que la ley establece que los menores deben estar atendidos en su entorno familiar de origen siempre que sea posible y piden la reunificación familiar de 86 de estos menores.

El frente migratorio se suma a otros ya abiertos en el ámbito judicial, donde Madrid mantiene recursos contra decisiones del Gobierno, entre ellas, la apertura de registro de objetores al aborto, que ha propiciado un nuevo choque con el Ministerio de Sanidad.

Moncloa ha anunciado su intención de acudir a los tribunales por la negativa de Sol a implantar este registro, mientras que desde Madrid defienden el modelo actual. «En Madrid se respeta a las mujeres y también a los médicos», ha afirmado Ayuso. El Ejecutivo autonómico ha recurrido la sentencia que le obliga a desarrollar esta herramienta y espera ahora la resolución judicial.

La tensión institucional coincide con la huelga de médicos contra la ministra Mónica García, que ha puesto el foco en las condiciones laborales y la presión asistencial. Las protestas han incorporado críticas directas a García. «Nos ha traicionado», han señalado representantes de los facultativos. Cientos de manifestantes se concentraron el lunes para reclamar un estatuto específico para los facultativos.

Las reivindicaciones de los médicos contra la ministra y su intento de perpetuar unas condiciones de trabajo «esclavistas» se pudieron leer en las pancartas que llenaron la protesta. «Mónica, madre, médico, mentirosa», «un sistema de salud que no cuida la salud de sus trabajadores» y «hora trabajada, hora cotizada».

En medio de las reivindicaciones, la ministra de Más Madrid quiso desviar la atención anunciando que su Departamento estudia denunciar a Ayuso por desobedecer el censo del aborto, una batalla que ambas Administraciones libran en los tribunales.

Remanente de tesorería

En este contexto, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida anunció nuevas inversiones para la mejora de los servicios públicos a cuenta de su remanente de tesorería.

En la semana más combativa por la defensa del sistema madrileño, la Junta de Gobierno aprobó diferentes modificaciones presupuestarias para incrementar las inversiones en los 21 distritos de la capital. Entre ellas, se destinarán 18 millones de euros a colegios, además de escuelas infantiles y otros centros docentes. El impulso de 104 obras permitirá una mejora sustancial de los servicios educativos en la capital, un esfuerzo que, según reconocen en Cibeles, se suma a los ya realizados a lo largo de la legislatura, en contraste con el «boicot de Moncloa».