Madrid solicita al Gobierno la presentación de pruebas de edad en un plazo de 48 horas tras la violación de una niña por parte de un falso menor extranjero no acompañado.


La Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves una propuesta presentada por el Partido Popular, respaldada por Vox, que demanda al Gobierno central la realización de pruebas de edad a los menores inmigrantes en un «máximo de 48 horas». Esta solicitud del partido liderado en la Comunidad de Madrid por Isabel Díaz Ayuso surge tras la violación de una niña en el barrio de Hortaleza (Madrid) a manos de un falso mena, que luego se reveló que tenía 23 años.

La propuesta del PP también solicita al Gobierno que se «recupere el control de fronteras» y se combatan las mafias, junto con otros puntos clave, además de las pruebas de edad a menas, las cuales deben realizarse de forma ágil para evitar incidentes como el del violador de Hortaleza.

Esta solicitud se formaliza en una Proposición No de Ley registrada por el Partido Popular, instando al Gobierno de Pedro Sánchez a recuperar el control de las fronteras y garantizar retornos efectivos de los inmigrantes ilegales que llegan a España, así como pedir a la Unión Europea que proporcione más recursos a la frontera sur. Adicionalmente, se contempla la pérdida de residencia automática para aquellos inmigrantes que cometan delitos graves, asegurar la determinación de edad de los menores extranjeros no acompañados en un plazo máximo de 48 horas, promover el retorno y la reagrupación familiar, mejorar la coordinación y cerrar los tres «macrocampamentos» estatales en la región.

Rafael Núñez, diputado en la Asamblea de Madrid y coordinador de Migración en el PP nacional, ha estimado que casi 10 millones de residentes en España nacieron «en el extranjero», representando «casi el 20% de la población española» originaria de fuera de las fronteras nacionales. «La población de origen nacional está disminuyendo de forma constante. En España hay más marroquíes que asturianos», ha comentado este jueves.

Núñez ha criticado a Pedro Sánchez por perder «el control de la inmigración» y por sentirse, tanto él como su Gobierno, «totalmente superados por los acontecimientos». Además, el diputado popular ha señalado que empiezan a surgir «bolsas de exclusión» que están «generando problemas de seguridad donde antes no los había».

«Un Estado soberano tiene derecho a definir límites. Un Estado soberano tiene derecho a imponer condiciones y un Estado soberano tiene derecho a establecer reglas claras», añadió Núñez.

Vox critica el plan del PP

José Antonio Fúster, portavoz nacional de Vox y también diputado en la Asamblea de Madrid, se pronunció afirmando que existen «múltiples razones» para considerar que el plan de inmigración del Partido Popular es una «reacción al miedo a las encuestas», señalando que «este cambio repentino» en migración «no ha causado bajas en sus filas».

«Ustedes apoyaban la invasión con leyes descabelladas, con regularizaciones masivas y con discursos en contra de los muros», enfatizó Fúster, continuando sus críticas sobre la política migratoria de los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy.

Fúster considera que es «inmoral apropiarse de menores de culturas ajenas» a la española, sugiriendo que el país debería «liberarse de la obligación legal». Por ello, criticó que en la propuesta de Vox no se incluya «ni una modificación legal», pues si «no fuera una táctica motivada por el miedo a las encuestas», exigirían cambios al Código Penal «para combatir las mafias y sus colaboradores».

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