Manifestación en Madrid para impedir el desalojo de Maricarmen, una vecina de 87 años en Retiro.

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid ha convocado una movilización para el próximo 29 de octubre, a las 8:30 horas, con el objetivo de impedir el desahucio de Maricarmen, una vecina de 87 años del distrito de Retiro a quien, según denuncian, “un juzgado busca expulsar de su hogar”.

En un comunicado, el sindicato ha explicado que Maricarmen ha residido durante siete décadas en el mismo edificio, situado en la calle Sainz de Baranda, donde su familia firmó un contrato de alquiler en 1956. Tras el fallecimiento de su padre, el contrato fue subrogado primero a su madre y luego a ella, manteniéndose vigente bajo las condiciones originales: una renta actualizada anualmente de acuerdo al IPC más los gastos del IBI.

La organización ha señalado que la propiedad del edificio notificó a Maricarmen que su contrato, subrogado quince años antes, “debió extinguirse en 2007”. Desde entonces, la arrendataria ha acudido a los tribunales, que inicialmente fallaron a su favor, aunque el Tribunal Supremo finalmente dio la razón a la empresa el pasado marzo.

Maricarmen ha vivido 70 años en su casa del barrio de Retiro. Urbagesa adquirió la vivienda y quiso aumentar el alquiler a 2.650 €, mientras su pensión es de 1.400 €.

Ha resistido defendiendo su hogar y el derecho a la vivienda. A sus 87 años, quieren desahuciarla el 29 de octubre⚠️ pic.twitter.com/4D4nMu8Tnp

— Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid (@InquilinatoMad) October 17, 2025

El Sindicato de Inquilinas sostiene que el Supremo ha decidido en contra de la vecina debido a la segunda subrogación, ya que la ley permite una duración de dos años salvo en los casos de discapacidad superior al 65 por ciento, y Maricarmen, quien tiene movilidad reducida por intervenciones de cadera, posee una discapacidad reconocida del 50.

En palabras del sindicato, “si este contrato se hubiera firmado hoy, los padres de Maricarmen serían cotitulares del primero, y el suyo se consideraría una primera subrogación, lo que habría mantenido vigente el arrendamiento”. También han añadido que “las leyes machistas del franquismo impidieron que su madre apareciera como titular, dejando a muchas mujeres desprotegidas ante situaciones como esta”.

Para la organización, esta es “una sentencia inédita que antepone los requisitos formales de la subrogación sobre el espíritu de la ley”. Según denuncian, la empresa propietaria exige ahora un alquiler de 1.650 euros mensuales, a pesar de saber que “la pensión de la octogenaria solo llega a 1.450 euros”.

El sindicato afirma que, si no acepta la subida, Maricarmen deberá abandonar su hogar antes del 31 de mayo, aunque resaltan que “ha decidido permanecer en su casa cueste lo que cueste”.

Desde la organización recuerdan que “son ya cientos de inquilinas las que, ante la disyuntiva entre un incremento abusivo o el desalojo, optan por resistir pagando la misma renta que solían abonar o depositándola en el juzgado si el propietario se niega a aceptarla”.

Finalmente, el Sindicato de Inquilinas ha subrayado que casos como este evidencian “la urgencia de establecer contratos de alquiler indefinidos”, ya que, según destacan, “los contratos indefinidos son clave para garantizar que nadie pueda ser expulsado de su hogar después de 70 años viviendo en él y para asegurar proyectos de vida estables y a largo plazo”.