María Teresa enfrenta al Ayuntamiento de Madrid: la batalla de una mujer por su hogar en La Cañada, en medio de incertidumbres sobre el proyecto de El Cañaveral | Noticias de Madrid

María Teresa Gómez, de 70 años, reside con su madre, Julia, de 92; su hija Coral, de 39; y su nieta, Robin, de 19 meses, en la Cañada Real. Su hogar ha estado construido durante más de cincuenta años sobre un terreno que no le pertenece y que está clasificado como zona verde municipal. El Ayuntamiento de Madrid lleva dieciséis años intentando desalojarlas para llevar a cabo el desarrollo urbanístico de El Cañaveral, que abarca 5.388.384 metros cuadrados y tiene como meta edificar 14.000 nuevas viviendas para una población estimada de 52.000 habitantes. Sin embargo, la justicia ha bloqueado estos intentos. El Tribunal Superior regional (TSJM) confirmó nuevamente este febrero la indefensión de estas mujeres, ya que no se les ha notificado el proyecto de reparcelación, un paso necesario antes de cualquier desalojo, lo que les impide recurrir y solicitar una indemnización. Así se mantiene un desigual enfrentamiento legal, un David contra Goliat, para exigir el cumplimiento de la normativa, una solución, y la posibilidad de impugnar las licencias de las nuevas viviendas del desarrollo.

María Teresa no oculta su agotamiento, pero conserva la determinación para luchar hasta el final: “Yo ya creo que me voy a morir aquí. No tengo adónde ir, ni dinero para conseguir otro piso.”

La vida de María Teresa dio un giro cuando recibió una carta del Ayuntamiento de Madrid informándole que iba a ser desalojada debido a la demolición de su casa. No lo podía creer. Nunca le dieron explicaciones. “Logré conseguir un abogado a través de la gente del barrio, que nos conocemos y nos ayudamos, y desde entonces él se ha encargado de todo, así que hay muchas cuestiones legales que no comprendo.”

El abogado es Roberto Alonso Martín. “La Cañada ya tiene un defensor», titulaba EL PAÍS un artículo de 2008 que relataba cómo estaba deteniendo desahucios en el área.

“Todo el problema radica, aunque parezca increíble, en que el Ayuntamiento de Madrid no quiere notificarnos el proyecto de reparcelación porque sabe que podemos solicitar la paralización del desarrollo de El Cañaveral”, afirma. “Se ha solicitado el expediente para poder recurrir el proyecto, para que a mi defendida le den un hogar, y para que sea indemnizada, que es lo que dicta la ley”, continúa. “Pueden solicitar mil veces el desalojo, que les será irrelevante mientras no nos permitan acceder al proyecto y no nos den la oportunidad de defendernos.”

Alonso se expresa con tal claridad porque, dice, tiene el respaldo de nueve sentencias, incluida la reciente del TSJM. En ellas se menciona que “al no constar” que las dos vecinas de La Cañada hayan sido informadas del proyecto de El Cañaveral, como requiere la normativa, “se les ha negado la posibilidad de apelar el Acuerdo de Reparcelación, que, entre otras cosas, abordaba la indemnización” a la que tendrían derecho por su desalojo. “Se debe notificar el proyecto de reparcelación a la recurrente”, se enfatiza. “Sin esa notificación del proyecto de reparcelación no puede ordenarse un nuevo requerimiento de desalojo.”

El Ayuntamiento ha sostenido que dicha notificación sí se realizó. Incluso que Alonso tuvo acceso al expediente de reparcelación. Y, efectivamente, el abogado asistió a una cita programada para ello en julio de 2024. Pero no estaba listo para lo que encontró: 22.000 folios distribuidos en varios montones, desordenados en una oficina, atados con cintas rojas, y sin un índice ni opción de consulta digital. “Y eso después de cerca de diez años en el juzgado para que me permitieran acceder al expediente como se debe”, se queja.

Esto lo refuta un portavoz del Ayuntamiento: “La interesada tiene consignada a su nombre por la Junta de Compensación desde el 9 de abril de 2019 una indemnización de 86.506,74 euros en la Caja General de Depósitos por la construcción incompatible con el planeamiento. Pueden retirar el importe cuando lo deseen.”

Este portavoz también menciona que María Teresa y Julia han rechazado, hasta ahora, la intervención de los servicios sociales, por lo que estos no han podido evaluar su situación. Agrega que se está brindando acceso a la información solicitada en formato digital según está disponible. Por último, el Consistorio afirma que notificó nuevamente el acuerdo de aprobación del proyecto de reparcelación el 28 de julio de 2024.

“Esto se ha hecho sin que se haya presentado recurso alguno. Mediante la sentencia del 9 de febrero de 2026, los tribunales han declarado que la notificación fue efectuada, estando en curso un nuevo procedimiento para el desalojo de la vivienda. Por ende, el litigio no pone en riesgo el desarrollo urbanístico, dado que el proyecto de reparcelación es firme”, concluye.

Una “okupa” para el Ayuntamiento

En 2022, tras una nueva victoria de María Teresa en los tribunales contra el Consistorio, José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, pronunció una de esas frases ambiguas que sirven para esquivar una pregunta sin respuesta clara. “Haremos todo lo posible para que El Cañaveral siga adelante, sin perjudicar los intereses y derechos legítimos de personas como la recurrente.”

María Teresa recuerda que una vez tuvo una reunión con algún representante del Consistorio que la llamó okupa. Se molestó tanto que se levantó de la mesa y nunca más volvieron a hablar. Ahora, mientras continúa su lucha jurídica, relata cómo llegó a residir donde vive: su exmarido, fallecido hace 15 años, le construyó una casa de dos plantas y 60 metros cuadrados, con dos habitaciones y un pequeño salón, detrás de una nave industrial que él poseía.

“Llevo mucho tiempo viviendo aquí”, dice. “Es muy tranquilo. Nunca he tenido problemas. No entiendo por qué quieren derribar mi casa para hacer un bosque. Jamás he negado que el suelo no es mío. Sin embargo, la casa es mía y voy a luchar por ella, no tengo nada que perder.” En esta zona de la Cañada Real tiene agua y luz. Durante el día, deja a su madre en un centro de día para mayores. El resto del tiempo lo dedica a seguir con su lucha judicial contra el Ayuntamiento de Madrid.