María, víctima de ETA y con discapacidad, presionada por un fondo para desocupar su hogar | Noticias de Madrid

María de Orube Echeveste, de 82 años, sobrevivió en 2006 al atentado de ETA en la T4 del aeropuerto de Madrid. Desde entonces, sorda y en silla de ruedas, lucha contra empresarios que desean desalojarla de su hogar. Su objetivo: transformar un antiguo y protegido edificio en la Gran Vía en un hotel de lujo con pisos turísticos, según el nuevo Plan Reside aprobado por el Ayuntamiento de Madrid. El inconveniente: María sigue residiendo allí y no tiene intención de marcharse. “¿Dónde puedo ir a mi edad?”, se cuestiona.

Además, no pueden desahuciarla. Posee un contrato de alquiler de renta antigua que le otorga el derecho a permanecer en la vivienda y siempre ha pagado puntualmente. Por eso, están comenzando las presiones. Desde obras ilegales que no escucha, pero percibe por las vibraciones en las paredes, hasta la instalación de un jacuzzi sobre su salón, cuyo techo carece de un forjado adecuado y puede colapsar ante el peso.

La situación de María es similar a la de muchas personas que habitan en alquiler en edificios deseados por inversores por su ubicación, pero con una particularidad. Su abuelo, Caminos Alfonso Peña Boeurf, mandó construir el edificio, el cual perteneció a la familia hasta que su abuela lo vendió al Banco Vitalicia. “Se la llevaron a cenar, la hicieron beber un poco y vendió el edificio sin avisar a su hijo”, asegura Monike Oggerin, hija de María y bisnieta del promotor.

Afortunadamente para María, ella ya vivía en esa casa con un contrato de alquiler que tenía con su abuela, lo que le ha permitido no tener que marcharse. Este edificio de ocho pisos ha ido cambiando de manos y, desde la apertura del primer apartamento turístico en 2020, ha ido vaciándose de sus vecinos habituales. En su lugar, han llegados turistas dispuestos a pagar entre 163 y 628 euros por noche en un edificio con vistas a la Gran Vía de Madrid y a la Torre España, que actualmente es el Hotel Riu. Sin embargo, ninguno de esos apartamentos cuenta con licencia para dicha actividad y, a pesar de las órdenes de cese de la Agencia de Actividades, siguen anunciados en la página web de la empresa que los gestiona y funcionan a plena capacidad.

Según Pablo Sánchez, el propietario de la empresa que gestiona los apartamentos, ninguno de los pisos de ese edificio se considera turístico, sino de alquiler de temporada, a pesar de que solo hay que recorrer las escaleras para encontrarse con personas arrastrando maletas. Él explica el truco: “La Comunidad de Madrid no establece un límite de días para determinar si son alquileres turísticos o de temporada”, detalla. Para operar, reconoce que firma un acuerdo con sus huéspedes donde ambas partes consideran que el alquiler es de temporada, incluso si es solo por una noche. “La normativa en Madrid es más flexible de lo que la gente imagina”, presume. Por eso, asegura a este periódico sin importarle mucho, que le es indiferente si María de Orube se queda o se va.

Esto se menciona debido al Plan Reside, que el Ayuntamiento de Madrid aprobó en mayo, mediante el cual podrían regularizar la situación de estos apartamentos sin alterar la ley para considerarlos de temporada. De acuerdo con la nueva normativa, los apartamentos turísticos en el centro de la ciudad deben estar situados en edificios destinados exclusivamente para ese uso, y es precisamente ahí donde María de Orube se convierte en un obstáculo para los inversores. Mientras ella resida allí, los 13 apartamentos turísticos del edificio permanecerán como ilegales, tal como indica el informe de los inspectores que realizaron una visita en agosto.

A pesar de que Pablo Sánchez sostiene que se trata de un error de interpretación y que se siente tranquilo con la situación legal de los apartamentos, las presiones sobre la mujer para que abandone su casa han aumentado desde enero: audios en los que el propietario amenaza con denunciarla a ella y a su hija por, supuestamente, haber insultado a un trabajador de las obras; las obras en sí, sin licencia ni estudios técnicos, según la última inspección del Ayuntamiento de Madrid; la negativa del propietario a reparar la plataforma mecánica que necesita para subir y bajar en silla de ruedas las escaleras del portal… “Cuando le llamo para que la instale, me dice: ‘Si no te gusta, vete’”, relata.

Además, el edificio, terminado en 1928, tiene el máximo grado de protección patrimonial. Sin embargo, esto no ha impedido que la empresa que gestiona los apartamentos realice obras sin ningún tipo de supervisión. “Dichas obras estaban en ejecución sin el título habilitante necesario”, escribió un inspector del Ayuntamiento en agosto tras visitar el edificio. En ese informe también se menciona que podría haber un “delito sobre el patrimonio”.

“Gran Vía 73 es el paradigma del gran problema que enfrenta Madrid en la actualidad: la impunidad y las facilidades que el PP brinda a los grandes propietarios”, afirma Lucía Lois, concejala de Más Madrid. “Quienes viven de alquiler hoy se verán en la calle si el propietario decide convertir todo su bloque en un edificio de pisos turísticos”, añade la edil.

En un entorno cada vez más adverso, María de Orube entiende que compartir su historia implica un riesgo. “Tened en cuenta que esto tendrá consecuencias, pero es necesario hacerlo”, advierte a sus dos hijas en el salón de su casa momentos después de aceptar ser fotografiada para este reportaje.

―¿Qué tipo de consecuencias?

―Son como una mafia ―responde.