Marlaska beneficia al 63% de los reclusos más problemáticos al retirarlos del régimen de aislamiento.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha disminuido en un 63% el número de presos en primer grado, que es el régimen destinado a los más problemáticos. Desde su llegada al cargo, la disminución de los clasificados en primer grado -régimen cerrado- ha sido una de sus prioridades. No obstante, los funcionarios de prisiones manifiestan que «esta política de benevolencia ha desatado la espiral de violencia en los centros penitenciarios».

De los 995 internos en primer grado que había a finales de 2018, se ha reducido a 368 a mediados de 2024, con 627 de ellos progresando a segundo grado, que es el régimen ordinario. Así lo indican los datos más recientes proporcionados por el Ministerio del Interior, que fueron revelados a petición de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) al Portal de Transparencia.

Para la APFP, «reducir la cifra de internos en primer grado es un simple maquillaje estadístico». Y advierte que «en muchos casos se permite el progreso a presos inadaptados, lo que incrementa la conflictividad en los módulos de régimen ordinario».

«En los últimos años, una gran parte de las agresiones hacia profesionales penitenciarios se han registrado en módulos de respeto y por internos que han progresado a segundo grado», aclara a OKDIARIO Gonzalo Arboledas, presidente de la APFP.

Esta disminución de primeros grados se ha implementado tras el establecimiento en 2019 del Programa de intervención con internos en régimen cerrado, que había sido suprimido años atrás. Dicha iniciativa, cuyo propósito es facilitar la reinserción de los reclusos más peligrosos, es voluntaria y tiene una duración aproximada de seis meses, durante los cuales los internos participan en actividades terapéuticas, culturales y deportivas.

Luego, pasan a un módulo de segundo grado, inicialmente de respeto, y pueden salir de permiso cumpliendo los requisitos de la Instrucción 1/2022 de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIIPP). Esta instrucción eliminó el criterio de conducta delineado en el artículo 47.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, por lo que desde entonces, internos con sanciones graves o muy graves sin cancelar pueden disfrutar de permisos, basándose en la sentencia del Tribunal Supremo 859/2019.

3.600 funcionarios agredidos

Arboledas sostiene que, debido a esta política de reducción de internos en primer grado y al «desdén hacia el concepto de buena conducta», en las prisiones españolas «reina la impunidad» y han aumentado las agresiones, tanto entre reclusos como hacia los funcionarios de prisiones, «con una media de una cada 15 horas».

«Marlaska declaró en 2018 en el Senado que los más vulnerables son los internos. Sus débiles han agredido a 3.640 profesionales penitenciarios, según cifras oficiales. Más de 1.000 solo en los dos últimos años», recuerda la APFP.

En este contexto, se cita un incidente ocurrido en el centro penitenciario de Badajoz el pasado 27 de junio, cuando un interno intentó apuñalar a varios funcionarios y la decisión de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias fue mantenerlo en el mismo régimen y centro, a pesar de la gravedad de la situación y aunque la Junta de Tratamiento del centro proponía su traslado y regresión a primer grado.

También fue notable un caso del 8 de julio, en la prisión de Morón de la Frontera, donde un interno multireincidente «agredió física y sexualmente a una psicóloga en un módulo de respeto». «Después del incidente, fue trasladado al Hospital penitenciario psiquiátrico de Sevilla sin ninguna limitación regimental, donde volvió a amenazar de violación y muerte a dos funcionarias de vigilancia interior. Fue entonces cuando se le impusieron medidas regimentales», explica la APFP.

En el mismo centro, el pasado 1 de agosto, un interno inadaptado con múltiples agresiones también intentó estrangular a un funcionario en otro módulo terapéutico.

El Protocolo específico de actuación frente a las agresiones (PEAFA) solo contabiliza aquellas que «provocan una lesión corporal o daño a la salud del empleado público penitenciario durante o como resultado del ejercicio legítimo de sus funciones».

El daño a la salud del trabajador debe ser objetivo y verificable, por lo que las amenazas de muerte, los insultos o las lesiones causadas indirectamente por delitos contra la libertad sexual, como el acoso y el exhibicionismo, quedan excluidas del PEAFA. Si se contabilizaran todos los incidentes, «la cifra podría aumentar exponencialmente otras 10 veces», afirma Arboledas, según los datos que maneja.

A juicio de esta asociación, el PEAFA se utiliza en realidad para maquillarse las estadísticas de agresiones, ya que su función es analizar y evaluar la actuación del trabajador penitenciario, no la agresión recibida.

La APFP denuncia que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el Ministerio del Interior «quieren vender a la sociedad la reinserción», cuando de acuerdo con los datos de reincidencia, más del 45% no lo están logrando.

Esta asociación critica que “en base a esa reinserción que pretenden vender a toda costa, se han centrado única y exclusivamente en el tratamiento y han dejado de lado completamente la seguridad, el buen orden y la convivencia”.

Reforma del sistema penitenciario

Gonzalo Arboledas afirma que es urgente una reforma integral del sistema penitenciario, que respalde al profesional penitenciario con un protocolo anti agresiones, apoyo psicolegal desde el primer momento y el reconocimiento como agente de la autoridad, «algo que es absolutamente necesario».

«Acabar con las agresiones es imposible, pero podrían disminuir mediante cambios legales, como la derogación del PEAFA, el reconocimiento como agente de autoridad, una gestión eficiente de la clasificación de los internos y paliar la falta de personal, que actualmente presenta unas 3.000 plazas vacantes, además de abandonar esta política del buenismo institucional donde se considera a los internos como los débiles», declara Arboledas.

Respecto a la necesidad de más personal, señala que «es alarmante a todos los niveles» y que se requiere una oferta de empleo público extraordinaria que elimine estas vacantes, «especialmente en el área sanitaria y de vigilancia interior».

«Lo que realmente requieren los profesionales penitenciarios es un protocolo que establezca medidas preventivas y de protección, de modo que cualquier acción considerada agresión con o sin lesión, así como cualquier amenaza o humillación durante el desempeño de su trabajo, sea considerada violencia laboral, y que existan medidas rápidas, como el traslado inmediato a otro centro del interno, lo cual no siempre se lleva a cabo», concluye.