Marlaska intenta clasificar las 17,000 agresiones anuales a policías como enfermedades comunes.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, está tratando de ocultar las 17.000 agresiones anuales a policías: su intención es que se registren como enfermedad común. Así lo ha informado a OKDIARIO el sindicato Jupol, el mayoritario en la Policía Nacional, que denuncia la «grave instrucción interna» que están enviando por escrito a las comisarías de la Policía Nacional, sin firma, sin sello oficial y sin logotipo institucional, lo cual es «completamente inusual». A través de esta instrucción, se ordena que las bajas médicas por lesiones sufridas en acto de servicio se clasifiquen como enfermedad común.

Jupol resalta que esta decisión ataca directamente los derechos laborales y económicos de los policías nacionales y representa «una maniobra encubierta del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Policía para ocultar la realidad de las agresiones que sufren los agentes». «Solo el año pasado, policías nacionales y guardias civiles enfrentaron casi 17.000 agresiones, una cifra alarmante que se intenta diluir estadísticamente negando el reconocimiento inmediato de las lesiones en acto de servicio», afirma a OKDIARIO Aarón Rivero, secretario general del sindicato mayoritario de la Policía Nacional.

El documento, recibido en las secretarías de las comisarías a mediados de diciembre y al que ha tenido acceso este diario, indica que hasta que no se complete un expediente de averiguación de causas, que debe iniciarse por el propio funcionario y cuya resolución está a cargo del director general de la Policía, la incapacidad temporal tiene que ser registrada obligatoriamente como enfermedad común y no como baja por acto de servicio.

«Esto implica que un policía lesionado mientras desempeña su deber, ve cuestionado automáticamente el origen profesional de su baja», critica Rivero.

Castigo económico

Las repercusiones económicas de esta medida son especialmente graves: a partir del día 91 de baja médica, el funcionario deja de recibir los complementos retributivos otorgados por la Dirección General de la Policía y pasa a depender de MUFACE, lo que conlleva una reducción salarial mínima del 25%.

Además, el agente pierde la turnicidad, la productividad (DPO) y otros complementos variables, penalizando económicamente a quien ha resultando herido protegiendo a los ciudadanos.

«Es inaceptable que se le imponga al policía nacional la carga administrativa y económica de probar que una lesión sufrida en servicio es, efectivamente, resultado de su trabajo», denuncia también en OKDIARIO Laura García, portavoz de Jupol, subrayando que «esta práctica no solo precariza aún más la profesión policial, sino que envía un mensaje devastador a los agentes: sufrir una agresión en servicio conlleva un castigo económico».

Jupol enfatiza que esta decisión no es simplemente un cambio administrativo, sino «una política deliberada de desprotección de los policías nacionales, que prioriza el ahorro económico y el maquillaje estadístico sobre la seguridad jurídica, la dignidad profesional y la justicia retributiva».

«Es inadmisible que el Ministerio del Interior gire la espalda a quienes garantizan la seguridad ciudadana mientras enfrentan un aumento constante de la violencia en las calles», condena este sindicato.

Jupol exige el reconocimiento automático

El sindicato Jupol demanda el reconocimiento automático y provisional de las bajas en acto de servicio desde el primer día, sin que el funcionario tenga que iniciar expedientes, redactar minutas o asumir pérdidas económicas mientras la Administración toma su decisión. «No puede ser que un policía herido tenga que preocuparse por trámites burocráticos y su nómina mientras se recupera de una lesión sufrida en el ejercicio de sus funciones», sostiene Aarón Rivero.

Asimismo, solicita una reforma inmediata del sistema de protección social del policía nacional, que garantice el mantenimiento íntegro de las retribuciones en caso de lesiones en acto de servicio, y que elimine cualquier incentivo administrativo para negar o retrasar dicho reconocimiento. «La defensa de los derechos de los policías no puede estar supeditada a interpretaciones restrictivas de normas presupuestarias», señala.

Jupol advierte que no se quedará de brazos cruzados ante este «nuevo recorte encubierto». «Utilizaremos todas las vías sindicales, administrativas y legales disponibles para revertir esta situación y defender a los miles de policías nacionales que diariamente arriesgan su integridad física en la calle. Ni una agresión más sin reconocimiento, ni un policía más castigado por cumplir con su deber», concluye Laura García.

Profesión de riesgo

Esta agente tuvo que presenciar en noviembre pasado, en el Senado, el desprecio de un socialista hacia policías y guardias civiles. «La profesión de riesgo os la tenéis que ganar», le expresó el senador socialista Alfonso García Rodríguez durante una comparecencia de portavoces policiales en la Cámara Baja sobre okupaciones.

Unas palabras que, según Laura García, demuestran desprecio hacia los agentes y la «nula voluntad del PSOE» de otorgarles lo que los policías están ganando en los tribunales. «Las cerca de 17.000 agresiones que sufrieron el año pasado policías y guardias civiles en el ejercicio de sus funciones le parecerán pocas», critica, manifestando «esta negativa a un derecho que tienen los agentes, al igual que sus compañeros autonómicos, a quienes ya se les ha reconocido». Y lo vuelve a reivindicar.

«El riesgo es real, no hay más que ver las estadísticas. Por eso, ahora intentan enmascararlas eliminando las agresiones», concluye.