Marlaska propone eliminar los 4 días de licencia por enfermedad para los guardias civiles.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, busca eliminar a los guardias civiles los cuatro días de «indisposición» que tienen los funcionarios, según un documento interno al que ha tenido acceso OKDIARIO y que fue discutido este martes en el Pleno de la Benemérita. Los guardias civiles están furiosos con esta decisión.

Denuncian que esto representa una nueva «discriminación» para el colectivo, que se suma, por ejemplo, a la imposición de pruebas físicas a agentes con discapacidad o el cambio de destino para los guardias civiles a causa de una lesión, aunque puedan trabajar, iniciativas que también ha informado en exclusiva OKDIARIO.

Esta nueva medida está incluida en un proyecto de Real Decreto para regular la incapacidad temporal de los guardias civiles, el cual impone múltiples obligaciones a los agentes. Se trata de un expediente de más de 1.000 páginas que actualmente está en el Consejo de Estado y que llegará pronto al Consejo de Ministros si recibe luz verde de este órgano consultivo.

El Ministerio del Interior planea aprobarlo y que entre en vigor antes de que termine el año. Sin embargo, los guardias civiles están luchando por todas las vías para detenerlo. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la más antigua, ha presentado alegaciones ante la Dirección General de la Benemérita y ha alertado a los ministerios del Interior, Hacienda, Transformación Digital, Defensa, Igualdad y Sanidad, así como a la Agencia de Protección de Datos y al Consejo de Estado sobre las «graves irregularidades» que contiene este proyecto.

Discriminación respecto al resto

La primera consecuencia de esta medida es la eliminación de los días de indisposición. Los guardias civiles, al tomar días de indisposición, deben ir al médico y presentar un justificante en su trabajo. En la Administración, en cambio, el propio funcionario solo debe elaborar un documento indicando que se encuentra mal.

Si esta norma entra en vigor, el personal de la Guardia Civil estará obligado a obtener la baja médica desde el primer día, eliminando los días de indisposición que tienen el resto de los funcionarios. Hasta ahora, no perdían productividad por esos cuatro días. Si esta iniciativa avanza, perderían la parte proporcional durante los días que estén de baja.
«Esta medida implica una discriminación respecto al resto de los funcionarios y un estigmatización del personal que se enferma o sufre una lesión, al que se trata como si fuera un delincuente», declara a OKDIARIO Eugenio Nemiña Suárez, responsable jurídico de la AUGC, vocal del Consejo de la Guardia Civil y de la Comisión de Riesgos Laborales.

Además, advierte que esto traerá a Interior «más problemas que beneficios, porque, si hay que tomar una baja, la ausencia del trabajador se prolongará incluso por dolencias leves que podrían resolverse con un solo día de reposo». «El resultado son más viajes al médico, más trámites, más tiempo perdido y más estigmatización por enfermedad», critica.

«Marlaska ha comenzado una guerra contra las bajas médicas de la Guardia Civil, basándose en datos estadísticos que no reflejan la realidad», señala esta asociación, indicando que «la Guardia Civil siempre ha argumentado que hay muchas bajas en el Cuerpo, utilizando datos estadísticos que no se corresponden con la realidad, dado que, por la falta de personal médico, un guardia civil podría estar de baja por 10 años o más, como ha pasado en algunas ocasiones».
La AUGC ha solicitado a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, que al menos regule en una norma que los agentes no pierdan dinero por estos cuatro días que les quitan. Sin embargo, ella todavía no ha respondido.

Limitación del derecho de desplazamiento

Otra medida de este proyecto normativo es el control constante de bajas, mediante informes periódicos. Hasta ahora, si un agente se enferma, es atendido por un médico y su baja se gestiona con la mutua o el servicio público. Ahora, Marlaska busca tener «un control interno continuo sobre cada baja», según explica la AUGC, denunciando que de esta forma, el guardia civil tiene que probar constantemente que está enfermo.

«Y lo que es más grave, sin que la Guardia Civil cuente con personal médico suficiente para manejar esa tarea», apunta Nemiña.

El ministro también intenta limitar el derecho de desplazamiento, obligando a los agentes a comunicar ausencias de más de siete días durante su baja, para descontar los complementos de territorialidad. La AUGC sostiene que esta medida «contradice lo que establece la Ley de Derechos y Deberes -que garantiza la libertad de desplazamiento-, y que ya fue rechazada por el Consejo de Estado hace años».

«Un Real Decreto no puede restringir un derecho establecido en la ley», subraya Nemiña.

Invasión de la intimidad

Interior también quiere saber si los agentes están recibiendo tratamiento psicológico. Para esto, impondrá la obligación de notificarlo y de entregar toda la documentación médica al servicio de sanidad de la Guardia Civil. Según informa la AUGC, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha solicitado a Interior que retire esta exigencia, pero el Ministerio continúa regulándolo como una obligación.

Además, Interior requerirá a los guardias civiles que informen si tienen discapacidad. La AUGC destaca que los problemas de salud mental y la discapacidad son asuntos muy sensibles y que «solicitar esta información de manera amplia y sin garantías es una invasión de la intimidad de los agentes». En efecto, la ley de datos lo protege de manera especial, recuerda esta asociación.

La norma también establece que si un médico de la Benemérita da el alta y luego el agente solicita baja o tiene una recaída, sólo podrá extender la baja la Sanidad del Cuerpo. Sobre esta medida, la AUGC señala que «en el resto de las administraciones, la baja emitida por un facultativo tiene validez hasta que alguien la revise por reconocimiento», mientras que a los guardias civiles pretenden imponerles «un filtro administrativo adicional» y volverán a depender del servicio de Sanidad de la Guardia Civil.

Según la AUGC, esto es «muy peligroso si se considera que en la Guardia Civil faltan más de 40 médicos y que más de la mitad de las comandancias no cuentan con médico».

«Si un médico que solo acude a mi comandancia una vez por semana me da el alta, aunque tenga una recaída, puede que no tenga un médico de la Guardia Civil que me extienda una nueva baja, por lo que, aunque esté mal, tendré que seguir trabajando», explica el responsable jurídico de la AUGC, destacando que esto les «preocupa» especialmente, «dado que se está comprometido con la salud del personal».

Médicos pagados por Interior

Este proyecto normativo también prevé que la Guardia Civil pueda contratar servicios médicos externos para supervisar las bajas. «Si la administración paga y te manda al especialista que ella ha contratado, ¿quién juzgará de manera independiente, considerando que ese personal contratado debe defender los intereses de la administración?», plantea Eugenio Nemiña.

El Real Decreto también establece que los guardias civiles, mientras estén de baja médica, pierden la autorización para trabajar en otro empleo (compatibilidad). A este respecto, la AUGC afirma que, aunque una persona esté enferma, podría no estar limitada para realizar funciones en otro puesto y que esta medida podría acarrearle problemas en ese otro empleo.

Pone el ejemplo de un agente que se rompe el tobillo y no puede manejar una motocicleta. Por lo tanto, no puede trabajar en la Guardia Civil y obtiene la baja. Sin embargo, eso no le impide laborar en un puesto donde pueda teletrabajar. Así, la AUGC propone que, en lugar de regular la suspensión de la compatibilidad, se regule que la baja se aplique a ambas profesiones.

Además, este proyecto de Real Decreto prevé que, por ausencias de más de siete días de la residencia habitual durante una baja, el agente pierde el complemento de zona conflictiva si está destinado en el País Vasco o el de insularidad si trabaja en Canarias, Baleares, Ceuta o Melilla.

«¿Te ausentas por motivos médicos o familiares y te quitan un complemento?», cuestiona la asociación más antigua de la Guardia Civil sin poder creer la medida. Además, recuerda que en otras administraciones ese complemento no se elimina por ausencias justificadas de corta duración.

Por otro lado, aunque en el preámbulo del Real Decreto se mencione la administración electrónica, en la práctica los agentes seguirán teniendo que acudir a su unidad a presentar los partes de baja o a recibir notificaciones médicas, ya que se envían allí.

La AUGC denuncia que, de esta forma, no se cumple con la ley del Procedimiento Administrativo, que en su artículo 14 establece la obligación de relacionarse electrónicamente con los empleados de las administraciones públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellos por su condición de funcionario.

«Mientras otros funcionarios se comunican electrónicamente con la administración, los guardias civiles continúan obligados a trasladarse al cuartel, incluso estando enfermos, para recibir o entregar documentación, lo cual es obsoleto, humillante y un incumplimiento de la ley», sentencia la AUGC.

Si el Consejo de Estado atiende sus demandas, el proyecto se retrasará hasta que no se modifique el texto, o se archivará si la Guardia Civil considera que no procede la tramitación con los cambios sugeridos por este órgano consultivo. Si recibe la aprobación del Consejo de Estado, se presentará ante el Consejo de Ministros y se publicará en el BOE, entrando en vigor.