más de 2,000 construcciones en Madrid

Isabel Díaz Ayuso ha puesto en riesgo los espacios forestales, facilitando la construcción de viviendas y negocios en pleno monte en la Comunidad de Madrid. Desde que asumió el Gobierno regional en 2021, la política ha disminuido la protección del suelo forestal, lo que ha permitido el aumento de edificaciones en áreas con alto riesgo de incendio. Esta desregulación, criticada por colectivos ecologistas, ha generado un nuevo mapa de riesgo, concentrando núcleos habitados en lugares donde el fuego puede arrasar en minutos y donde, además, carecen de planes de prevención básicos.

De acuerdo con el Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales (INFOMA) para 2025, en la región se han señalado 2.361 zonas de interfaz urbano-forestal (IUF), abarcando un total de 22.624,56 hectáreas. A pesar de los peligros que conllevan estas decisiones, solo 60 de dichas zonas disponen de un plan de autoprotección contra incendios. Otros 35 están en proceso de tramitación, aunque, en cualquier caso, están muy por debajo de lo que exige la normativa vigente desde 2006.

Las áreas de interfaz urbano-forestal (IUF) son regiones donde el monte se entrelaza con las construcciones humanas —como urbanizaciones, casas aisladas, campings o gasolineras— lo que genera un gran riesgo en el caso de un incendio. Esta proximidad facilita que el fuego se propague en minutos y avance rápidamente hacia las viviendas, poniendo en peligro a las personas y a sus propiedades.

Para prevenir tragedias, la Comunidad de Madrid exige que estas áreas tengan Planes de Autoprotección (PAIF), instrumentos fundamentales que deben identificar riesgos, establecer rutas de evacuación y coordinar los recursos locales hasta la llegada de los bomberos. Sin embargo, se ha descubierto que la mayoría de estas zonas carece de cualquier tipo de plan.

El proyecto INFOMA, actualizado en 2017, amplió la obligación a 59 municipios considerados de alto riesgo, estableciendo un plazo de cumplimiento que venció en 2018. No obstante, seis años después, gran parte de estas áreas aún no cuenta con protección.

Según la Plataforma Ecologista Madrileña, esta ausencia de planificación deja a miles de vecinos desprotegidos. Además, denuncian la existencia de más de 78.000 construcciones ilegales en suelo forestal o sus alrededores, muchas de ellas sin control ni medidas de seguridad mínimas. Esto no solo aumenta el riesgo de incendios, sino que dificulta una respuesta adecuada en caso de emergencia.

La desregulación que pone en jaque al monte madrileño

Desde 2021, el Gobierno regional ha implementado varias reformas legales que, bajo el paraguas de las denominadas “leyes ómnibus”, han alterado de manera significativa la Ley del Suelo, la Ley Forestal y la normativa sobre espacios protegidos. Estas reformas han permitido la legalización de construcciones dispersas y han facilitado nuevas edificaciones en zonas anteriormente restringidas.

El resultado es un aumento en la presión urbanística sobre el monte, justo en un momento en que el cambio climático y la sequía incrementan el riesgo de incendios forestales. Además, la versión actual del INFOMA ha excluido de la obligación de tener PAIF a las explotaciones agrícolas, ganaderas y las viviendas asociadas a estas actividades.

El reciente incendio de Tres Cantos-Viñuelas ilustra dramáticamente lo que puede ocurrir cuando una zona carece de preparación, llevando a la rápida propagación de las llamas y a la evacuación de numerosas personas.

Por estas razones, la Plataforma Ecologista Madrileña acusa al Ejecutivo de poner en riesgo a la población y al medio ambiente al priorizar intereses urbanísticos sobre la prevención. Aseguran que estas decisiones políticas incrementan el gasto público, mientras disminuyen la protección de la biodiversidad y dejan a los municipios sin herramientas para gestionar el territorio.

Por ello, exigen al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que cumpla y haga cumplir la normativa sobre prevención de incendios, revierta las modificaciones legales que favorecen la construcción en suelo forestal y priorice la seguridad ciudadana y la conservación de los ecosistemas frente a la especulación urbanística a corto plazo.