Más de 60 organizaciones no gubernamentales solicitan al Congreso de EE. UU. que detenga la intervención militar de Trump en el Caribe | Internacional

Más de 60 ONG enviaron este miércoles una carta al Congreso de Estados Unidos solicitando que frene la escalada militar de la Administración de Donald Trump en el Caribe y expresando su “preocupación por las repetidas ejecuciones extrajudiciales de civiles no identificados”. Además, “ante el creciente riesgo de guerra” en la región, derivado de operaciones que han destruido al menos cuatro lanchas procedentes de Venezuela, acusadas por el ejército de traficar drogas. Estos ataques han causado la muerte de 21 personas, según informes de la Casa Blanca desde el inicio de la ofensiva a principios de septiembre.

“El Gobierno de Trump no ha presentado ninguna justificación legal válida para estos ataques ni ha aportado pruebas que respalden sus afirmaciones de que las víctimas constituían una amenaza inminente para la seguridad de Estados Unidos”, argumenta la carta, a la que ha tenido acceso EL PAÍS. “Tememos que, si el Congreso no actúa con firmeza, se desencadenarán más ataques, más ejecuciones extrajudiciales y, potencialmente, una guerra abierta y sin restricciones con uno o más países de la región, cuyas consecuencias humanitarias y geopolíticas serían probablemente devastadoras”.

Entre los 62 firmantes de la misiva se encuentran organizaciones civiles, religiosas y de defensa de derechos humanos, así como sindicatos y think tanks de análisis de política exterior.

Según estas ONG, los ataques violan la Ley de Poderes de Guerra, una norma de 1973 que establece que para que el presidente movilice al ejército debe existir “una declaración de guerra, una autorización legal específica o una emergencia nacional ocasionada por un ataque contra Estados Unidos, sus territorios o posesiones o sus fuerzas armadas”. Los firmantes consideran que estas condiciones “claramente no se han cumplido”, y piden al Congreso que ejerza “sus facultades para declarar una guerra” y que condene “estos ataques ilegales”.

Una nueva fase

También exigen que Trump, quien el domingo pasado insinuó que la ofensiva estaba a punto de entrar en una nueva fase, terrestre, asuma “plena responsabilidad” por esos ataques, “incluyendo una investigación sobre la identidad de las víctimas”. El texto también solicita que se “compense a sus familiares”, que se “priorice la vía diplomática con los gobiernos para abordar el narcotráfico en la región”, y que se revierta el “despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe”.

La semana pasada, Trump envió un memorando al Congreso informando que el país había entrado en una guerra “no internacional” contra los carteles de la droga, considerando a sus miembros “combatientes ilegales”. Tras el primer ataque a principios de septiembre, un grupo de senadores demócratas exigió a la Casa Blanca, en una carta, explicaciones sobre la legalidad de los ataques y le recordó que el Congreso debe otorgar permiso al presidente para autorizarlos.

La Administración de Trump incluyó en febrero a la banda criminal de origen venezolano, el Tren de Aragua, en la lista de “organizaciones terroristas designadas” del Departamento de Estado, afirmando que de ahí procedían las narcolanchas atacadas en aguas internacionales. Además, la Casa Blanca acusa al Gobierno de Nicolás Maduro de dirigir una organización criminal dedicada al narcotráfico. En agosto, Estados Unidos duplicó la recompensa, llevándola a 50 millones de dólares (casi 43 millones de euros), para quien pueda ofrecer información que conduzca a la captura de Maduro.

Según las ONG firmantes, tanto el Tren de Aragua como Venezuela juegan “un papel menor en el narcotráfico hacia Estados Unidos”. “Cálculos recientes del propio Gobierno [de Washington] sugieren que menos del 10% de los envíos de cocaína destinados a Estados Unidos pasan por Venezuela”, sostiene el texto dirigido al Congreso.

La carta llega al Capitolio en medio de una crisis por el cierre del Gobierno, con la Cámara de Representantes en receso y el Senado bloqueado en las votaciones de las propuestas demócrata y republicana para reanudar la financiación de la Administración.

A pesar de esto, la minoría demócrata en la Cámara Alta planea forzar una votación sobre la Ley de Poderes de Guerra en respuesta a los ataques en el Caribe. Esta iniciativa, impulsada por Adam Schiff (senador por California) y Tim Kaine (Virginia), estaba prevista para este miércoles. En el improbable caso de que avance, impediría que las fuerzas armadas estadounidenses llevaran a cabo operaciones militares contra organizaciones no estatales sin la autorización formal del Congreso.