Más de 60 organizaciones no gubernamentales solicitan al Congreso de EE. UU. que detenga la intervención militar de Trump en el Caribe | Internacional

Más de 60 ONG enviaron este miércoles una carta al Congreso de Estados Unidos solicitando que se ponga fin a la escalada militar de la Administración de Donald Trump en el Caribe y expresando su “preocupación por las repetidas ejecuciones extrajudiciales de civiles no identificados”. Asimismo, “ante el creciente riesgo de guerra” en la región, provocado por las operaciones que han destruido al menos cuatro embarcaciones provenientes de Venezuela que el ejército acusa de traficar con drogas. Dichos ataques han causado la muerte de 21 personas, según la información proporcionada por la Casa Blanca desde el inicio de la ofensiva a principios de septiembre.

“El Gobierno de Trump no ha ofrecido justificación legal válida para estos ataques ni ha presentado pruebas que respalden sus afirmaciones de que las víctimas representaban una amenaza inminente para la seguridad de Estados Unidos”, señala la carta, a la que ha tenido acceso EL PAÍS. “Tememos que, si el Congreso no actúa con firmeza, habrá más ataques, más ejecuciones extrajudiciales y, potencialmente, una guerra abierta y descontrolada con uno o más países de la región, cuyas consecuencias humanitarias y geopolíticas probablemente serán devastadoras”.

Entre los 62 firmantes de la misiva se encuentran organizaciones civiles, religiosas y de defensa de los derechos humanos, así como sindicatos y laboratorios de análisis de política exterior.

Según estas ONG, los ataques contravienen la Ley de Poderes de Guerra, una norma de 1973 que establece que, para que el presidente pueda movilizar al ejército, debe haber mediado “una declaración de guerra, una autorización legal específica o una emergencia nacional causada por un ataque contra Estados Unidos, sus territorios o posesiones o sus fuerzas armadas”. Los firmantes consideran que dichas condiciones “claramente no se han cumplido” y piden al Congreso que ejerza “sus facultades para declarar una guerra” y que condene “esos ataques ilegales”.

Una nueva fase

También exigen que Trump, quien el domingo pasado insinuó que la ofensiva está cerca de pasar a una nueva fase, por tierra, asuma “plena responsabilidad” por estos ataques, “incluyendo una investigación sobre la identidad de las víctimas”. El texto también pide que se “compense a sus familias”, que se “priorice la vía diplomática con los gobiernos para abordar el narcotráfico en la región” y que se detenga el “despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe”.

La semana pasada, Trump envió un memorando al Congreso para comunicar que el país ha entrado en una guerra “no internacional” con los carteles de la droga, a cuyos miembros considera “combatientes ilegales”. Tras el primer ataque, a principios de septiembre, un grupo de senadores demócratas exigió a la Casa Blanca, mediante carta, explicaciones sobre la legalidad de las acciones y recordó que el Congreso debe dar permiso al presidente para autorizarlas.

La Administración de Trump incluyó en febrero al Tren de Aragua, una banda criminal de origen venezolano a la que asegura que pertenecían las narcolanchas destruidas en aguas internacionales, en la lista del Departamento de Estado de “organizaciones terroristas designadas”. La Casa Blanca también acusa al Gobierno de Nicolás Maduro de liderar una organización criminal dedicada al narcotráfico. En agosto, Estados Unidos duplicó la recompensa, hasta los 50 millones de dólares (casi 43 millones de euros), a quien pueda proporcionar información que conduzca a la captura de Maduro.

De acuerdo con las ONG firmantes, tanto el Tren de Aragua como Venezuela tienen “un papel menor en el narcotráfico hacia Estados Unidos”. “Cálculos recientes del propio Gobierno [de Washington] sugieren que menos del 10% de los envíos de cocaína con destino a Estados Unidos transitan por Venezuela”, menciona el texto enviado al Congreso.

La misiva llega al Capitolio en medio de una crisis por el cierre del Gobierno, con la Cámara de Representantes en receso y el Senado bloqueado en la votación de las propuestas demócrata y republicana para reabrir la financiación de la Administración.

A pesar de esto, la minoría demócrata en la Cámara Alta prevé forzar una votación sobre la Ley de Poderes de Guerra en respuesta a los ataques en el Caribe. Esta es una iniciativa de Adam Schiff (senador por California) y Tim Kaine (Virginia) que estaba prevista para este miércoles. En el improbable caso de avanzar, impediría que las fuerzas armadas estadounidenses llevaran a cabo operaciones militares contra organizaciones no estatales hasta que el Congreso las autorice formalmente.