Más de 60 organizaciones no gubernamentales solicitan al Congreso de EE. UU. que detenga la operación militar de Trump en el Caribe | Internacional

Más de 60 ONG enviaron este miércoles una carta al Congreso de Estados Unidos solicitando que se detenga la escalada militar de la Administración de Donald Trump en el Caribe y expresando su “preocupación por las reiteradas ejecuciones extrajudiciales de civiles no identificados”. También, “ante el creciente riesgo de guerra” en la zona provocado por operaciones que han destruido al menos cuatro lanchas provenientes de Venezuela, a las que el ejército acusa de traficar con drogas. Esos ataques han ocasionado la muerte de 21 personas, según la información proporcionada por la Casa Blanca desde el inicio de la ofensiva a principios de septiembre.

“El Gobierno de Trump no ha presentado una justificación legal válida para estos ataques ni ha facilitado pruebas que respalden sus afirmaciones de que las víctimas representaban una amenaza inminente para la seguridad de Estados Unidos”, argumenta la carta, a la que ha tenido acceso EL PAÍS. “Tememos que, si el Congreso no actúa con firmeza, se producirán más ataques, más ejecuciones extrajudiciales y, potencialmente, una guerra abierta y sin límites con uno o varios países de la región, cuyas consecuencias humanitarias y geopolíticas podrían ser devastadoras”.

Entre los 62 firmantes de la misiva se encuentran organizaciones civiles, religiosas, de defensa de los derechos humanos, así como sindicatos y laboratorios de análisis de política exterior.

De acuerdo con estas ONG, los ataques infringen la Ley de Poderes de Guerra, una norma de 1973 que establece que para que el presidente pueda movilizar al ejército es necesario que haya mediado “una declaración de guerra, una autorización legal específica o una emergencia nacional debido a un ataque contra Estados Unidos, sus territorios o posesiones o sus fuerzas armadas”. Los firmantes consideran que esas condiciones “claramente no se han cumplido”, y piden al Congreso que haga “valer sus facultades para declarar una guerra” y que condene “esos ataques ilegales”.

Una nueva fase

También exigen que Trump, quien el domingo pasado insinuó que la ofensiva estaba a punto de entrar en una nueva fase por tierra, asuma “plena responsabilidad” por esos ataques, “incluyendo una investigación sobre la identidad de las víctimas”. El texto solicita además que se “compense a sus familiares”, que se “priorice la vía diplomática con los gobiernos para abordar el narcotráfico en la región”, y que se revierta el “despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe”.

La semana pasada, Trump envió un memorando al Congreso informando que el país había entrado en una guerra “no internacional” con los carteles de la droga, considerándolos “combatientes ilegales”. Tras el primer ataque, a principios de septiembre, un grupo de senadores demócratas exigió a la Casa Blanca explicaciones sobre la legalidad de los ataques y recordó que es el Congreso quien debe autorizar al presidente para que los realice.

La Administración de Trump incluyó en febrero al Tren de Aragua, una banda criminal de origen venezolano a la que asegura que pertenecían las narcolanchas destruidas en aguas internacionales, en la lista del Departamento de Estado de “organizaciones terroristas designadas”. La Casa Blanca también señala al Gobierno de Nicolás Maduro como líder de una organización criminal dedicada al narcotráfico. En agosto, Estados Unidos duplicó, llevándola a 50 millones de dólares (casi 43 millones de euros), la recompensa para quien ofrezca información que conduzca a la captura de Maduro.

Según las ONG firmantes, tanto el Tren de Aragua como Venezuela juegan “un papel menor en el narcotráfico hacia Estados Unidos”. “Cálculos recientes del propio Gobierno [de Washington] sugieren que menos del 10% de los envíos de cocaína con destino a Estados Unidos transitan por Venezuela”, dice el texto enviado al Congreso.

La misiva llega al Capitolio en medio de una crisis por el cierre del Gobierno, con la Cámara de Representantes en receso y el Senado atascado en las votaciones de las propuestas demócrata y republicana para reanudar la financiación de la Administración.

A pesar de todo, la minoría demócrata en la Cámara Alta prevé forzar una votación sobre la Ley de Poderes de Guerra en respuesta a los ataques en el Caribe. Esta iniciativa, impulsada por Adam Schiff (senador por California) y Tim Kaine (Virginia), estaba prevista para este miércoles. En el improbable caso de que obtenga éxito, evitará que las fuerzas armadas estadounidenses realicen operaciones militares contra organizaciones no estatales hasta que el Congreso las autorice formalmente.