Más Madrid apela al tribunal contra el Plan Reside de Almeida sobre alojamientos turísticos | Noticias de Madrid

El grupo municipal Más Madrid presentó el lunes pasado un recurso ante la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el Plan Reside, que fue aprobado por el actual gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida, según ha adelantado la Cadena SER y confirmado por EL PAÍS. Esta nueva normativa establece que las viviendas de uso turístico en el centro de Madrid deben estar ubicadas en edificios exclusivos para ese propósito; de lo contrario, no podrán obtener licencia de actividad. Esto significa que no se permitirá el alquiler de pisos turísticos en edificios donde también residan vecinos, lo que, según el partido de Rita Maestre, empuja a muchos residentes que viven con contratos de alquiler a abandonar la zona. “Esto provocará que Madrid sea una ciudad sin legislación, con pisos turísticos ilegales proliferando como hongos”, criticó el portavoz en funciones del grupo, Eduardo Rubiño.

Sin embargo, según Más Madrid, esta discrepancia sobre el contenido no es el único problema. También señalan errores jurídicos en la tramitación de la normativa, como la falta de evaluación del impacto económico que tendrá, la ausencia de un informe de sostenibilidad económica para el Ayuntamiento y la falta de un plan de disciplina urbanística que evite que las viviendas turísticas ilegales ―que representan aproximadamente el 96% del total― sigan creciendo. “No hay ninguna medida en el plan destinada a erradicar más de 15.000 pisos turísticos ilegales”, reprochó Rubiño.

Respecto al impacto que generará, Más Madrid argumenta que esta normativa crea un entorno propicio para que los fondos de inversión adquieran edificios completos y los transformen en hoteles, un negocio altamente rentable y, ahora, completamente legal. “Almeida está tendiendo una alfombra roja a los fondos buitre en Madrid”, aseveró Rubiño. “Solamente busca vaciar el centro y convertirlo en un hotel gigante”, añadió.

El plan fue aprobado en un pleno extraordinario en mayo, con los votos a favor únicamente del PP, que tiene mayoría absoluta en el Consistorio. Dado que implica una modificación del Plan General de Ordenación Urbana aprobado en 1997, la Comunidad de Madrid tuvo que dar su aprobación para su implementación, y lo hizo en agosto.

En Madrid existen varios ejemplos de edificios que pertenecen a un solo propietario o fondo de inversión, que ahora están intentando vaciar para transformar en viviendas de lujo o, en su mayoría, en apartamentos de vacaciones. Ejemplos de estos son los ubicados en la calle de Galileo, 22; en San Ildefonso, 20; en Tribulete, 7 o el caso de Maricarmen, en el Retiro, entre otros. En todos ellos se repite un patrón: llegan burofaxes informando a los vecinos de que no se les renovarán los contratos, y quienes tienen acuerdos de varios años son presionados para marcharse.

Una vez que ocurre esto, operar sin licencia resulta barato en casi todos los casos. En Madrid hay más de 15.000 viviendas turísticas ilegales en funcionamiento, pero durante el año pasado, el Ayuntamiento solo impuso 92 sanciones a sus propietarios. Hay casos extremos, como el que vivió Jesús Nebreda a finales de abril, cuando el apartamento turístico ilegal ubicado encima de su casa se desplomó en su salón y todavía sigue funcionando sin haber recibido una sola sanción. “No vamos a cesar hasta que el Ayuntamiento cierre [las VUT], proteja su uso residencial, limite las subidas de los alquileres y amplíe el parque público de vivienda”, concluyó Rubiño.

El recurso presentado por Más Madrid se suma a otro que fue presentado también en el TSJM el pasado viernes por más de un centenar de propietarios de alojamientos turísticos, quienes no están conformes con la medida, aunque por razones distintas. Según el abogado a cargo de esa demanda, Javier Flores, la actitud del Ayuntamiento de Madrid es “abiertamente agresiva hacia los propietarios locales” porque las medidas restrictivas aplicadas “equiparan injustamente a quienes gestionan una vivienda familiar con grandes operadores mercantiles”. “La existencia de recursos por motivos tan diversos evidencia que el Plan Reside no soluciona el problema del uso turístico, sino que lo agrava, creando incertidumbre tanto para los vecinos como para los propietarios locales”, apuntan los promotores.