Moncloa está finalizando su estrategia para intensificar el control de la publicidad oficial.

Pedro Sánchez reveló hace más de un año su intención de cambiar la normativa actual sobre la publicidad institucional para ajustarla a las exigencias del Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación (EMFA), así como para actualizar su redacción. El presidente del Gobierno se pronunció de manera clara y denunció la existencia de ‘pseudo-medios’ financiados con recursos provenientes de Administraciones dirigidas por el Partido Popular.

Tras algunos retrasos en el calendario originalmente previsto, el Gobierno tiene la intención de presentar el anteproyecto de ley al Consejo de Ministros en septiembre. Específicamente, se espera que ocurra entre mediados y finales de mes, según fuentes informadas sobre el proceso.

Según ha informado este periódico a través de fuentes ministeriales, Moncloa no solo ha considerado el establecimiento de cuotas de inversión máxima de las Administraciones para cada medio -como adelantó el presidente-, sino que también busca mejorar la coordinación entre los ministerios al distribuir las campañas, para que exista un núcleo principal de decisión y no múltiples.

La normativa que regula la distribución de esta publicidad en España se remonta a 2005, es decir, antes de la proliferación del negocio del periodismo digital y del auge definitivo de las redes sociales.

El EMFA fue aprobado en 2024 y su aplicación es obligatoria en todos los estados miembros de la Unión Europea. Sin embargo, sus menciones a la “publicidad estatal” no aluden a la necesidad de establecer cuotas máximas de inversión institucional, sino más bien a la obligación de los diferentes gobiernos de garantizar que su distribución sea transparente y responda a criterios previamente definidos. También exige que las Administraciones indiquen en qué medios de comunicación realizan sus campañas y cuántos fondos están destinados a cada entidad informativa.

Esto último se ha estado haciendo en torno a una década por gobiernos como el de Cataluña, pero no así por el gobierno español, que solo ha revelado estos datos mediante solicitudes dirigidas al Buzón de Transparencia.

En cualquier caso, el objetivo de la normativa comunitaria es evitar que el dinero público se utilice como una herramienta para distorsionar el mercado de los medios de comunicación, lo que podría afectar seriamente al pluralismo.

La principal cuestión que ha sobrevolado los grupos mediáticos españoles durante el último año es si la reforma que planea Moncloa se limitará a cumplir con los dictados del reglamento europeo o si irá más allá y se convertirá en un arma política, en el marco de la lucha que el gabinete de Pedro Sánchez sostiene contra los ‘pseudo-medios’.

Este último aspecto ha complicado el debate sobre la implementación del EMFA en España, dado que este proceso ha coincido con la campaña del Ejecutivo contra la prensa crítica, que, por cierto, comenzó tras los escándalos del ‘caso Koldo’ y el relacionado con Begoña Gómez.

La postura beligerante de Sánchez y sus ministros hacia estos medios de comunicación ha suscitado numerosas críticas. Entre ellas, destaca la que publicó El País el pasado lunes, escrita por Gabriela Cañas, quien fue presidenta de EFE por iniciativa del Gobierno.

Radiotelevisión Española

En su artículo, la periodista critica la instrumentalización de Radiotelevisión Española y la manera en que Sánchez y sus aliados de investidura distribuyeron los 15 puestos de su Consejo de Administración, lo cual contrasta con el espíritu de la normativa comunitaria que aboga por la despolitización de estos medios.

La expresidenta de EFE también hizo referencia a otra de las normativas que se anunció antes de las vacaciones, como es el proyecto de ley «Para la Mejora de la Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Ordenación de los Medios de Comunicación«, que ha sido considerado excesivo por el Consejo de Estado, ya que contempla la posibilidad de imponer multas de hasta 2,5 millones de euros a los periodistas que publiquen «altos secretos».

Cañas también considera preocupante el papel que se le ha asignado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), encargada de analizar el pluralismo de los medios de comunicación y su independencia, lo que insinúa una filosofía de control sobre el sector. «Es aterrador», subrayó en su texto.

Si el texto aprobado por el Consejo de Ministros supera el trámite parlamentario, es evidente que tendrá un impacto en el sector de los medios de comunicación. Asimismo, la nueva ley de publicidad institucional generará cambios significativos en la distribución de millones de euros en toda España.

El Plan Anual de Publicidad Institucional 2025 cuenta con un presupuesto de 161 millones de euros, lo que convierte al Estado en un anunciante clave para los medios de comunicación, especialmente en un momento en que los formatos tradicionales no generan las mismas ganancias que antes, y una parte de la publicidad se ha trasladado a plataformas digitales.

Por eso, cualquier uso político de la publicidad institucional tiene un impacto muy relevante, al igual que cualquier cambio legal que tenga implicaciones políticas.

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