Mónica García acusa a Ayuso durante la huelga médica por no facilitar el listado de objetores de conciencia sobre el aborto.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha presentado su demanda contra la Comunidad de Madrid por la ausencia de un registro de objetores del aborto. Con esto, refuerza el ultimátum que el Gobierno lanzó a Isabel Díaz Ayuso, advirtiéndole que llevaría el caso a los tribunales si no proporcionaba la lista correspondiente.

El gobierno madrileño confirmó el 14 de noviembre que no iba a facilitar el listado de médicos en la Asamblea de Madrid, justo antes de que se cumpliera el mes de plazo que Pedro Sánchez y Mónica García dieron a la Comunidad de Madrid para elaborar dicha lista.

A pesar de haber tenido dos meses para presentar la demanda, la ministra esperó hasta el día posterior a la huelga de médicos, que ha cuestionado su gestión, lo que se interpreta desde la consejería de Sanidad del gobierno madrileño como un intento de desviar la atención. Esta consejería insta a la ministra a resolver su conflicto con el Estatuto Marco, que está a punto de desencadenar una huelga indefinida.

Respecto a la denuncia presentada por el ministerio de Sanidad sobre el registro de objetores de la Comunidad de Madrid, fuentes del Gobierno regional indican que la Ministra de Sanidad del Gobierno de Pedro Sánchez, Mónica García, debería «resolver el problema que tiene con los médicos y la huelga relacionada con el Estatuto Marco, que es más relevante».

Desde la Comunidad de Madrid, se reitera la postura que llevó a la decisión de no entregar la lista hace más de dos meses: lo consideran inconstitucional, dado que el gobierno regional sostiene que tal listado vulnera la libertad ética y religiosa de los profesionales de la salud.

Por lo tanto, serán los tribunales quienes determinen si la Comunidad de Madrid debe entregar este listado de objetores al Ministerio de Sanidad y resolver si la ley que obliga a las comunidades a realizar este procedimiento prevalece sobre el argumento de inconstitucionalidad presentado por Madrid.

Un nuevo frente en la guerra de Ayuso y Sánchez

El choque entre el Ejecutivo central y la Comunidad de Madrid también refleja la tensión política existente entre el gobierno de Pedro Sánchez y el de Isabel Díaz Ayuso, en particular en temas sanitarios. Mientras Sanidad insiste en que el registro es una herramienta administrativa que no infringe derechos fundamentales, la Comunidad de Madrid argumenta que la publicación de un listado con nombres de médicos objetores podría dar lugar a estigmatización o presiones sobre estos profesionales. Además, el debate se entrelaza con la negociación del Estatuto Marco, que regula las condiciones laborales de los médicos y cuya falta de acuerdo ha llevado a varias jornadas de huelga.

Por su parte, la Ministra Mónica García ha afirmado que su objetivo no es judicializar la sanidad, sino garantizar el cumplimiento de la ley y asegurar que todas las mujeres puedan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo de forma segura y sin demoras.

En este marco, la demanda ante los tribunales se presenta como una estrategia más para presionar a Ayuso ante su negativa a entregar el listado, abriendo así un nuevo capítulo en la confrontación entre ambos gobiernos sobre el control y la gestión de la sanidad pública en España.