Montero autoriza hoy el traspaso de la deuda de Cataluña al gobierno central.


La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tiene previsto aprobar hoy el trasvase de deuda de Cataluña al Estado. El Gobierno, con el fin de obtener el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y avanzar con los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pondrá en marcha un mecanismo de cesiones (quita de deuda y financiación privilegiada) diseñado para beneficiar a Cataluña. De este modo, la condonación de la deuda catalana costará a la Comunidad de Madrid 595 euros por habitante.

Este martes, el Consejo de Ministros dará luz verde al proyecto de ley para asumir hasta 83.252 millones de deuda de todas las comunidades autónomas (CCAA). Según los últimos datos del Banco de España, Cataluña se sitúa como la comunidad autónoma con mayor deuda acumulada con el Estado en términos absolutos (89.700 millones de euros), seguida de la Comunidad Valenciana (60.368 millones), Andalucía (40.490 millones) y Madrid (39.651 millones).

La realidad es que el modelo concebido para condonar la deuda de Cataluña no se distribuye según la deuda absoluta ni por habitante. El beneficio fiscal que Montero presentará hoy para apaciguar a sus socios de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) proviene de una combinación de variables ajustadas para satisfacer al independentismo catalán. Primero se calcula la deuda por habitante, luego se compara con la densidad poblacional según la media obtenida, favoreciendo a aquellos con más deuda y, además, a los de mayor población. Finalmente, se aplica un coeficiente que la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal considera mal justificado. Para que se le vaya perdonando la deuda a cada comunidad, se deben cumplir ciertos pasos, es decir, «pasar de fase». Superar la media (19% por habitante) permite avanzar a la siguiente fase, y así sucesivamente con los porcentajes de población… Así, la más favorecida (de aceptar) resultaría ser Andalucía, seguida de Cataluña. Valencia no aparece en la parte alta de la lista a pesar de su elevada deuda, y Madrid deberá asumir un rol de pagador, a pesar de que se asegure que su deuda privada será condonada.

Resulta más económico para la Comunidad de Madrid atender su propia deuda que lo que hará el Gobierno, ya que esto implica transformar la deuda de cada uno en deuda de todos, para luego distribuirla entre las cuentas comunes. Al dividir por ciudadano, las comunidades que siempre han cumplido con sus obligaciones fiscales se ven obligadas a pagar. Todo esto excluye a País Vasco y Navarra, que ya manejan su propia recaudación y no contribuyen a la caja común.

El caso de Madrid

Aunque la Comunidad de Madrid calculó el pasado febrero el costo por cada madrileño en 483 euros, cálculos más actuales de diversos servicios de estudios y analistas económicos elevan esa cifra a 595 euros por habitante. Esta cantidad deberán asumirla, considerando que la deuda de diversas autonomías pasará a ser estatal y, por ende, asumida por todos de forma solidaria en lugar de por quienes realmente tienen la deuda.

La condonación de la deuda fue acordada entre el Gobierno y Esquerra desde febrero. El Ejecutivo pactó con los independentistas la reducción del 22 % de la deuda catalana con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), lo que se traduce en aproximadamente 17.104 millones de euros.

Esta cantidad, según la Generalitat, es la que destina anualmente a inversión social (educación, sanidad, investigación) y representa unos 2.300 euros por ciudadano aproximadamente. La ministra de Hacienda extendió la quita al resto de comunidades autónomas para evitar que se considerara ilegal. En palabras del economista Daniel Lacalle: «No se trata de una condonación de la deuda, sino de una mutualización de la misma».

Por otro lado, mientras el Ejecutivo aseguraba que la condonación sería similar a la de Cataluña, los datos revisados por este periódico muestran lo contrario. De hecho, el saldo por ciudadano es notablemente desigual entre las distintas CCAA. Mientras que en Madrid será de 595 euros, en Baleares será de 400 euros, en Canarias de 370 euros, en Galicia de 340 euros y en Cataluña, 307 euros.

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