No se alcanzó un «acuerdo» ni un contrato: los descuentos para habitantes de Madrid de la Casa de Alba son una iniciativa privada.
El convenio anunciado entre el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida y la Fundación Casa de Alba para bajar cinco euros el precio de la entrada al Palacio de Liria no era un acuerdo formal, sino una propuesta privada de la organización que gestiona el patrimonio de la familia nobiliaria. Sin embargo, el Ejecutivo local promovió la difusión de esta acción a través de un evento al que asistió la concejala de Cultura, Marta Rivera de la Cruz. También se comunicó este acuerdo a través de una nota de prensa en los canales oficiales del Ayuntamiento.
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<p class="know-more__title">Los octogenarios a los que la Casa de Alba intenta desalojar en Madrid: "Llevo 53 años aquí y soy la más joven"</p>
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“Lo que se ha comunicado públicamente es que ambas partes han alcanzado un entendimiento para facilitar una reducción en el precio de la entrada al Palacio de Liria para las personas nacidas y empadronadas en la ciudad de Madrid, decisión que corresponde exclusivamente a la Fundación Casa de Alba como entidad titular y gestora del espacio”, indican fuentes del área de Cultura de la corporación municipal en declaraciones a Somos Madrid. No obstante, Rivera de la Cruz describió la medida como resultado de un “acuerdo” durante la presentación.
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“Dicha medida no implica contraprestación alguna por parte del Ayuntamiento de Madrid, ya sea económica o de otro tipo, ni genera obligación, compromiso o derecho alguno para esta administración”, agregan desde Cultura. En respuesta a una solicitud de información de Más Madrid emitida por la coordinación general de Cultura, este organismo reafirma que “no existe expediente administrativo ni documentación adicional susceptible de ser remitida en los términos solicitados”.
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<h2 class="article-text">Un gesto que “subraya la relación extraordinaria entre este espacio y Madrid”</h2>
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El Ayuntamiento de Madrid hizo público el pasado 29 de enero este supuesto acuerdo con la Fundación Casa de Alba, donde la entidad privada establece tarifas rebajadas en el acceso al Palacio de Liria para las personas nacidas o empadronadas en la capital. Los visitantes madrileños deberán mostrar su DNI o el certificado de empadronamiento para acreditar una de estas condiciones.
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La medida, presentada por Rivera de la Cruz y el director de la Fundación Casa de Alba, Álvaro Romero Sánchez-Arjona, establece una tarifa de 15 euros para las visitas entre semana y de 17 euros en fines de semana, tanto para el recinto como para sus exposiciones. El precio general es de 20 y 22 euros, respectivamente, lo que equivale a una rebaja de cinco euros en ambos casos.
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La concejala enfatizó que “el Palacio de Liria es uno de los grandes tesoros culturales de Madrid y <strong>este acuerdo</strong> permite que los madrileños sientan aún más cercano un espacio que forma parte de la historia y la identidad de la ciudad”. La edil calificó el gesto de “simbólico”, a la vez que “subraya la relación extraordinaria entre este espacio y la ciudad de Madrid”.
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Sin embargo, la concejala de Más Madrid, Cuca Sánchez, lamenta esta situación: “El Ayuntamiento de Madrid admite por escrito que los descuentos de la Casa de Alba en las entradas para el Palacio de Liria no están respaldados por ningún convenio, expediente administrativo ni informe técnico. Como si el Ayuntamiento de Madrid en lugar de una administración fuese el cortijo de la Casa de Alba, que usan para su autobombo”. También opina que “se ha perdido la oportunidad de establecer precios realmente populares e incluso de introducir días o franjas horarias de gratuidad. Además, lo poco que se ha anunciado ni siquiera tiene garantías de cumplirse, porque no existe ningún acuerdo escrito ni procedimiento administrativo que vincule a la Casa de Alba, y mañana podrían cambiar de criterio o aumentar el precio y el Ayuntamiento no tendría cómo reclamarles nada”.
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“Es una absoluta vergüenza por la que exigimos explicaciones a la delegada de Cultura”, agrega la edil, al tiempo que muestra su preocupación porque también “se discrimina a las personas migrantes por no permitirles presentar su tarjeta de identificación TIE para acreditar su residencia, ya que sólo aceptan el DNI”.
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<h2 class="article-text">“Entendimiento” en medio de un polémico proceso de desahucios</h2>
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La presentación se llevó a cabo en el propio Palacio de Liria en un momento de gran tensión por la acción de la Casa de Alba. En la calle Duque de Liria, a pocos metros de este emblemático edificio cercano a la Plaza de España, decenas de familias de seis bloques (incluidos arrendatarios de renta antigua) enfrentan intentos de desalojo por parte de la familia noble, ahora bajo el liderazgo del duque de Alba, Carlos Fitz-James Stuart. En diciembre, la empresa intermediaria Bala Investment comenzó a enviar cartas en las que afirma representar a la propiedad y anuncia el desalojo de las viviendas por necesidades de rehabilitación.
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El portavoz de comunicación de la propiedad, en respuesta a preguntas de este medio, confirmó “el inicio de un proceso de no renovación de contratos de alquiler” en los bloques cercanos al Palacio de Liria. “Se han reunido conmigo amigablemente, quieren que nos vayamos por las buenas. Pero nosotros no nos vamos a ir, ni por las buenas ni por las malas”, aseguraba en conversación con este medio una de las inquilinas. “Llevo 53 años aquí y soy la que tiene el contrato más joven”, concluía.
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La concejala delegada no quiso comentar la polémica y se limitó a enfatizar que trabaja en “acuerdos que tienen que ver con Cultura, sin entrar en otras apreciaciones”. Sin embargo, dicho acuerdo no ha sido firmado por su departamento ni por ninguna otra área del Consistorio. Considera que el proceso de desalojo de las decenas de familias “no tiene nada que ver con que los madrileños puedan entrar en el Palacio de Liria en mejores condiciones de las que lo hacían”.
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<p class="know-more__title">El Ayuntamiento de Madrid presume de acuerdo con la Casa de Alba mientras el duque intenta desalojar seis edificios</p>
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En los seis bloques afectados habitan diez familias de renta antigua, con contratos firmados antes de 1982 que les otorgan garantías especiales. El resto de inquilinos puede sumarse a decenas, aunque es difícil determinar su número exacto. Según datos del Registro de la Propiedad, los seis edificios de esta manzana suman 88 viviendas y 10.913 metros cuadrados de suelo residencial.
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