Objetivo de Sánchez en los presupuestos en un año de conflictos con el poder judicial.
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- 6 de septiembre de 2025
Madrid (EFE).- Tras la falta de aprobación de cualquier proyecto de ley de presupuestos en la actual legislatura, Pedro Sánchez se ha propuesto convencer a sus aliados sobre la necesidad de unas nuevas cuentas del Estado como su meta para el nuevo curso político, que prevé complicado y que ha comenzado en un clima de tensión con la judicatura.
En su balance de gestión de finales de julio, el presidente del Gobierno destacó que esta vez sí se presentarán el proyecto de ley presupuestario, y a inicio de septiembre ha reafirmado esa promesa, con la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmando que será presentado en el Congreso para su votación.
«Los grupos políticos deberán posicionarse y, en caso de rechazar unos presupuestos que beneficiarían a todos, tendrán que explicárselo a los ciudadanos», subrayan a Efe fuentes del Ejecutivo.
La inestabilidad de Junts, los mensajes de ERC sobre no contar con su apoyo sin que se cumpla lo previamente pactado, y los crecientes mensajes críticos de Podemos hacia el Gobierno, hacen evidente que la tarea no será sencilla, aunque Sánchez no se rinde.
Para ello, en los inicios del curso, el Consejo de Ministros aprobó el martes pasado el anteproyecto de condonación de deuda autonómica, inicialmente acordado con Esquerra para Cataluña y que ahora se extiende a todas las comunidades, lo que ha sido rechazado rotundamente por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y los barones territoriales del partido.
Gestos hacia ERC y Junts
Una oposición que Montero considera incomprensible a menos que se prioricen los intereses de partido sobre los de las autonomías, y que le lleva a predecir que, al final, todos aceptarán la quita de sus deudas.
Si esta condonación es un claro intento del Gobierno por acercar el apoyo de ERC, otro movimiento de esta semana se interpreta como un gesto hacia Junts.
Salvador Illa viajó a Bruselas para reunirse con su predecesor en la Generalitat, Carles Puigdemont. Desde ambas partes, así como desde el Gobierno, se ha negado que este encuentro tuviese como propósito hablar de presupuestos o de cualquier otra iniciativa legislativa que deba ser negociada con Junts.
No obstante, más allá de estas declaraciones, el Ejecutivo reconoce que el encuentro es un hecho positivo que muestra normalidad en la relación con Junts, a la espera de que se concrete la reunión que Pedro Sánchez ha manifestado estar dispuesto a mantener con Puigdemont.
Dicha reunión aún no tiene fecha, ni lugar, dado que el expresidente está a la espera de regresar a España tras el aval del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía, lo que motivó su recurso de amparo para que se le aplique y se suspenda cautelarmente la orden de detención en su contra.
Así, el regreso a España aún depende de los jueces, al igual que la situación de los familiares cercanos al presidente del Gobierno, que están siendo investigados, incluyendo a su esposa, Begoña Gómez, y su hermano, David.
Polémica judicial
Frente a estas investigaciones, Sánchez ha defendido la inocencia de ambos y se ha mostrado convencido de que con el tiempo se esclarecerá la situación, demostrando que no hay nada que justifique su situación.
Ya había insinuado su opinión sobre quienes llevan ambos casos, pero al inicio del nuevo curso ha expresado su pesar por la existencia de «jueces haciendo política», al tiempo que ha observado que hay políticos que intentan hacer justicia.
Estas declaraciones generaron críticas del PP y de un sector de jueces, justo en la semana en que se inauguró el año judicial, presidido por el rey, y también en medio de la polémica por la intervención del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cuya inocencia también defiende Sánchez.
García Ortiz, pendiente de que se abra juicio
García Ortiz espera que se le abra juicio por un posible delito de revelación de secretos relacionado con filtraciones en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso por fraude fiscal. Mientras tanto, jueces conservadores solicitaron su ausencia en el acto que presidió Felipe VI, al cual Feijóo también se ausentó como señal de rechazo.
Este evento fue el contexto en el que la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, aunque sin mencionar directamente las críticas de Sánchez, rechazó las descalificaciones a la justicia provenientes de otros sectores del poder público y enfatizó que los jueces y magistrados no siguen órdenes ni instrucciones de nadie.
Todo lo anterior alimenta la anticipación de una difícil sesión de control en el pleno del Congreso la próxima semana, la primera tras el receso estival, y dificulta el entendimiento necesario para alcanzar acuerdos como el pacto de Estado contra el cambio climático que Sánchez propuso el lunes pasado.
El Gobierno, y en especial la vicepresidenta Yolanda Díaz, busca precisamente ese entendimiento con Junts para permitir que el proyecto de ley de reducción de la jornada laboral avance en la Cámara baja el próximo miércoles.
Según enfatiza el Ejecutivo, esto forma parte de su hoja de ruta progresista que aspira a contar con nuevos presupuestos y en la que también incluye otra medida que se prevé aprobar el martes: el primer anteproyecto de ley orgánica sobre violencia vicaria.