Óscar López hace caso omiso a la denuncia de acoso sexual presentada por una funcionaria de Móstoles hace 15 meses.

El ministerio de Transformación Digital y Función Pública, bajo el liderazgo del secretario general de los socialistas madrileños, Óscar López, ha ignorado desde noviembre de 2024 una denuncia por presunto acoso sexual presentada por una funcionaria del Ayuntamiento de Móstoles contra un habilitado nacional.

La queja llegó a las oficinas del ministerio de López porque los funcionarios con habilitación nacional están sujetos a la disciplina del Estado, por lo que es a este departamento a quien le compete resolver el expediente abierto en el Consistorio mostoleño.

En concreto, tal como ha informado este lunes el diario La Razón, los hechos se remontan a 2024, cuando una funcionaria denunció que este habilitado nacional creaba situaciones para estar a solas con ella en su despacho. Asimismo, afirmó haber padecido «conductas inapropiadas» por parte del denunciado, que incluían «miradas incómodas, preguntas personales e indagaciones sobre sus costumbres». Esta situación, según el relato recogido por el periódico mencionado, que tuvo acceso a la documentación en el Ayuntamiento, generó en la supuesta víctima «una situación de estrés y ansiedad que le llevó a solicitar asistencia médica y psicológica».

En octubre de 2014, el Ayuntamiento, dirigido por Manuel Bautista (PP) -quien, por cierto, actualmente enfrenta una querella por supuesto acoso sexual y laboral presentada por una exconcejal de su grupo municipal-, inauguró un procedimiento confidencial tras tener conocimiento de la denuncia. La instrucción, según detalla La Razón, se llevó a cabo de conformidad con el Real Decreto 247/2024, que regula el protocolo frente al acoso sexual y por razón de sexo en la Administración General del Estado.

Tras finalizar la fase interina, en noviembre de ese mismo año, el Consistorio envió las conclusiones a la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, que, a su vez, consideró que los hechos podrían constituir una «falta muy grave» y remitió el expediente al ministerio de Óscar López. Desde entonces, hace ya 15 meses, fuentes municipales aseguran que no hay constancia de que se haya tramitado expediente ni de que se haya solicitado declaración a los afectados.

Mientras tanto, la funcionaria que presentó la denuncia ha estado trabajando desde casa desde enero de 2025, como medida organizativa adoptada en el contexto del procedimiento.