Pequeños propietarios de alojamientos turísticos se oponen al Plan Reside de Almeida: “Somos personas comunes alquilando para personas comunes” | Noticias de Madrid

La imagen de numerosos grupos de turistas transitando con sus maletas por las calles de Tirso de Molina o Lavapiés se ha vuelto una escena común para los residentes. Algunos se dirigen a hoteles, otros a hostales, mientras que un considerable número se encamina hacia apartamentos turísticos que reservan a través de aplicaciones como Airbnb. Lola Martín, propietaria de uno de estos apartamentos en el corazón de la capital, lamenta que el Plan Reside, entre otras cosas, prohíba que los alojamientos turísticos estén en edificios del centro donde también habiten vecinos, lo que, asegura, “favorece a los grandes propietarios y fondos buitres” que compran bloques enteros. “Han entregado la actividad turística a edificios completos. A los pequeños propietarios nos están sacando del mercado y agravando el problema de la vivienda, ya que estos fondos desalojan a muchos vecinos. Ellos están buscando un chivo expiatorio, que somos nosotros”.

Ana Pavón, quien posee un piso turístico en el Distrito Latina, también forma parte de VUT Madrid, un colectivo que reúne a pequeños propietarios y gestores de apartamentos turísticos. Pavón señala que el Plan Reside es “una normativa que busca acabar con la competencia” y coincide con Martín al criticar al Ayuntamiento por “favorecer a los grandes tenedores”. “Somos personas normales alquilando a personas normales”, clama. Sin embargo, el Consistorio sostiene que la intención no es eliminar los pisos turísticos, sino asegurar que la actividad se realice en edificios designados exclusivamente para el alquiler turístico. Además, insisten en que este plan busca proteger la vivienda residencial, a los vecinos y promover el alquiler de larga estancia, así como regular los pisos turísticos.

El Plan Reside, que comenzó a regir el pasado 4 de septiembre tras su aprobación en un pleno extraordinario con el respaldo mayoritario del PP, establece que aquellos apartamentos que no cumplan con la nueva normativa recibirán una orden de cierre inmediato. Si no lo hacen, se enfrentarán a una primera multa de 30.000 euros, que se duplicará si persisten en la actividad y alcanzará los 100.000 euros si continúan.

Para los apartamentos turísticos situados fuera del Distrito Centro, la nueva normativa indica que solo se otorgará licencia a aquellos que tengan un acceso independiente en la planta baja o el primer piso. Pavón lamenta que el Consistorio “ha cambiado las reglas a mitad del juego”, y asegura que la reducción de 2.662 apartamentos turísticos desde julio -anunciada por el Ayuntamiento el 11 de noviembre y basada en un estudio de la plataforma Inside Airbnb (que recopila el número de anuncios en dicha web)- se debe al desánimo de los propietarios. Desde Urbanismo indican que la disminución se refiere a pisos ilegales que no contaban con autorización.

“Estamos atravesando momentos difíciles con el tema de las multas. El Ayuntamiento actúa como si estuviera haciendo algo positivo, pero se trata de una expropiación. Están llevando a la quiebra a los propietarios solo por alquilar su hogar”, sostiene Pavón, antes de señalar lo que considera la verdadera razón detrás de la disminución anunciada por el Consistorio: “Los anuncios eliminados son de personas indefensas que se sienten acosadas. Me prohíben la actividad a mí, que soy madre de familia y dependo de esto, para que los fondos buitre puedan lucrarse con edificios enteros”.

Lo que el Gobierno municipal presenta como una protección para la vivienda residencial y los vecinos, parece no contentar a estos últimos. Luis Miguel García, de 70 años, es vecino de Lavapiés y dueño de El zapato de Oro. Desde su pequeño negocio ha sido testigo de la transformación del barrio en los últimos 50 años. “Familias enteras se han marchado de aquí. Por la gentrificación y el turismo, a quienes tienen pisos [para alquilar] les irá muy bien”, comenta. Pero enfatiza un efecto secundario: “Los locales comerciales tradicionales han ido desapareciendo porque un piso turístico es un negocio más rentable”.

García explica que su negocio ha resistido porque ha sabido adaptarse. No ocurrió lo mismo con los que han desaparecido, como recuerda con precisión de hace tiempo en la calle del Sombrerete: una fábrica de caramelos, una chatarrería, una colchonería, una carnicería de caballo, una tienda de ultramarinos, otra de máquinas de coser, una alfarería, un zapatero remendón, una panadería y una bodega que vendía vino a granel. Actualmente, proliferan peluquerías, fruterías y locutorios. “Están surgiendo como setas”, señala.

Otra vecina de Lavapiés, dueña de un negocio en el barrio que prefiere permanecer en el anonimato, también coincide con él. Desde detrás del mostrador, asegura que más de la mitad de las personas que caminan por la zona son turistas, y dirige su mirada hacia las políticas municipales: “Tengo vecinos que alquilan su casa por Airbnb y se sienten culpables. Si solo lo hicieran aquellos que realmente necesitan dinero o no encuentran trabajo, y no hubiera fondos buitre, esto no sería un problema. Se permite que los poderosos controlen el negocio y luego empiezan a prohibir, perjudicando en realidad a quienes dependen de esto”.

Esta situación se extiende a otras áreas de la capital, como el barrio de Vallecas. Carmen, quien dirige un herbolario desde hace 40 años, recuerda la frase que escuchó, recientemente, de uno de sus clientes: “Me tengo que ir de mi casa porque van a vender todo el bloque para hacer apartamentos turísticos”. Carmen aboga por preservar la esencia de Vallecas, aunque lo considera complicado debido a la gentrificación. “Deseo mantener la integridad y las características que antes existían en Vallecas. Los turistas no compran lo habitual, ni al cristalero ni al herbolario. Esto provoca que los negocios cierren. Los turistas solo están de paso”.

El Plan Reside también ha encontrado resistencia en el Palacio de Cibeles. El PSOE presentó un recurso contra el mismo, que fue admitido a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TJSM) el 17 de octubre. Los socialistas reconocen, al igual que los vecinos y pequeños propietarios, que se trata de “un instrumento para favorecer el negocio de grandes inversores, que pueden financiar la conversión de casi cualquier edificio residencial en toda la ciudad de Madrid, favoreciendo la expulsión de sus residentes actuales”.

A este recurso se suma el presentado por Más Madrid el 3 de noviembre ante la sala de lo contencioso del TJSM contra un Plan Reside que el portavoz en funciones del grupo, Eduardo Rubiño, ha rebautizado como “Plan Expulsa” porque, según él, “despliega una alfombra roja a los fondos buitre y solo busca vaciar el centro de la ciudad para convertirlo en un hotel gigante”.

Las quejas sobre el ruido y la convivencia son comunes. Lola Martín y Ana Pavón, como propietarias de apartamentos turísticos, afirman que no han tenido inconvenientes con los vecinos por alquilar las propiedades, ya que han establecido normas estrictas para que los turistas respeten el espacio y no causen molestias. De no cumplirlas, aseguran, son desalojados. Maripaz Barosen, gestora de apartamentos turísticos y miembro de VUT Madrid, señala que la situación la ha llevado a buscar un segundo trabajo para llegar a fin de mes, y advierte: “La gente no se da cuenta de que echan al inquilino, transforman el edificio entero, pero ese edificio nunca regresará a ser vivienda”.