Pistas, dudas y defensas en el último día del juicio contra el fiscal general en España.

El proceso judicial contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se encuentra en su etapa final. Este jueves, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo llevará a cabo la sexta y última jornada de la vista oral, donde las partes podrán presentar sus conclusiones después de cinco sesiones que, hasta ahora, no han aportado pruebas directas que vinculen al máximo responsable del ministerio público con la filtración de un correo del abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en el que se reconocen dos delitos fiscales. Por lo tanto, ante la falta de pruebas contundentes, las acusaciones intentan sostener su argumentación basada en indicios circunstanciales, que la defensa y la Fiscalía consideran meras “inferencias” sin fundamento.

Desde el inicio del juicio, García Ortiz ha mantenido su inocencia. En la tarde del miércoles, durante la quinta sesión, reiteró su postura: “La verdad no se filtra, se defiende”, afirmó al concluir su declaración como acusado (un momento sin precedentes en la actual etapa democrática de España). En más de una hora, el fiscal general buscó aclarar las sospechas que se han vertido sobre él y las teorías presentadas por las acusaciones y la Guardia Civil, que lo vinculan a la filtración.

Como ya había hecho en la fase de instrucción, García Ortiz optó por responder exclusivamente a su defensa (en manos de la Abogacía del Estado) y a la Fiscalía (que solicita su absolución), y se mostró dispuesto a contestar las preguntas del tribunal, que no le planteó ninguna. Esta decisión, que justificó por la falta de “lealtad procesal en la búsqueda de la verdad” de González Amador, evitó que las acusaciones intentaran sembrar dudas sobre la veracidad de su testimonio.

Se espera que, este jueves, el abogado de González Amador responda a las declaraciones de García Ortiz. Según explicó el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, todas las partes tendrán la oportunidad de presentar sus conclusiones definitivas desde las 10.00. El magistrado ya anunció que, para persuadir a los siete jueces de que emitan una sentencia favorable, cada acusación y la Fiscalía tendrán de 30 a 45 minutos para hablar, mientras que la defensa podrá utilizar el tiempo necesario. En este contexto, el abogado de González Amador solicitó este mismo miércoles unos minutos adicionales, a lo que Arrieta respondió que será flexible según el contenido de su argumento.

Con la evidencia presentada durante el juicio, el tribunal deberá decidir si el fiscal general del Estado es culpable de un delito de revelación de secretos por haber supuestamente filtrado a la prensa un correo del abogado del novio de Ayuso, en el que proponía un acuerdo a la Fiscalía y admitía los delitos fiscales que enfrenta en una causa abierta en un juzgado de la capital. La acusación particular, representada por González Amador, solicita cuatro años de prisión para García Ortiz, mientras que la Fiscalía y la Abogacía del Estado piden su absolución.

Saltos deductivos de la UCO

García Ortiz podrá ejercer su derecho a la última palabra este jueves, después de las presentaciones finales. En su declaración del miércoles, insistió en que él no filtró el correo. Explicó que, en la noche del 13 de marzo de 2024, cuando se difundió el mensaje, él y su equipo estaban recopilando información para emitir un comunicado que desmintiera la información errónea publicada por El Mundo a las 21:29, que afirmaba que la Fiscalía había propuesto un acuerdo al novio de Ayuso, cuando en realidad era al contrario. Horas antes, el jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, también estaba propagando el rumor de que dicho acuerdo había sido retirado por “órdenes de arriba”.

El comunicado de la Fiscalía se emitió en la mañana del 14 de marzo, y según García Ortiz, se incluyó información del correo filtrado porque ya había sido divulgado por los medios. Argumentó que, dado que el contenido era conocido, no fue una revelación de un secreto. “Decidimos defender la actuación de los fiscales, que es absolutamente impecable”, contextualizó, negando cualquier interés en perjudicar a González Amador. “[Era] el rigor de los datos frente a otras noticias”, añadió.

En sesiones anteriores, más de media docena de periodistas de cuatro medios diferentes (EL PAÍS, La Sexta, Cadena SER y elDiario) informaron que tuvieron acceso al contenido del correo filtrado antes de que llegara a García Ortiz. Incluso, uno afirmó haber tenido una copia física desde una semana antes, y otro, el primero en publicar citas textuales del documento, que lo revisó, leyó y copió seis horas antes.

A pesar de esto, los miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que elaboraron informes para el caso —en los que afirman que García Ortiz tuvo un papel “preeminente” en la filtración— se mantuvieron insistentes en señalarlo. Según los agentes, debido a su posición, el fiscal general tenía un “dominio total” de las acciones de la Fiscalía General del Estado la noche en que se difundió el email; y, dado que sospechan que la filtración proviene de esa institución y descartan otras fuentes posibles (aunque no las han investigado, como admitieron), sostienen que nada podía suceder en el ministerio público sin su conocimiento. “Lo que haga esa Fiscalía General del Estado no lo hará sin el conocimiento o dominio, como órgano jerarquizado, del fiscal general”, resumieron los miembros de la UCO para implicarlo.

Para todas las partes, el testimonio de estos agentes era un momento crucial. Las acusaciones consideran las conclusiones de la Guardia Civil como un gran punto a su favor. Sin embargo, la defensa las trivializa como simples conjeturas carentes de fundamento y se esforzó en cuestionarlas.

Ante la falta de pruebas directas, las acusaciones intentan construir sus argumentos sobre indicios periféricos y circunstanciales, incorporando los saltos deductivos presentados por la UCO. Sin embargo, para la Abogacía del Estado y la Fiscalía, las conclusiones de la UCO son solo “deducciones” e “inferencias”, carentes de soporte documental y fruto de una visión incriminatoria que, desde el comienzo, buscaba deducir que el sospechoso era culpable. Según las defensas, desde el inicio, el procedimiento se centró en García Ortiz y se ignoró cualquier otro posible filtrador al no investigar otras fuentes de la noticia. Consuelo Castro, abogada del Estado, cuestionó a los agentes este miércoles: “Todo lo que se filtró estaba en poder de la Fiscalía General del Estado y de 600 personas más”. “No hacemos investigaciones prospectivas”, se excusó un oficial de la UCO para eludir la pregunta sobre por qué no indagaron acerca de otras personas. En ese momento, se escucharon risas en la sala.