Plazo de validez de ciertas normativas y evaluación cada cuatro años.

La Comunidad de Madrid está a punto de transformar el sistema normativo actual con innovaciones que permitirán la actualización periódica de las leyes autonómicas, añadiendo una fecha de caducidad a algunas y revisándolas cada cuatro años. Esto es parte del compromiso de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, en su programa electoral, cuyo objetivo es avanzar «hacia una Administración eficaz, segura y centrada en el ciudadano». La presidenta hizo este anuncio durante el recientemente celebrado Debate del Estado de la región en septiembre pasado.

El proyecto de decreto que aprueba este miércoles el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, según ha informado Telemadrid, regulará esta iniciativa, cuya aprobación se espera para el primer semestre del año. Se establece la obligación de realizar, al menos, una evaluación ex post de la normativa antes de que transcurran cuatro años desde la entrada en vigor de cada disposición, a menos que un marco legal disponga un plazo diferente.

También se implementará una fecha de caducidad para las leyes autonómicas organizativas, que regulan la Administración o entidades públicas internamente –estructura, funciones, competencias, órganos o procedimientos, entre otros–. Estas no abordan materias jurídicas generales, sino que se limitan a describir cómo actuar y cómo se distribuyen los servicios.

Por ejemplo, incluyen las leyes que regulan el funcionamiento de un órgano colegiado o los decretos que establecen los principios y acciones de la Mesa de Diálogo Social o el Consejo para la Promoción del Comercio de la Comunidad de Madrid.

Adicionalmente, la Comisión Interdepartamental para la Reducción de Cargas Administrativas y Simplificación Normativa deberá presentar un año después de la implementación del decreto, una propuesta para revisar los procedimientos administrativos, priorizando, en beneficio de los ciudadanos, el silencio positivo en ausencia de resolución expresa en plazo.

El proceso de evaluación de la normativa incluirá una fase de consulta pública para fomentar la participación ciudadana y de las empresas, finalizando con un informe elaborado por la consejería correspondiente. Además, se establece la pérdida de vigencia de las disposiciones reglamentarias organizativas (exceptuando los decretos de estructura orgánica) y aquellas que regulen la organización y funcionamiento de los órganos colegiados, transcurridos cinco años desde su vigencia, a menos que la evaluación ex post determine la necesidad de su continuidad.

Con estas modificaciones, el Gobierno podrá comprobar si las acciones adoptadas han cumplido con los objetivos propuestos o si es necesario ajustarlas al contexto actual.

Reducción de plazos de tramitación

Además, la medida incluye un procedimiento abreviado para ciertas leyes que, por su naturaleza, lo permitan, siempre y cuando hayan superado todos los controles y consultas requeridas. Este sistema será equivalente en la Administración a la tramitación en la Asamblea de proyectos y proposiciones de ley en lectura única, permitiendo una reducción significativa en los plazos de gestión.

La Comunidad de Madrid seguirá avanzando en la eliminación del exceso de regulación para impulsar la actividad económica, atraer inversiones y talento, y facilitar la vida de los ciudadanos, según indican fuentes del Gobierno regional. El principal objetivo de esta iniciativa es «simplificar y modernizar el marco normativo actual, eliminar cargas burocráticas y fortalecer la seguridad jurídica tanto para los madrileños como para empresas e inversores».