Pozuelo demanda el cierre del centro de inmigrantes y busca opciones legales.

La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Paloma Tejero, ha enviado una carta al Gobierno central solicitando el cierre del Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) para personas refugiadas situado en el municipio. La regidora ha indicado que el centro opera sin los permisos pertinentes. Tejero ha anunciado que utilizará “todos los recursos legales” disponibles para hacer cumplir la orden de clausura emitida por el Ayuntamiento en septiembre pasado, cuya fecha límite es el 17 de enero de 2026.

No obstante, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha dado a conocer este jueves que ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra esa decisión municipal, además de solicitar medidas cautelares para evitar el cierre, quedando pendiente la resolución judicial.

El Ministerio argumenta que el CREADE, que se encuentra en un edificio cedido por la Seguridad Social, ha atendido a más de 100.000 personas desde su inauguración en 2022, principalmente refugiados ucranianos, pero también a personas de otras nacionalidades con estatus de protección internacional. En este momento, acoge a 125 mujeres solas o con hijos a cargo, de orígenes ucraniano, latinoamericano y afgano.

Desde el Ministerio afirman que, hasta hace poco, no se había registrado “ningún inconveniente” con el Ayuntamiento y destacan que el centro ha sido un «referente» en la atención a personas vulnerables.

Por su parte, Tejero critica que el Ministerio no haya solicitado el título habilitante requerido por el Ayuntamiento para seguir operando, ni que haya proporcionado información sobre la planificación para cumplir con la resolución de cierre. Además, según su carta, no tenía conocimiento de que se había presentado un recurso judicial, aunque esto ha sido confirmado posteriormente por el Gobierno.

La alcaldesa expresó su descontento por no haber recibido una invitación al acto institucional celebrado en el centro con motivo del Día del Migrante, y enfatizó que, si el centro no se cierra en un mes, el Ayuntamiento «actuará utilizando todos los medios legales disponibles».