Preocupación entre empleados del Samur Social de Madrid por su modelo privatizado, carente de «recursos y organización» para enfrentar emergencias.

Hace apenas seis meses, el delegado municipal de Políticas Sociales expresó su orgullo por el “acierto” de establecer un recurso público para emergencias como es Samur Social. José Fernández lo hizo en un evento conmemorativo del XXI aniversario del servicio, al afirmar que “es la joya de la corona del Ayuntamiento de Madrid”. Sin embargo, su comité de empresa actualmente denuncia una “precarización” laboral y critica el modelo privatizado de Samur Social, gestionado por Grupo 5, a diferencia de otros cuerpos de emergencia como Bomberos o Policía Municipal, que operan directamente desde Cibeles.

“La emergencia social no puede seguir siendo tratada como un negocio privado”, afirmaron los representantes del personal en un comunicado emitido esta semana tras reunirse con la compañía adjudicataria para hablar sobre un nuevo convenio que consideran que afecta a sus derechos y a la eficacia en situaciones de alerta social.

“Ante una emergencia social de gran envergadura como las recientemente experimentadas en otras partes del país, podríamos no estar en capacidad de ofrecer una respuesta adecuada debido a la falta de medios, estabilidad y estructura que un servicio de emergencias plenamente reconocido debería tener”, señalaron en su declaración, recordando catástrofes recientes como la dana en Valencia o episodios de temperaturas extremas. Abel Manzanero, delegado sindical de Comisiones de Base (co.bas) presente en el comité de empresa, ha estado advirtiendo al Ayuntamiento desde hace al menos dos años sobre la privatización del servicio, primero a través de Clece.

La empresa de ACS tenía la licitación anterior a que Grupo 5 fuera el único que se presentara en la siguiente convocatoria, la cual fue adjudicada hace unos meses y ha comenzado a operar desde el 1 de diciembre. En las negociaciones para el futuro convenio solo participan CCOO y UGT, aunque sostienen que el consistorio “siempre ha preferido mantenerse al margen”, incluso cuando “se le ha invitado directamente a una negociación a tres”, junto con la empresa y los representantes de los trabajadores. Sin embargo, desde el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad niegan haber recibido comunicación alguna y destacan que el contrato actual incrementa su presupuesto en casi un 20%, alcanzando los 19,4 millones de euros para un periodo de dos años.

“Samur Social fue creado con un modelo de gestión mixta, donde el personal funcionario dirige y supervisa el servicio, mientras que la atención se realiza a través de gestión indirecta. A lo largo de sus 21 años, todos los gobiernos municipales, sin importar su ideología, han mantenido este sistema porque se ha comprobado que funciona efectivamente”, afirman desde el departamento de José Fernández en declaraciones a Somos Madrid, añadiendo que este acuerdo “incluye mejoras salariales para los trabajadores”, refiriéndose a una actualización del Convenio Colectivo Estatal de Acción e Intervención Social en 2024, que contempla un aumento adicional en las retribuciones del 3,5 %.

Avanzar hacia la municipalización total del servicio

Según opinan, esto interfiere directamente en las situaciones cotidianas, como los largos tiempos de respuesta en llamadas al 112 y un catálogo de recursos que resulta insuficiente ante el aumento progresivo de la demanda entre colectivos vulnerables. Esto ha llevado a situaciones como una campaña de frío que “agotó las plazas el primer día, dejando a otras 200 personas esperando en el Samur Social”, como relató otro trabajador auxiliar que prefirió permanecer en el anonimato.

Entre las proyecciones del Ayuntamiento se incluye la ampliación de las plazas de alojamiento y atención social para personas sin hogar hasta alcanzar las 1.400, así como la implementación de un nuevo centro de acogida para la atención temprana e inmediata para 2026. Sin embargo, el comité de empresa de Samur Social afirma que el servicio en su totalidad carece de una estructura propia y de “coordinación efectiva” con otros cuerpos municipales a los que normalmente apoyan.

Otro problema que destacan es la situación de los auxiliares, quienes ven su función desdibujada al “asumir tareas que no les corresponden” o, como mencionaron en su comunicado, acabar “diluyendo” su papel real bajo “reorganizaciones que no responden a criterios técnicos, sino a reducciones de costes”. “En el nuevo pliego se introduce una figura que no existía antes, la del psicólogo, habiendo contratado a 13 profesionales, pero reduciendo la jornada de los auxiliares, pues, al parecer, sobraban 22”, compara el delegado sindical, señalando que esto constituye una “forma de despido encubierta”, haciendo que muchos trabajadores “pase de cobrar más de mil euros a no llegar a los 600 mensuales”.

En general, el salario base en Samur Social es de aproximadamente 1.400 euros para psicólogos o trabajadores sociales y de 1.150 euros al mes para auxiliares, en ambos casos para una jornada completa. Su principal demanda es la municipalización total del servicio, para que el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad “asuma su responsabilidad como garante final”. “Es más costoso que tenernos externalizados, pero creemos que si se enorgullecen de un recurso de atención social, deben garantizar una dignidad mínima para que pueda prestarse”, concluye Abel Manzanero, quien seguirá esperando noticias desde Cibeles.

“Si los profesionales consideran que es necesario actualizar las tablas salariales de este convenio colectivo, deberán negociarlo con el Gobierno de España, que es la entidad competente”, concluyen desde el equipo municipal.