Protesta en Madrid de abogados, arquitectos y otros mutualistas para reclamar su integración en la Seguridad Social | Economía

Miles de profesionales, incluyendo abogados, procuradores, arquitectos y arquitectos técnicos, que han contribuido a sus respectivas mutualidades en lugar de a la Seguridad Social, se manifestaron este sábado en Madrid para exigir un sistema que denomina pasarela, el cual les permita acceder a pensiones públicas en lugar de las prestaciones de la mutualidad. Lo que los manifestantes han llamado una marea negra, dado que muchos de ellos llevaban sus togas, recorrió el centro de la capital y se concentró ante el Congreso de los Diputados, donde se está tramitando una propuesta de ley para abordar su situación, exigiendo «pensiones dignas ya».

La necesidad de organizarse y reivindicar esta pasarela emergió entre estos profesionales hace aproximadamente tres años, cuando se dieron cuenta de que, tras haber cotizado más de 30 o 40 años a estas entidades, las prestaciones que recibirían eran considerablemente más bajas que las pensiones mínimas que obtienen los autónomos del sistema público, ya que sus aportaciones suelen ser inferiores.

Dos abogadas de 63 años, que llegaron desde Sevilla para participar en la manifestación, relatan que tienen 40 años cotizados a la mutualidad de la abogacía, ya que era obligatorio al colegiarse, y ahora afirman que «nadie nos informó sobre los cambios en el sistema ni en nuestras aportaciones». Según sus cálculos, su pensión podría estar entre 168 y 200 euros al mes.

El problema afecta a más de 100,000 trabajadores en toda España (más de 70,000 abogados y procuradores, y alrededor de 35,000 arquitectos y arquitectos técnicos principalmente) que cotizaron obligatoriamente a las mutualidades de previsión social de sus respectivos colegios profesionales hasta 1996. Desde entonces, debían decidir si continuaban en la mutualidad o se trasladaban a la Seguridad Social, pero no podían rescatar sus aportaciones a las mutualidades hasta el momento de su jubilación, lo que llevó a muchos a optar por no cambiarse al sistema público.

Por esta razón, hace aproximadamente tres años se agruparon en diferentes asociaciones para pedir al Gobierno la mencionada pasarela que les permita trasladar sus cotizaciones al régimen de autónomos de la Seguridad Social (RETA). Después de presionar desde varios frentes para que se implementara esta regulación, lograron que sus demandas fueran presentadas en el Congreso de los Diputados, primero a través de enmiendas a la ley de Eficiencia de la Justicia, que no tuvieron éxito; y hace cuatro meses, mediante una proposición de ley del Partido Socialista.

Este proyecto normativo se reactivó recientemente con el cierre del plazo para presentar enmiendas parciales el pasado jueves, 25 de septiembre. Ahora, los diputados deben negociar qué modificaciones incluir en el proyecto de ley, primero en la ponencia y luego en la comisión. Posteriormente, el texto consensuado se enviará al Pleno del Congreso, que a su vez lo remitirá al Senado, para luego regresar a la cámara baja y entrar finalmente en vigor.

Los organizadores de estas manifestaciones (la Plataforma de Afectados por las Mutualidades, que incluye a #J2 Altermutua, #J2 provinciales, ALA, Marea Negra y el Sindicato Venia; el Movimiento #J2 Abogacía y Procura, la Asociación ANAMA y la Asociación ANMARQ) buscan generar presión en las calles para influir en el diseño final del proyecto de ley que se discute en el Congreso.

Sin embargo, pese a que han logrado unir fuerzas en la protestas del domingo, no han podido consensuar una plataforma unificada de demandas.

De hecho, la Plataforma de Afectados por las Mutualidades y el movimiento #J2 consideran fundamental que, por cada año cotizado en la mutualidad, se computen también al RETA, tanto en cuanto a años como en bases de cotización. De ahí su lema 1×1 para todos. Esta solicitud únicamente cuenta con el apoyo de grupos minoritarios en el Congreso, ya que el PSOE sostiene que solo podrán acceder a la pasarela quienes hayan cotizado al menos 15 años a la mutualidad, que fueran mutualistas a 1 de enero de 2013 y que estuvieran activos a 31 de diciembre de 2022. Además, los socialistas proponen aplicar unos coeficientes que ajusten la cotización de cada año a las contingencias exclusivas que generen derechos de jubilación. Mientras tanto, el PP propone que esta fórmula para determinar el traspaso de cotizaciones se evalúe en una subcomisión supeditada a la Comisión del Pacto de Toledo.

Aparte de esta fórmula, que podría salir a adelante en función de lo que acuerden PSOE y PP, las fuentes consultadas también mencionan otras cuestiones en juego relacionadas con los criterios de exclusión de mutualistas que plantea la proposición de ley socialista. Por ejemplo, el requisito mencionado de que solo puedan acceder a la pasarela quienes estuvieran cotizando a una mutualidad antes de enero de 2013; la eliminación del sistema de alternancia a partir de 2027 (que obligaría a que desde ese año todos estos profesionales cotizaran forzosamente a la Seguridad Social) o la posibilidad de extender la pasarela a los profesionales pasivos que ya no ejercen (aproximadamente 3,000 personas).

En cualquier caso, la abogada de ANAMA, Raquel Rico, ha señalado que es crucial que la proposición de ley que se tramita actualmente en la cámara baja sea aprobada, para que, al menos, todos aquellos que no puedan beneficiarse de ella o que no estén conformes con las pensiones que reciban puedan reclamar sus pensiones en los tribunales.