Pumpido mantendrá su puesto a menos que PSOE y PP lleguen a un acuerdo sobre los cuatro magistrados.

En diciembre próximo, Cándido Conde-Pumpido y otros tres integrantes del Tribunal Constitucional deberían concluir su mandato en el alto tribunal, que estaba estipulado inicialmente para 9 años. No obstante, la falta de consenso entre el Gobierno y el PP provocará que dicho Tribunal siga el mismo camino que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que superó los 5 años con miembros cuyo mandato ya había vencido. Según fuentes de PP, PSOE y del propio TC, aquellos cuyo mandato finaliza en diciembre no planean renunciar. Además, la ley no especifica un procedimiento a seguir en caso de incumplimiento de la renovación que establece la Constitución.

El presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, la catedrática María Luisa Balaguer, el jurista Ricardo Enríquez Sancho y el magistrado y profesor universitario José María Macías, quien reemplaza al fallecido Alfredo Montoya Melgar, que dejó su cargo debido a problemas de salud, deberían abandonar sus puestos en el Tribunal Constitucional, siendo el Senado el encargado de proponer a otros cuatro miembros para esas vacantes. Sin embargo, Gobierno y oposición no se están comunicando, y es crucial que lleguen a un acuerdo para llevar a cabo esta renovación.

Es probable que el actual presidente, Cándido Conde-Pumpido, y los otros tres vocales permanezcan en sus posiciones hasta después de las elecciones generales, que, según repite Sánchez, están programadas para 2027. Ninguna de las fuentes consultadas considera que haya «ocasión», «voluntad» ni «oportunidad» para que los involucrados dejen sus cargos en este momento.

Esta situación favorece a las posiciones del Gobierno de Pedro Sánchez. La denominada «mayoría progresista» cuenta con 7 de los 12 asientos del TC, mientras que los conservadores ocupan 5. Además, el presidente, Conde-Pumpido, tiene voto de calidad, el cual no ha sido necesario utilizar durante sus tres años en la presidencia, ya que la mayoría de 7 contra 5 es habitual.

Si se llevara a cabo la renovación de acuerdo con lo estipulado en la Constitución, no sería este Tribunal el que determinara que la Ley de Amnistía es válida dentro del marco jurídico español, ni el que revocó las sentencias que condenaron a los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el caso de los ERE en Andalucía, quien tendría que pronunciarse sobre si la Malversación puede ser amnistiada, a pesar de que los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ya han indicado que, de acuerdo con la normativa europea, dicho delito no es amnistiable.

Mayorías cualificadas

La decisión del Tribunal Constitucional, sea cual sea su composición, determinará si el ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, puede regresar a España sin temor a ser detenido por las Fuerzas de Seguridad del Estado, o si el líder de ERC, Oriol Junqueras, puede volver a presentarse como candidato a las elecciones catalanas que, de no adelantar, están programadas para 2028.

Los miembros del Tribunal Constitucional son nombrados por mandatos de 9 años a elección del Congreso de los Diputados, que designa a 4 miembros propuestos con un mínimo de 3/5 de la Cámara (210 votos favorables de los 350 totales, lo que obliga a un entendimiento entre los principales partidos). Otros 4 son igualmente nombrados por el Senado, con mayorías cualificadas (los que deberían renovarse pronto), con 159 votos de los 265 senadores actuales; 2 a propuesta del Gobierno y otros dos por el CGPJ.

Fuentes del TC indican que este órgano ya comunicó al Senado, en julio pasado, la necesidad de renovar los cuatro vocales que dependen de él. Sin embargo, si Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo no llegan a un acuerdo, no habrá renovación. Desde ambos partidos, descartan que los líderes tengan intención de reunirse, y mucho menos de alcanzar acuerdos.

La última reunión entre Sánchez y Feijóo tuvo lugar en diciembre de 2023, donde acordaron reformar el artículo 49 de la Constitución para sustituir el término «disminuido» por «persona con discapacidad» y decidieron reiniciar la renovación del CGPJ.