¿Qué indagó Pablo Casado sobre Ayuso y por qué fue destituido hace cuatro años?

La trayectoria de Pablo Casado concluyó en febrero de 2022, cuando el entonces líder del Partido Popular denunció interna y públicamente la posible corrupción en el entorno de su homóloga en la Puerta del Sol, Isabel Díaz Ayuso.

El principal implicado fue su hermano Tomás. “La pregunta es si es comprensible que el 1 de abril, mientras 700 personas morían en España por la pandemia, se pueda contratar a tu hermana y obtener 300.000 euros de beneficio por la venta de mascarillas”. Esta declaración, que forma parte de la historia política de España y aún resuena entre las paredes de Génova, 13; acusaba al mayor de los Ayuso de haber hecho negocio durante la crisis del Covid mediante comisiones.

No obstante, la información que Casado aparentemente poseía iba mucho más allá, afectando a los padres de la líder regional o a sus relaciones personales, que incluyen a su exmarido, Rafael Hernández Torre, quien ha acaparado los titulares esta semana después de que ElConstitucional.es revelara en exclusiva un pelotazo con la Comunidad de Madrid de 100.000 euros.

Respecto al hermano, el líder del PP lo señalaba como comisionista en un contrato de 250.000 mascarillas adjudicado a un amigo suyo durante el periodo más crítico de aquel fatídico 2020, cuando se reportaban más muertes. Pero este caso, conocido, se acompaña de otros que rodean a la responsable autonómica y que también han llamado la atención en los medios, como la cantidad adeudada a Avalmadrid por sus padres, o los nombres de Jairo Alonso, expareja de Ayuso; y el exmarido, que ha sido más mencionado en los últimos días.

El padre

En cuanto a los primeros, los documentos se enfocan en el padre, Leonardo, quien habría solicitado 400.000 euros para una empresa dedicada a la venta de aparatos médicos junto a otros socios, MC Infortécnica.

Uno de los puntos que comprometen a Ayuso fue un correo que envió a la dirección de Avalmadrid para informarse sobre las implicaciones del crédito una vez concedido. En el correo, como publicó el diario El Mundo hace unos años, mencionaba que su familia “solo desea estar tranquila, retirarse y tener un hogar donde residir y afrontar la enfermedad de su padre”, quien padecía demencia senil.

La Asamblea de Madrid respaldó a la parte opositora al abrir una comisión de investigación, que determinó que la compañía había recibido un trato preferencial e irregular. Sin embargo, el asunto no avanzó en la vía judicial, ya que la Fiscalía Anticorrupción archivó la denuncia presentada por Más Madrid y, posteriormente, el Tribunal Supremo inadmitió una querella en su contra formulada por la Asociación Libre de Abogadas y Abogados, argumentando que la política no había intervenido en el fraude.

El padre de Ayuso transfirió dos propiedades a nombre de sus hijos. Ella obtuvo un piso en Chamberí mediante una operación en la que la madre conserva el usufructo vitalicio. Esto se conoce como nuda propiedad, un mecanismo legal que le otorga la titularidad, pero no el uso ni el disfrute del inmueble, evitando así el embargo. En este lugar, la ‘popular’ mantuvo el domicilio fiscal de Sismédica S.L inicialmente y, tras el cierre de esta empresa, el registro de Ayuso Lahoz S.L. El progenitor dejó a Tomás un terreno urbanizado de 700 metros en Sotillo de la Adrada, el pueblo natal de la familia.

Tomás Díaz Ayuso

La polémica en torno a Tomás gira en torno a la empresa Priviet Sportive SL, cuyo propietario era un amigo de su infancia; y al empresario chino Chen Shengli, quien durante el inicio de la pandemia se jactó de traer material sanitario de su país. En total, se contabilizaron hasta diez contratos menores -adjudicados sin concurso público-, por parte del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, con un valor total de 70.500 euros, desde que la presidenta madrileña asumiera el cargo.

El acuerdo más controvertido está valorado en 1,5 millones de euros y abarca 250.000 mascarillas, que se gestionó por la vía de emergencia, una medida considerada adecuada para la situación, aunque no así la forma en que se llevó a cabo, ni que el hermano de Ayuso actuara como comisionista -se estima que habría cobrado 286.000 euros-, mientras contactaba a personas de confianza.

Su exmarido y su expareja

El exmarido y una expareja de Ayuso también estuvieron en el centro de la controversia. De ambos surgieron tres empresas vinculadas a ellos para localizar posibles contratos relacionados con la administración de la Puerta del Sol.

Respecto a Jairo, se supo que desempeñaba el cargo de jefe de operaciones en Asseco, una consultora que trabajaba para la Comunidad y que superó el medio millón de euros desde que la baronesa llegó al poder. Esta empresa estaba presidida por José Antonio Pinilla, un joven rostro que colecciona fotos con líderes del PP.

En particular sobre Torre Durban, ElConstitucional.es tuvo acceso esta semana a documentación que demostraba que Durbanity Eventos SL, con sede en Madrid, y cuya administración recaía en el exmarido de Ayuso, recibió una ayuda directa de 100.000 euros de la línea Covid gestionada por la Comunidad de Madrid en 2021.

¿Desde dentro del PP?

La información de la que disponía Casado en aquel entonces podría haber llegado desde el interior de Génova, 13. Incluso se mencionaban nombres específicos, como el de Ángel Carromero, vinculado en informaciones del diario El Mundo a una empresa de detectives contratada por la Empresa Municipal de Vivienda de Madrid. Desde el PP nacional, se negó cualquier relación.

Sin embargo, el beneficio de la duda siempre permaneció. Algunos apuntaban a filtraciones desde Moncloa, otros a chivatazos de un banco y otros a la propia formación conservadora. Sea como fuere, Casado tuvo acceso a finales de 2021 a información que pudo haber derrumbado a cualquier persona, pero que, en cambio, terminó con su carrera política.