¿Qué sucede con los venezolanos en Madrid…?

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes el Real Decreto para la regularización extraordinaria de migrantes, tras el acuerdo entre el Gobierno y Podemos. Tanto el PP como Vox han criticado al Ejecutivo al respecto y, desde Génova, han intensificado sus críticas. Inicialmente se quejaban de que esto provocaría un «efecto llamada«, pero este miércoles, Núñez Feijóo acusó a Pedro Sánchez de querer «incrementar el censo» con esta regularización. En el ámbito televisivo, Silvia Intxaurrondo confrontó a los populares con sus acusaciones mediante una pregunta.

En La Hora de La 1, algunos colaboradores recordaron que el PP «ha llevado a cabo regularizaciones» y, aunque apoyan públicamente «la teoría del gran reemplazo», Feijóo «sabe que lo que dice no es cierto y que no influirán en las elecciones de España».

En este sentido, mencionaron que el «voto latino está orientado hacia el PP«. «Me sorprende la reflexión de Feijóo porque invita a considerar qué ha ocurrido con otras regularizaciones llevadas a cabo por el PP. Si tenían como objetivo alterar el censo electoral», argumentó Silvia Intxaurrondo.

La presentadora llevó esta acusación planteada por Feijóo al contexto madrileño, ya que Isabel Díaz Ayuso ha reiterado que su región es la “casa” de cientos de miles de venezolanos que han llegado a España en los últimos años. «Es decir, ¿los exiliados venezolanos que llegaron a Madrid han modificado el censo electoral en la región? ¿De qué manera han alterado el censo electoral estos exiliados venezolanos en Madrid? Entonces, cuando se les brinda la oportunidad a los exiliados venezolanos en Madrid, ¿es con la finalidad de modificar el censo electoral?«, cuestionó la presentadora.

Además, recordó que el «propio José María Aznar, en su momento, implementó, creo, cinco procedimientos extraordinarios de regularización»: «¿El objetivo era modificar el censo electoral?».

Estas reflexiones de @SIntxaurrondo son oro puro.

PP y Vox nos hablan de la teoría del reemplazo, o sea se regulan a los migrantes para apoderarse del país y a los patrios nos expulsan

Bien, ¿Entonces los venezolanos que llegaron a Madrid, han cambiado el censo?

Lo que sí han… pic.twitter.com/fxjFbA7zGG

— José Vico 🔻🇵🇸🇿🇦 (@josevico4) January 29, 2026

Las regularizaciones del PP que refutan sus críticas al Gobierno

El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo respondió en cuestión de horas al acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos para promover una regularización extraordinaria de migrantes, formulando duras críticas hacia el Ejecutivo central. Esta postura representa un cambio con respecto a la posición que Feijóo mantuvo hace dos años, cuando se mostró favorable a esta iniciativa legislativa popular y aseguró que las personas afectadas podían “estar tranquilas”.

En su discurso más reciente, el líder de la oposición ha afirmado que el acuerdo busca desviar la mirada del accidente ferroviario de Adamuz y que provocará un “desbordamiento” de los servicios públicos, distanciándose no solo de sus declaraciones de 2024, sino también de precedentes promovidos por gobiernos del propio PP.

El ejemplo más notable se encuentra en las etapas de José María Aznar entre 1996 y 2004, periodo en el que se aprobaron tres procesos de regularización. El primero, en 1996, benefició a 21.283 personas, mientras que los dos siguientes, en 2000 y 2001, permitieron regularizar a 150.000 y 232.679 extranjeros respectivamente. En total, bajo los gobiernos del PP de Aznar se regularizó a 403.962 migrantes.

A pesar de ello, estas medidas no fueron una excepción en la política migratoria española. Ya en 1986, durante el mandato de Felipe González, se implementó la primera gran regularización para personas “insuficientemente documentadas”, con ciertas exclusiones relacionadas con el orden público, antecedentes penales, falta de medios de vida o mendicidad, de la cual se beneficiaron 38.181 extranjeros, cifra que se sumó a los 108.321 regularizados en 1991.

Posteriormente, el último gran proceso antes del actual tuvo lugar en 2005 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando 572.961 personas obtuvieron permisos en un sistema que requería contratos laborales condicionados a la autorización de residencia y trabajo. Este fue el proceso más amplio registrado hasta la fecha.