¿Quién es David Herrera, el detenido relacionado con el caso del novio de Ayuso en Sevilla?

La Policía Nacional arrestó el pasado martes a David Herrera Lobato, quien está siendo investigado por su implicación en un fraude relacionado con fondos europeos. Se le acusa de haber elaborado facturas falsas para el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, y su empresa Maxwell Cremona, a través de la cual la pareja de la presidenta logró deducir decenas de miles de euros para eludir el impuesto de sociedades.

Lobato, capturado esta semana en la localidad sevillana de Arahal, posee al menos 18 sociedades en esta localidad andaluza, aunque en los últimos años ha llegado a contar con 30 de diversos tipos, desde paneles fotovoltaicos hasta limpieza y comercio minorista. Sin embargo, en el pueblo es conocido principalmente por ser el propietario de una gestoría.

En 2024, la Fiscalía Provincial de Madrid lo denunció por fraude fiscal y falsedad documental, tras descubrir que había redactado facturas falsas por un total de 117.200 euros. A pesar de ello, siempre ha negado conocer a González Amador.

Sevilla y México

Además de González Amador, otros nombres también son acusados de colaborar en la generación de facturas fraudulentas para las empresas del empresario. Entre ellos se encuentran Maximiliano Eduardo Nieder González (alias Max), Agustín Carrillo Saborido y su hermano José Miguel Carrillo Saborido.

El primero de ellos vincula a González Amador con México, mientras que los otros lo asocian con la capital hispalense, en particular con Arahal. De hecho, Agustín Carrillo fue miembro del PP en el municipio; en su caso, se habría deducido de manera “indebida” facturas por un total de 41.200 euros por servicios no prestados por Baluarte Desarrollo Centro Especial de Empleo y Desarrollo Social del CEE el Manantial SL.

El fiscal solicitó que se tomara declaración a todos ellos como investigados y que testifiquen como peritos los inspectores de Hacienda que redactaron el informe de la Agencia Tributaria, después de acusar a las cinco personas de dos delitos de defraudación tributaria relativos al Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021, así como un presunto delito de falsedad en documento mercantil.

El Ministerio Fiscal propuso a los implicados una condena de dos años y un día de cárcel, además de una inhabilitación especial para el derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y una multa superior a los 390.000 euros por la cantidad defraudada, “con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de dos meses,” de acuerdo al artículo 53.1 del Código Penal. También se contempla la pérdida de la posibilidad de recibir subvenciones o ayudas públicas y el derecho a beneficios fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de cuatro años.

No obstante, la detención reciente de Herrera está relacionada con el hecho de que había sido citado hasta en cuatro ocasiones para un juicio programado para este miércoles, pero no se presentó a ninguna de las citaciones. Su abogado argumentó que la ausencia fue por problemas de salud, pero pasó la noche del martes en el calabozo tras ser detenido por los agentes en un furgón con destino a San Fernando de Henares, y mantiene que la investigación no se vincula con el caso de González Amador.

La Fiscalía Europea solo interviene cuando se ven comprometidos los intereses financieros de la Unión Europea (UE) en situaciones de fraude, corrupción, blanqueo de capitales y fraude transfronterizo relacionado con el IVA.

El juicio a González Amador, para después de las elecciones

Por otro lado, el juicio contra González Amador, acusado de dos delitos de fraude fiscal, falsedad en documento público y pertenencia a un grupo criminal, está programado para mediados de 2027. Aunque no hay una fecha específica, se celebrará después de las elecciones generales y de la Comunidad de Madrid.

El Poder Judicial tiende a ser muy estricto respecto a la posibilidad de que sus decisiones interfieran en elecciones o en otros procesos democráticos, y esta vez, aunque González Amador no ocupa ningún cargo en la Comunidad de Madrid y no hay pruebas de que la presidenta madrileña haya favorecido su fortuna mediante acciones ilegítimas, la trascendencia mediática del asunto es innegable y cómo afecta a Ayuso es evidente.

Sea como fuere, el juicio tendrá lugar tres años después de que surgieran las primeras informaciones, mientras que la condena al fiscal general del Estado llegó apenas unos días después de las testificales. Los órganos judiciales afirman que la demora se debe a la carga laboral generada por la conocida como reforma Bolaños, la ley de eficiencia de la Justicia que transforma estos juzgados en nuevos tribunales de instancia, lo que imposibilita fijar una fecha para la vista oral en 2026.