Redes femeninas: la primera línea de defensa contra los ultras | Sociedad | América

Por Mar Centenera

Nueve de cada diez mujeres llegan a la edad de jubilación en Argentina sin haber alcanzado los 30 años de aportes exigidos por ley para obtener una pensión. No porque no hayan trabajado, sino porque la mayoría ha tenido empleos informales, en un país con un 43% de informalidad laboral, y/o porque han estado alejadas del mercado laboral cuidando a hijos o padres. Hasta hace un año existía una moratoria que permitía a los trabajadores pagar sus últimos años de aportes para acceder a una jubilación, pero el presidente Javier Milei la eliminó. Desde entonces, las mujeres se ven obligadas a trabajar hasta completar el período necesario o solicitar, a partir de los 65 años, una pensión universal para el adulto mayor que las condena a la pobreza: el ingreso equivale a 250 dólares mensuales (unos 215 euros).

Con el objetivo de exigir pensiones dignas, el colectivo Jubiladxs Insurgentes rodea cada miércoles el Congreso argentino. Zulema Palavecino, una de sus integrantes, tiene 75 años. Cuenta que eligieron los miércoles para seguir el ejemplo de Norma Pla, la activista que se convirtió en la imagen de los jubilados en los noventa contra el ajuste de Carlos Menem: trabajó desde los 13 hasta los 62 años, pero no se pudo jubilar porque nunca firmó un contrato. Tres décadas después, su situación es la de miles de mujeres más.

“La moratoria es un parche porque el trabajador trabaja, el empleador debe hacer los aportes si no los hizo”, critica Palavecino. “No luchemos para que pongan de nuevo el parche, sino para que no pidan pagar los aportes”, destaca.

Palavecino cree que, para lograr cambios, hay que salir a las calles a pelear por ellos, una tradición arraigada en la sociedad argentina. Sin embargo, advierte que esa lucha “es cada vez más asimétrica” y está más criminalizada. “Norma Pla le podía quitar la gorra a un policía, incluso conmoverlo. Hoy los adoctrinan para que nos vean como sus enemigos”, recuerda, al referirse a cómo un agente antidisturbios empujó al suelo a una jubilada con bastón hace unos meses. Aun así, pide unir todas las luchas y recuerda que la suya está relacionada con el futuro de todas: “Si esto sigue así, nadie podrá jubilarse”.

Por Valentina Parada

Emilse Jiménez desconfía del título de lideresa social. “Se ha vuelto un comodín”, dice. Para ella, el único título que necesita es madre. La madre a la que llaman varias comunidades en el departamento colombiano del Cauca cuando un niño o una niña está en riesgo de ser reclutado por grupos armados. Desde principios de este año, Jiménez ha logrado rescatar a siete menores de espacios de adoctrinamiento atribuidos a disidencias guerrilleras de las FARC en la región. No actúa sola: se planta frente a comandantes guerrilleros junto a las mujeres de la Guardia Intercultural Humanitaria, un colectivo que lidera y que se desplaza de vereda a vereda para evitar que los grupos armados ilegales conviertan a sus menores en niños soldados. Esta red de casi cien mujeres es la primera organización en Colombia que une a autoridades indígenas, afros, cimarronas y campesinas con el objetivo de que los menores no se conviertan en carne de cañón.

Jiménez realiza esta entrevista en una carretera que conduce desde Cali, la tercera ciudad de Colombia, hasta el municipio de Buenos Aires (Cauca), de donde es oriunda. “Voy camino a rescatar a una de mis niñas y no sé a qué hora regrese”, dice con la calma de alguien que enfrenta a diario la guerra. Se unió al grupo cuando la guerrilla se llevó a uno de sus sobrinos hace dos años. A sus 58 años, se ha convertido en una de las pioneras en enfrentar el delito del reclutamiento forzado, un crimen que ha aumentado dramáticamente durante el gobierno de Gustavo Petro, contabilizando más de 1.400 casos en el último año, de los cuales el 62% han ocurrido en el Cauca, la tierra natal de Jiménez.

A los niños los engañan a través de redes sociales, especialmente TikTok. Les ofrecen trabajos, dinero fácil o teléfonos nuevos y, cuando aceptan, los convocan fuera de sus veredas para trasladarlos a zonas bajo control armado. Las primeras alertas aparecen cuando los pupitres empiezan a quedar vacíos. Durante su búsqueda de los niños desaparecidos, Jiménez ha recibido cinco amenazas de muerte. Los grupos armados la acusan de saboteadora. La última advertencia que recibió le obligó a dejar su territorio, pero no ha sido suficiente para amedrentarla. “Las amenazas no son lo urgente. Lo urgente son los niños”, asegura.

Por Paola Nagovitch

Carolina Ortiz supo desde los nueve años que sería defensora de migrantes. A esa edad, su hermano, diez años mayor, fue deportado a México, el país del que su familia había emigrado cuando ella era pequeña. En Minnesota, tras su llegada a Estados Unidos, siempre fue consciente de las barreras que enfrentaba su familia como indocumentada: las dificultades de su madre para recibir tratamiento contra el cáncer o para encontrar vivienda. “Estaba muy molesta y solo quería entender por qué ocurrían esas cosas, pero al mismo tiempo sabía que no era la única”, recuerda la mujer de 33 años.

Su trabajo con la comunidad migrante comenzó cuando asistió a un grupo de jóvenes en su iglesia. Allí conoció a otras personas que enfrentaban situaciones similares: “Eso me motivó y me permitió canalizar esa rabia de una manera positiva”. Cuando en 2012 el expresidente Barack Obama implementó el programa DACA para indocumentados que llegaron cuando eran niños, Ortiz se convirtió en una dreamer protegida de la maquinaria de deportaciones que se llevó a su hermano.

En 2018, se unió a una organización que estaba en formación: COPAL (Comunidades Organizando el Poder y la Acción Latina), que este año ha enfrentado el megaoperativo migratorio lanzado por el Gobierno de Donald Trump en Minneapolis. Entre diciembre y febrero de este año, más de 3.000 agentes de inmigración patrullaron las calles de esa ciudad y otras en Minnesota. En medio de la violencia ejercida por la policía migratoria, dos ciudadanos estadounidenses fueron asesinados mientras protestaban.

Durante esas caóticas semanas, Ortiz, que es directora ejecutiva adjunta de COPAL y ya obtuvo la residencia permanente en Estados Unidos, estuvo atendiendo a los migrantes perseguidos. Según denuncia, en esas jornadas, agentes llegaron hasta su casa para intimidarla.

Aunque el Gobierno republicano anunció a mediados de febrero que la operación migratoria en Minnesota había “concluido”, Ortiz sabe que el trabajo está lejos de ser terminado: “El trauma, el dolor que queda en nuestras comunidades… Va a tomar años volver a la normalidad, que sinceramente no creo que exista”. En medio de tanta crueldad y sufrimiento, la activista destaca una cosa que la llena de “esperanza”: que las redes de apoyo que ha tejido entre las comunidades migrantes de su estado han sido fundamentales para resistir ante la ofensiva de Trump. Ahora, mirando hacia el futuro, advierte que la “democracia se está viendo amenazada” y que son esas redes las que sostendrán al país para afrontar lo que venga.

Por Isabel Valdés

Sandra Salsón Martín menciona “turbo”, “capitalismo” e “individualismo”, y también que eso no se relaciona con ellas, las seis mujeres que forman el núcleo de la Escuela de Emprendedoras Juana Millán, nacida en 2014 cuando se dieron cuenta de “las claras diferencias” entre sus trayectorias con sus cooperativas y las de emprendedores hombres. “Para nosotras tenía que ver con crear nuestro propio empleo, pero también con unos valores y un proyecto de vida”.

Crearon un curso junto a “compañeras de Euskadi, Aragón y Cataluña, para ayudar a aterrizar ideas a mujeres que soñaran con el emprendimiento como salida a su situación laboral”. Y fue exitoso. Desde entonces, de forma gratuita, han ayudado a otras a materializar sus ideas empresariales, consolidar las que ya tienen o dar un impulso a las que lo necesitan. Y a crear y mantener una red entre todas. Están impulsadas por seis integrantes del equipo central, “con 70 especialistas en diversas áreas, desde comunicación hasta aspectos muy específicos, como licencias para cosmética ecológica”.

Y están distribuidas por toda España. “Lo que desean debe ser viable en sus territorios y revertir en esas comunidades”, afirma Salsón, de 48 años, originaria de un pequeño pueblo de A Coruña, Mosquetín, pero residente en Madrid desde los tres. Sentada en una sala de coworking en el centro de la capital, reconoce que no todo se centra en la ciudad.

Hasta 2020 buscaron financiamiento público y privado, y unas 25 mujeres por año pasaban por la Escuela; a partir de 2021, recibieron apoyo del Instituto de las Mujeres y del Fondo Social Europeo, lo que les permitió “crecer”. En los últimos cinco años han capacitado a 2.600 juanas: “Mujeres que no desean ser parte del sistema tal como está organizado o que han sido expulsadas de él, ya sea por su edad o circunstancias. El mundo es lo que es por cómo se ha interpretado la economía, favoreciendo el enriquecimiento personal por encima de lo colectivo”. Las mujeres han estado históricamente excluidas de ese acceso al enriquecimiento y a la autonomía. La idea de la escuela es que puedan tenerla para construir un mundo diferente “a este, donde hay más riqueza para unos pocos, en la medida que se genera mayor destrucción”.

Por Carolina Guerra

A dos horas de Quito, en una casa en medio del bosque, reside Geraldina Guerra, activista de derechos humanos y directora de la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo. A sus 51 años, lleva casi una década mapeando los femicidios en Ecuador, con la satisfacción de que lo que comenzó como un esfuerzo individual, hoy se ha convertido en una red de organizaciones que documentan y verifican estos crímenes, una labor que el Estado ha mostrado incapacidad para replicar.

La idea original surgió de un grupo de mujeres cartógrafas, un impulso que, según Guerra, trasciende más allá de los números. “Si registramos estos casos, lo hacemos para dar nombre a lo que está sucediendo en cada región”, explica. “Interpelamos al Estado no solo como datos, sino como vidas que se están perdiendo”.

Con el tiempo, la red ha crecido e incluye una docena de organizaciones, líderes barriales y periodistas, sobre todo en zonas rurales, que han logrado articularse y renovarse. El Estado, en cambio, aún no puede unificar las cifras que reportan los organismos encargados de proteger a las mujeres. “Ni siquiera son capaces de reunir los datos de las instituciones que deberían proteger a las mujeres. Nosotras, desde la sociedad civil, sí podemos hacerlo”, sostiene Guerra. El debilitamiento del sistema estatal bajo el gobierno de Daniel Noboa ha sido un revés para la lucha contra la violencia, apunta. La eliminación del Ministerio de la Mujer, encargado de coordinar el sistema de prevención de violencia, es un retroceso. “Ya no hay autoridad, no hay con quién dialogar”, lamenta.

El proceso de mapeo es meticuloso. Por cada caso de femicidio se completa un formulario con detalles precisos: nombre de la víctima, edad, si tenía hijos, su lugar de residencia, si tenía medidas de protección, si estaba embarazada, si fue asesinada con armas de fuego u otro objeto, e incluso si el cuerpo fue desaparecido. Estos registros permiten conocer, trimestre a trimestre, la magnitud del femicidio en Ecuador: cuántos se han registrado, cuántos niños han quedado huérfanos y cuántos transfemicidios se han contabilizado. En 2025, se reportaron 411 femicidios en total, significativamente más que los 274 de 2024.

Por Bryan Avelar

Eneida Abarca (San Salvador, 49 años) es una activa defensora salvadoreña que se ha convertido en el rostro visible de la búsqueda de personas desaparecidas en el país. Su lucha comenzó tras la desaparición de su hijo, Carlos Ernesto Santos Abarca, el 1 de enero de 2022, cuando salió a jugar baloncesto en la colonia Monserrat, en San Salvador, y no regresó. Desde entonces, Abarca ha emprendido una búsqueda que la ha llevado a organizar protestas frente a la Casa Presidencial, a confrontar al ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, y a fundar y liderar un grupo de madres buscadoras en El Salvador, acompañando a otras familias que enfrentan la misma incertidumbre.

Tras la desaparición de su hijo, Abarca ha recorrido cientos de kilómetros pegando afiches con su fotografía en toda el área metropolitana de San Salvador. Ha buscado en barrios, colonias, quebradas, terrenos baldíos y montes. Ha solicitado ayuda a las autoridades, a la sociedad civil e incluso ha suplicado personalmente a los pandilleros del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha que le devuelvan a su hijo. Junto a su esposo, Ricardo, han denunciado ante organismos internacionales y medios de comunicación la ineficacia del Estado.

“Sé que lo encontraré porque a mi hijo no se lo pudo haber tragado la tierra. Solo hay que buscar, buscar, buscar. Hasta que alguien hable”, dice Abarca al preguntarle qué la motiva a seguir buscando. Donde quiera que vaya, siempre lleva una camiseta con el rostro de su hijo. “La realidad, tanto en El Salvador como en otros países donde hay desaparecidos, no es que no los encuentren: es que nadie los busca. Si la familia no busca, las instituciones se acomodan. Por eso nunca dejaré de buscar”, concluye.

Por Sonia Corona

La red que las mujeres de Periodistas Unidas Mexicanas (PUM) establecieron en 2019 ha servido como un altavoz para visibilizar el acoso sexual y laboral en la industria periodística en México. Enfrentando la paradoja de trabajar en un medio de comunicación y el silencio que existía en el sector sobre actitudes machistas, esta colectiva se formó para apoyar a decenas de mujeres que han hecho públicas sus denuncias, en un fenómeno que se ha denominado Me Too mexicano.

“Por nuestra profesión sabemos que no podemos actuar como especialistas, no podemos ofrecer acompañamiento psicológico ni asesoría legal, porque no somos psicólogas ni abogadas, pero tenemos buenos contactos entre nuestras fuentes,” señala María, portavoz de la colectiva, que prefiere mantener su identidad en el anonimato por razones de seguridad. El grupo ha enfrentado amenazas, especialmente luego de hacer público el caso de Andrés Roemer, un exdiplomático acusado de violación por cinco mujeres.

La colectividad también llevó a cabo una encuesta entre sus colegas para conocer sus condiciones laborales. En los resultados, descubrieron que hasta un 73% de las periodistas consultadas habían sufrido algún tipo de acoso. “Desde entonces, hemos observado cambios en las redacciones y en las conductas, no siempre a partir de una autorreflexión o de que los compañeros hombres dijeran que el acoso estaba mal, sino por miedo a ser expuestos”, apunta María.

El grupo también ha sido muy crítico con los medios de comunicación por su escasa cobertura con perspectiva de género, especialmente en su tratamiento de feminicidios. La llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de México, según ellos, no ha significado un cambio estructural en los balances de poder entre el Estado y la prensa, aunque reconocen que la presencia de una mujer en el cargo más alto del país es un cambio “simbólico y valioso”. “Nuestra colectiva ha evolucionado hacia un acto de resistencia más desde lo individual, cada vez más personal y menos público”, concluye la portavoz.

Por Antonia Laborde

Elisa Alcaíno (29 años, Santiago de Chile) conoció la cárcel durante una visita con su madre en su adolescencia, un mundo del que no se separó. La socióloga de la Universidad Católica trabajó con la hermana Nelly León, capellana del Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, donde fue testigo de las desigualdades sociales que enfrentan las mujeres en el sistema penal y decidió dedicarse a encontrar soluciones y visibilizar la problemática.

Durante la pandemia, las deficiencias estructurales se agravaron aún más, y las reclusas se quedaron sin productos básicos como agua, jabón o toallas higiénicas, según lo que presenció Alcaíno, quien se organizó con un grupo de mujeres para llevar bienes necesarios, especialmente al norte y sur del país. De esta organización nació la Red de Acción Carcelaria, una fundación de 30 voluntarias que realiza iniciativas público-privadas para, por ejemplo, llevar odontólogos o ginecólogos a las cárceles. Han atendido a mujeres que habían trabajado como trabajadoras sexuales que nunca se habían realizado un Papanicolaou (PAP, una citología).

Desde 2020, la población carcelaria femenina ha aumentado un 65,3%, llegando a 5.334 mujeres en prisión. La Red de Acción Carcelaria también colabora con la Defensoría Penal Pública para recopilar información e instalar en el debate público las deficiencias del sistema, convirtiéndolas en una preocupación política. “Los temas de seguridad están en boga, pero se habla muy poco sobre el propósito de la cárcel; la discusión pública nunca ha girado en torno a cómo romper los ciclos de violencia y delictivos. No hay un índice actualizado de reincidencia, pero sabemos que existen graves vulneraciones”, señala Alcaíno, quien expresa su temor de que el futuro Gobierno de José Antonio Kast prenda discursos punitivos que debiliten el enfoque en el cumplimiento de la pena.

Por Florantonia Singer

Venezuela enfrenta desde hace más de ocho años una emergencia que se traduce en desnutrición infantil, muertes por enfermedades prevenibles y un aumento de la violencia contra las mujeres. Varias agencias de Naciones Unidas han desplegado operaciones humanitarias en el país. Dentro de esa compleja estructura de asistencia, ha destacado el trabajo de la psicóloga Magdymar León. Directora de la Asociación Venezolana para la Educación Sexual Alternativa (Avesa), su saber se une a la Red de Igualdad de Género para asegurar que la ayuda humanitaria no reproduzca desigualdades.

León ilustra esta tensión con un ejemplo cotidiano. En una comunidad donde se lleva a cabo un plan de saneamiento para instalar tanques de agua, se contratan hombres para realizar las tuberías. A las mujeres, en cambio, les convocan para identificar necesidades, integrarse a las mesas técnicas, seleccionar a los trabajadores y prepararles la comida. “A ellos les pagan y a ellas no”, explica. Esta situación refleja una lógica aún arraigada: el trabajo masculino es remunerado; el femenino se asume como una extensión “natural” del cuidado. Para León, esta división es evidencia de cómo las prácticas humanitarias pueden refuercen roles de género en lugar de cuestionarlos.

Una de las principales resistencias que enfrenta es la ampliación de la noción de lo que significa “salvar vidas”. No se trata únicamente de distribuir alimentos o medicamentos, sino de abordar la violencia sexual, la sobrecarga doméstica y la trata de personas, problemas que se intensifican en contextos de emergencia. Ante un sistema patriarcal global, la articulación es inevitable. En un país polarizado políticamente durante dos décadas, el movimiento feminista ha enfrentado fracturas. Sin embargo, la crisis humanitaria —que ha provocado la migración de más de siete millones de venezolanos y tiene impactos diferenciados en las mujeres— ha generado espacios de reencuentro entre diferentes corrientes. León señala riesgos para Venezuela tras el 3 de enero, cuando Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y dejó a su vicepresidenta al mando. “El gobierno estadounidense ha revertido programas que favorecen la igualdad de género y los derechos reproductivos. Al ser el que ahora tutela al país, algo de esa lógica podría trasladarse aquí”, advierte. “Podrán llegar recursos, pero bajo una perspectiva que no necesariamente beneficia a las mujeres ni al país”.

Por Caio Ruvenal

Cuando Irma Quezo Maita era niña, su padre prohibió a ella y a sus cinco hermanos hablar aimara. El señor Zenobio Quezo había vivido discriminación en la ciudad por usar su lengua materna y pensó que el castellano era el único camino hacia el éxito. Jamás imaginó que la lengua andina sería indispensable para que Irma pudiera participar en el trabajo que ahora ama: técnica facilitadora del Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aimara (CDIMA).

La institución fue fundada hace 37 años por Alicia Canaviri y, desde entonces, ha concientizado a más de 40.000 mujeres del campo y de zonas periféricas de Bolivia sobre sus derechos, además de ofrecerles herramientas para alcanzar su independencia económica a través de cursos de costura, artesanía o gastronomía. Quezo, de 33 años, se ha sentido atraída por CDIMA desde que era pequeña, cuando su madre asistió a un taller que el centro realizó en su comunidad, Santiago de Callapa, en el altiplano profundo.

“Era machista al principio. Me prohibía jugar al fútbol, que tanto me gusta. ‘Tus hermanos van al campo, tú me ayudas en la cocina”, recuerda Quezo. “En el entorno rural, incluso los padres manifiestan que, si eres mujercita, no hace falta estudiar: vas a tener un marido y necesitas aprender a lavar y cocinar”. Casi tres décadas después, cuando visita las comunidades, observa que la situación apenas ha cambiado. “La mujer del campo vive en violencia, pero lo tiene naturalizado. Les dicen que por sus hijos aguantarán, que no pueden separarse. La información y la educación son las mejores herramientas que les puedes brindar”. Esta fue una de las razones por las que eligió estudiar Ciencias de la Educación.

Por Naiara Galarraga Gortázar

El gran estigma que rodea el aborto en Brasil, incluso en los casos legales, se suma a las dificultades que enfrenta un país de dimensiones continentales. En el Estado de Bahía, que es más grande que España y cuenta con 15 millones de habitantes, un equipo de la Defensoría Pública —una institución que defiende los derechos de colectivos vulnerables y ofrece abogados de oficio— gestiona desde 2022 una red que apoya a mujeres con embarazos inviables para garantizar la interrupción que les corresponde. Este esfuerzo surgió gracias a una cuidadosa labor para sensibilizar, construir alianzas, ofrecer seguridad jurídica y divulgar lo más básico: que la ley permite el aborto en casos de fetos sin opción de nacer vivos y que existe un grupo de profesionales dedicados a garantizarlo.

La defensora pública Livia Almeida explica desde Salvador de Bahía que esta iniciativa responde a la convicción de que “el acceso al aborto es una cuestión de salud pública” y que “el aborto ilegal es una de las principales causas de mortalidad materna”. Cuando el médico diagnostica un embarazo inviable, informa a la mujer de las opciones, incluida “la anticipación terapéutica del parto”, lo que equivale a un aborto, término que se evita a toda costa porque, como explica Almeida, está muy criminalizado, e incluso existe un estigma para las mujeres que tienen derecho a ello.

Primer paso, primer obstáculo. El diagnóstico debe hacerlo un especialista en medicina fetal, algo poco común en gran parte de Bahía. Si la mujer decide interrumpir la gestación, el médico solicita al núcleo de defensa de la mujer de la Defensoría Pública, que presenta una solicitud urgente a un juez penal. El permiso suele llegar en una semana como máximo. Entonces, con garantías jurídicas adicionales para ella y los médicos, la mujer puede llevar a cabo la interrupción del embarazo. Almeida destaca que han atendido a 140 mujeres y que los casos están en aumento. Consciente del desafío, lamenta que “en Brasil el aborto aún no se discute en las facultades de medicina o de derecho”.