Remite la demanda contra Ábalos a la Abogacía del Estado.

El Gobierno ha dado un paso sin precedentes al permitir que la Abogacía del Estado represente a la empresa pública Tragsatec en el juicio contra el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, su ex asesor Koldo García y el empresario arrepentido Víctor de Aldama, en relación con las supuestas irregularidades en la adquisición de mascarillas durante la pandemia.

Según adelanta OKDIARIO, la personación de Tragsatec –empresa que contrató a Jésica Rodríguez, amante de Ábalos– fue notificada a los consejos de administración del Grupo Tragsa el pasado martes.

Esto implica que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se constituye formalmente como acusación contra uno de sus propios ex ministros, en un reconocimiento implícito del daño institucional causado por la trama.

El Tribunal Supremo ofreció el pasado 11 de marzo a Ineco y Tragsatec — ambas empresas públicas relacionadas con el Ministerio de Transportes— la posibilidad de personarse en la causa como perjudicadas, siguiendo lo sugerido por el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, durante la audiencia preliminar del 12 de febrero.

De acuerdo con fuentes del Grupo Tragsa consultadas por este periódico, «una vez recibido el ofrecimiento del Tribunal Supremo para personarnos en la causa, se ha analizado desde el departamento jurídico de la empresa junto con la Abogacía del Estado y hemos decidido personarnos en la causa representados por la Abogacía del Estado».

La Fiscalía Anticorrupción solicita que Ábalos y Koldo indemnicen «conjunta y solidariamente» a Ineco —en 34.477,86 euros— y a Tragsatec —en 9.500,54 euros— por la contratación supuestamente irregular de mujeres vinculadas al exministro en ambas entidades.

Esta decisión es provisional, ya que la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, ha presentado un recurso de súplica contra el auto que ofrecía acciones legales a Tragsa e Ineco. «La personación y el acceso a la causa están condicionados a lo que finalmente determine el Tribunal Supremo en la resolución del recurso planteado», indican.

Sin embargo, otras fuentes consultadas opinan que las posibilidades de que prospere este nuevo recurso de la defensa del ex asesor ministerial no son muy altas.

Koldo contra la personación

De la Hoz considera que «no procede» el ofrecimiento a Ineco y Tragsatec, al entender que ambas entidades «no pueden ostentar la condición de perjudicadas». Según De la Hoz, las empresas «deberían ser objeto de la acción penal en calidad de responsables».

Su argumento se fundamenta así: «No se puede ejercer la acción penal (como acusación o perjudicado) cuando la propia entidad debe ser sujeto de la acción penal por la falta de controles internos que permitieron la supuesta malversación y el supuesto tráfico de influencias», sostiene la abogada.

De la Hoz denuncia además una situación de «selección estratégica de imputados» que convierte a las empresas «en acusadores, evadiendo su verdadera condición». En su opinión, «sería incompatible la posición de acusado y perjudicado, aunque estén separadas en el tiempo ambas posiciones, en procedimientos distintos, pero por el mismo hecho».

Juicio desde el 7 de abril

El juicio oral comenzará el próximo 7 de abril a las 10.00 horas en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo y se extenderá durante 13 sesiones –algunos días con sesión de tarde–, con conclusión prevista el 30 de ese mismo mes.

Más de 75 testigos están llamados a declarar, entre ellos, el primer día, el hijo del ex ministro, el hermano de Koldo, varios socios de Aldama y Jésica Rodríguez, ex pareja de Ábalos. Ábalos y Koldo permanecen en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre.

Respecto al orden de declaración de los acusados, previsiblemente el 28 de abril, la abogada de Koldo ha manifestado que «no se opone» a que Ábalos sea el último en intervenir.

La prioridad de su defendido es declarar después de Aldama porque, en su opinión, el empresario «ejerce, de facto, un rol de acusación mediante sus manifestaciones», lo que exige que Koldo «conozca previamente el contenido de dicha declaración para poder ejercer la contradicción de manera efectiva». El orden acordado sería: Aldama, Koldo y, por último, Ábalos.

La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 y medio para Koldo, y 7 para Aldama —quien ha admitido la acusación— por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación y uso de información privilegiada. Las acusaciones populares elevan la petición para el ex ministro y su ex asesor hasta los 30 años de cárcel.

El caso Koldo surgió como un escándalo de comisiones ilegales durante la pandemia y se ha convertido en el mayor proceso penal contra un miembro del Ejecutivo de Sánchez. Ahora, con el propio Estado acusando a su ex ministro a través de la Abogacía del Estado, el Gobierno ha cruzado el Rubicón: ya no hay forma de mirar hacia otro lado.