Ryanair suprime 1,2 millones de asientos adicionales en España.

Ryanair ha suprimido 1,2 millones de plazas adicionales en España debido al aumento de las tasas aeroportuarias de Aena. Además, su CEO, Michael O’Leary, ha comentado sobre la acción de Bruselas, que ha iniciado un expediente contra el Gobierno español por multar a la aerolínea por cobrar un suplemento por el equipaje de mano: «El sol ha salido en Madrid».

La aerolínea irlandesa ha reducido 1,2 millones de asientos disponibles en los aeropuertos regionales de España como protesta por las «altas tasas» impuestas por la gestora de aeropuertos, lo que resulta en la supresión total de los vuelos desde o hacia el aeropuerto de Asturias.

Las 1,2 millones de plazas eliminadas se suman a las 800.000 que ya retiró el verano pasado y al millón que eliminó para esta temporada de invierno, alcanzando así la disolución de 3 millones de asientos en vuelos regionales entre 2025 y 2026.

No obstante, la empresa incrementará su oferta en 600.000 asientos en los principales aeropuertos del país, como Madrid, Barcelona, Palma o Málaga.

El consejero delegado del grupo Ryanair, Michael O’Leary, ha afirmado en una rueda de prensa que la compañía sigue comprometida con el crecimiento en España, aunque no en los aeropuertos regionales debido a las políticas económicas del Gobierno y de Aena en estas infraestructuras.

Por ello, el directivo critica al Gobierno por haber rechazado los dos planes de expansión presentados por la compañía, que prometían un crecimiento del 40% en su tráfico hasta 2030, alcanzando los 77 millones de pasajeros al año. Sin embargo, señala que el Gobierno decidió «ignorar las propuestas, incrementar las tasas aeroportuarias y sacrificar el crecimiento potencial y la creación de empleo».

Expediente a España por multar a Ryanair

El procedimiento de infracción contra el Gobierno español es por la multa de 179 millones de euros que este impuso hace casi un año a las aerolíneas Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea por cobrar suplementos por el equipaje de mano o por reservar asientos contiguos para acompañar a personas dependientes.

La Comisión Europea (CE) considera que la Ley de Navegación Aérea española restringe la libertad de la compañía para fijar precios y ha dado un plazo de dos meses a las autoridades españolas para que respondan a las irregularidades señaladas por los servicios comunitarios.

La apertura del expediente se formaliza a través de una carta motivada que establece un periodo de diálogo de dos meses entre Bruselas y Madrid para resolver las diferencias.

Si no se alcanzan acuerdos, la Comisión puede avanzar a la segunda fase del procedimiento, que consiste en el envío de un dictamen motivado con un nuevo plazo para el diálogo, antes de proceder a la tercera y última etapa del proceso, que implica llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).