Sánchez afirma que las mujeres de Madrid «no pueden acceder» al derecho al aborto debido a Ayuso, aunque los datos contradicen esta declaración.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha manifestado este martes que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, impide que las mujeres ejerzan su derecho al aborto en la región, tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ordena al Gobierno regional comenzar la creación del registro de médicos objetores de conciencia.

Sin embargo, los datos oficiales sobre interrupciones voluntarias del embarazo en la Comunidad de Madrid no apoyan esa afirmación y demuestran que, a pesar de la falta de un registro de objetores, sí se realizan abortos.

La región representa alrededor del 20% de todos los abortos realizados en España. En 2024 se registraron más de 21.000 interrupciones del embarazo, de las cuales 18.081 correspondieron a mujeres madrileñas, según las últimas cifras disponibles. Esto implica aproximadamente 50 intervenciones al día, es decir, alrededor de dos cada hora.

Esto significa que, pese a no cumplir la ley en lo que respecta a tener el listado de objetores, la sanidad pública madrileña asegura esta prestación no solo a sus ciudadanas, sino también a mujeres de otras comunidades autónomas.

En efecto, uno de cada diez abortos realizados en la región durante 2024 correspondió a mujeres no residentes, la mayoría provenientes de Castilla-La Mancha, comunidad gobernada por el PSOE.

El origen del enésimo conflicto político entre La Moncloa y la Puerta del Sol radica en la creación del registro de médicos objetores de conciencia. Esta herramienta está prevista en la legislación estatal para que los profesionales sanitarios puedan declarar formalmente si desean acogerse a su derecho a no participar en interrupciones voluntarias del embarazo por razones éticas o deontológicas.

La controversia se remonta al otoño de 2025, cuando el Ministerio de Sanidad comenzó a exigir a la Comunidad de Madrid y otras regiones la implementación de este registro.

En ese momento, Sánchez afirmó que la política del Gobierno madrileño podría llevar a que las mujeres «tuvieran que volver a viajar a Londres para abortar», una comparación que el Ejecutivo de Ayuso rechazó categóricamente, argumentando que no se corresponde con la realidad del sistema sanitario regional.

Ahora, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, conocida esta semana, ordena al Gobierno regional comenzar la creación de ese catálogo de objetores, tal como estipula la normativa estatal.

El fallo reabre así un enfrentamiento político que ya lleva meses entre el Ejecutivo central y el madrileño, centrado en cómo aplicar este mecanismo administrativo, mientras que la práctica del aborto continúa realizándose con normalidad en la región.

La orden del Tribunal Superior de Justicia de Madrid no implica que el registro de objetores esté actualmente en funcionamiento, pero sí obliga al Gobierno autonómico a iniciar de inmediato los trámites administrativos necesarios para su creación en cumplimiento de la normativa vigente, tras aceptar la medida cautelar requerida por el Ministerio de Sanidad ante la inacción regional.

El Ejecutivo madrileño, sin embargo, ha declarado que apelará la decisión y sostiene que la medida cautelar «no aborda el fondo del asunto» y que ya garantiza tanto el derecho de los profesionales a la objeción de conciencia como la prestación del servicio de interrupción voluntaria del embarazo sin necesidad de ese listado específico.