Sánchez, Feijóo y Junqueras, reunidos en La Moncloa.

La reunión programada para este lunes en La Moncloa era la primera en diez meses. El presidente del Gobierno y el líder del principal partido opositor, el PP, finalmente se reúnen para debatir, principalmente, el posible envío de soldados españoles a Ucrania, aunque la actualidad política tanto nacional como internacional obligue a tratar otros asuntos, como la situación en Venezuela tras el secuestro de Nicolás Maduro por parte de Donald Trump, con un centenar de asesinatos asociados a la invasión; la insistencia de este en apoderarse de Groenlandia a través de la fuerza, y el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Ministerio de Hacienda bajo la dirección de la vicepresidenta María Jesús Montero.

Sus responsables comentaron la semana pasada que la revisión de un modelo que no ha sido actualizado en más de diez años debería estar fuera del diálogo entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, dado que el gallego se ha negado a discutirlo con el jefe del Ejecutivo cuando este propuso un encuentro. Sin embargo, el Partido Popular dejó abierta la posibilidad de que se aborde finalmente un asunto tan sensible para PSOE y PP, al presentar este domingo una ¿alternativa? al proyecto de Montero. La llamada Declaración de Zaragoza —que se llamaría De Badajoz si se hubieran realizado las pasadas elecciones extremeñas— fue firmada por los líderes autonómicos del PP y no constituye, realmente, un modelo de financiación, sino más bien un mitin electoral reafirmando la oposición del PP al Gobierno, el «no es no» de manera sistemática hacia Sánchez. No importa que las comunidades gobernadas por el PP -y sus ciudadanos- y la del siempre problemático Emiliano García-Page (PSOE), Castilla-La Mancha, se beneficien esta vez del plan de Hacienda.

Tal como se ha comentado, para los líderes políticos altamente cualificados que han reaccionado a la propuesta —mencionada de forma bastante general— de Montero, debe ser fácil profundizar en el nuevo plan de financiación autonómica. Sin embargo, a quienes no manejan el tema con frecuencia nos resulta muy útil separar lo esencial de lo superfluo antes de que el texto íntegro de la ley llegue al Parlamento: por un lado, las cuestiones partidistas, electoralistas o estratégicas y, por el otro, la manera en que se pretende calcular los recursos del Estado que necesita cada territorio, con todas sus complejidades. En este aspecto, carecemos de mucha información, aunque tradicionalmente, con todos los gobiernos del PP y PSOE, ha existido un velo de oscuridad sobre los datos reales.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, fue quien tras las navidades, presentó las líneas clave del modelo de financiación autonómica que está preparando el Ejecutivo. Lo hizo después de reunirse con Sánchez en La Moncloa, antes que Feijóo, que decidió no asistir, y antes de ser completamente amnistiado de su condena por el procés. Junqueras no explicó demasiado acerca del proyecto en su tour de entrevistas, la verdad, pero no importaba que lo hubiera hecho perfectamente; para el PP y Vox, que el futuro de España lo decidieran en La Moncloa un catalán independentista rojo, con antecedentes penales, que estuvo en la cárcel y sigue inhabilitado, representa la máxima herejía antiEspaña. «No es no» es, en cualquier caso, una consigna que sirve tanto para el PP como para Page. La paja.

El grano, cuya extracción completa queda aún por recorrer mientras Hacienda no presente el texto íntegro de la reforma del sistema, son los recursos adicionales que reciben las comunidades en comparación con el sistema de 2009, aprobado por el Gobierno de Zapatero y caducado en 2014 bajo Rajoy: «El nuevo modelo se estima que aportará en 2027, año en el que se prevé que entre en vigor, 20.975 millones más de lo que obtendrían las comunidades con el modelo actual. Los recursos totales que este modelo distribuirá en 2027 están estimados en 224.507 millones. En el último año liquidado, correspondiente a 2023, las comunidades autónomas recibieron 152.484 millones del sistema de financiación», informa el Gobierno.

Todo suena muy bien hasta que entramos en los escasos detalles del modelo que nos han proporcionado, esto es, los criterios para la distribución del dinero y el resultado final que recibe cada territorio. Aquí es donde se complica todo: mientras Junqueras —recordemos que ERC no gobierna Catalunya, pero pactó con el president Illa un «financiación singular» para su comunidad— acepta el principio de «ordinalidad» en la fórmula de cálculo (cuanto más se aporta, más se recibe) para beneficiar a los catalanes, el Gobierno solo menciona la «solidaridad» y la «equidad» para garantizar que todos los territorios reciban recursos en función de sus necesidades (cuanto más se necesita, más se recibe).

Hacienda ha informado y publicado de manera general los criterios que se considerarán para calcular los montantes finales, que todos pueden consultar y la mayoría de las opiniones experta son positivas, especialmente, dado lo obsoleto que resulta ya el modelo de 2009. Este sistema, por cierto, fue negociado por Zapatero con la Catalunya de Artur Mas en primer lugar y de manera similar a lo que hizo Aznar con el pacto del Majestic (1996) acordado con Jordi Pujol. No obstante, desde que se aprobó el nuevo sistema en una reunión en La Moncloa entre el presidente del Gobierno y el líder de la condenada Esquerra Republicana, el PP se ha armado con la tarjeta roja para justificar el «no es no» ante sus votantes y en la mayoría de las autonomías que gobierna. Lo que los ciudadanos ganemos o perdamos con el rechazo a este modelo no les importa, y tanto les da igual a la derecha que, a pesar de lo diabólico que consideren lo de Sánchez y Montero, ni siquiera han propuesto una alternativa, aunque fuera una mera fachada.