Sánchez solicita a los ministros implementar medidas sociales independientes del Congreso para restaurar la vitalidad | España

Pedro Sánchez no considera que la legislatura esté cerrada, pero tampoco ignora la fragilidad parlamentaria del Gobierno. El presidente ha solicitado a los ministros de la coalición de PSOE y Sumar que cada uno le presente un listado de tres o cuatro medidas de carácter social que el Ejecutivo pueda aprobar en 2026 sin la necesidad de pasar por el Congreso, según ha podido confirmar EL PAÍS a partir de una decena de fuentes gubernamentales. Es decir, busca que la acción legislativa de La Moncloa no dependa de la inestabilidad de un bloque de investidura fracturado, donde Podemos ha estado en contra desde hace tiempo y Junts insiste en que rompió el pacto que hizo presidente a Sánchez el otoño pasado, aunque ese resentimiento no se traduzca en la caída del Gobierno.

El presidente hizo esta solicitud en noviembre y, en las semanas siguientes, ha insistido en su demanda de propuestas “ambiciosas” y “disruptivas”, según coinciden ministros, secretarios de Estado y otros altos cargos de La Moncloa. La petición “no era una lluvia de ideas”, precisa un peso pesado del Gobierno, sino una lista de “ideas concretas y viables” que sean “fáciles” de implementar y “conecten con la ciudadanía”, que a pesar de los buenos indicadores macroeconómicos, sufren el aumento del costo de la vida, con el precio de la vivienda como uno de los principales problemas sociales.

El objetivo de Sánchez es intentar recuperar la iniciativa tras un cierre de año complicado por escándalos de corrupción y acoso sexual, así como por la mala actuación del PSOE en Extremadura. La estrategia para influir en la agenda pública sería mediante un conjunto de medidas de impacto cuya aprobación no dependa de las Cortes, ya que los ciudadanos podrían atribuirlas sin dudas al Gobierno y no a otras Administraciones como las comunidades autónomas, la mayoría gestionadas por el PP. En paralelo, se gestionarían medidas que sí deben ser aprobadas en el Congreso, como la revalorización de las pensiones y otras propuestas del último escudo social, así como el aumento del salario de los empleados públicos. El apoyo a estas iniciativas está incierto, pero el Gobierno juega con las dificultades de Junts y las del propio PP, que hace un año votó en contra de la revalorización de las pensiones en un país con 9,4 millones de jubilados. Sin embargo, el Ejecutivo es consciente de que su margen de maniobra se está reduciendo: en septiembre sufrió un fuerte golpe cuando PP, Vox y Junts rechazaron la reducción de la jornada laboral.

Las perspectivas del Gobierno en el Congreso no son nada optimistas, y de hecho, el proyecto de Presupuestos se presentará sin ninguna garantía de éxito en el primer trimestre de 2026. Por eso, Sánchez mantiene en reserva los anuncios que tiene en mente, según las fuentes consultadas. Las medidas no necesariamente implicarán un gasto público significativo, afirman en La Moncloa. No obstante, todos son conscientes de que el aumento del salario mínimo será una de las principales medidas del plan elaborado por el Gobierno. Durante el mandato de Sánchez, el salario mínimo ha aumentado un 61%, pasando de 736 euros en 2018 a 1.184 euros brutos al mes en 2025 repartidos en 14 pagas.

Los expertos consultados por el Ministerio de Trabajo, que dirige la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, sugieren que debería ser de 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas en 2026 si está exento de tributación o de 1.240 si tributa al IRPF. La coalición ya ha mostrado su capacidad para convertir una medida positiva en un conflicto entre PSOE y Sumar en relación a la tributación del salario mínimo, por lo que busca una fórmula de consenso que satisfaga a ambos socios. Hacienda considera una deducción de unos 600 euros para que los beneficiarios del futuro salario mínimo no paguen IRPF.

Otro ejemplo de la dirección que están tomando las cosas, según destacan en uno de los ministerios enfocados en políticas sociales, es el programa de ayudas públicas de hasta 100 euros que ha entrado en vigor este mes para financiar gafas o lentillas a menores de 16 años, promovido por el Ministerio de Sanidad. En La Moncloa, diferencian entre los ministerios de mayor contenido social, como Transportes o Vivienda, pero también destacan el crecimiento que ha experimentado Defensa tras el compromiso de Sánchez de invertir 10.471 millones de euros adicionales para cumplir con el 2% del PIB en gasto militar este año. “Eso se traduce en la práctica en 220,000 puestos de trabajo en un corredor industrial a lo largo de España”, destaca un secretario de Estado, quien subraya que esta política permite fijar población con empleos cualificados en provincias como Soria, Jaén y Teruel.

La Moncloa no está dando pistas sobre los plazos que maneja. La discreción es total, con departamentos aislados, como admiten varios ministros. “No conozco las propuestas de los otros ministerios”, menciona uno de ellos. Lo que sí es seguro es que Sánchez las presentará y que algunas coincidirán con un inicio de año marcado por la próxima cita electoral, el 8 de febrero en Aragón, y un mes después por los comicios de Castilla y León. Las elecciones en Andalucía se llevarán a cabo a más tardar en junio. “Viendo el calendario, es razonable que el presidente quiera tener varias iniciativas listas a las que recurrir para ir sacando y diferenciarse [de la derecha]. Es cierto que el ruido puede opacar el contenido, pero cuando tienes algo interesante, también te ayuda a lidiar con el ruido. Y al fin y al cabo, el BOE es el BOE”, observa otro ministro.

Una de las lecciones que ha dejado la debacle del PSOE en las elecciones extremeñas, donde cayó de 28 a 18 escaños respecto a las elecciones autonómicas de 2023 y perdió más de 100,000 votos (de 242,659 a 136,017) y 14.2 puntos de apoyo (del 39.9% al 25.7%), es que la mayor parte de esos votantes optó por la abstención en vez de por la derecha. “Se quedaron en casa principalmente por el descontento con el candidato ―Miguel Ángel Gallardo, quien dimitió el martes como secretario general― y, por tanto, son recuperables, pero tenemos que generar esperanza y ofrecer un futuro. No basta con la gestión desde 2018, es necesario seguir transformando España”, afirman en el entorno del presidente, indicando que las medidas que Sánchez estudiará estos días deben identificarse claramente con el Gobierno “en contraste con la gestión de PP y Vox”.

Una de las reflexiones del presidente en la reunión del lunes de la semana pasada con la dirección del PSOE fue que los ciudadanos no perciben “la involución” en las políticas públicas que atribuye a los pactos de la derecha y la ultraderecha “gracias a que el PSOE gobierna España” y “les pone un freno”. En esta línea se pronunció el martes Elma Saiz en su estreno como nueva portavoz del Ejecutivo en lugar de Pilar Alegría, a raíz del adelanto electoral en Aragón. “La ciudadanía de las comunidades autónomas donde se están dando los pactos de PP y Vox aún no está sufriendo ni viendo las consecuencias de la involución de los recortes que proponen, que dejan morir los servicios públicos o libertades como el derecho al aborto, porque el Gobierno de España está garantizando la protección de esos derechos y servicios públicos”, observó. En esa comparecencia, Óscar Puente enfatizó que el Ministerio de Transportes había presentado al Consejo de Ministros, solo en diciembre, “asuntos para aprobación por un monto de 3,008 millones de euros”. ”Sin Presupuestos o con Presupuestos prorrogados», destacó, insistiendo en que el Gobierno adopta semanalmente “medidas importantes para la vida de la ciudadanía” sin depender del Congreso.

Una ministra interpreta que hay otro mensaje subyacente en las tareas que Sánchez ha encomendado a los 22 ministerios: su intención de seguir gobernando frente a la idea que transmite el PP de un Gobierno en plena agonía. “El presidente tiene la voluntad de gobernar y continuar haciéndolo, y es una forma de comunicárnoslo a todos. Quiere ideas innovadoras, pero también que todos estemos claros en que estamos comprometidos y que él nos exige lo mismo”, señala. “Y que todos pensemos que no habrá elecciones generales hasta 2027”, concluye.