Sanidad demandará a Ayuso por incumplir la ley con el registro de objetores al aborto | Noticias de Madrid


La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este sábado su intención de llevar a los tribunales al Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, por su negativa a establecer un registro de médicos objetores de conciencia al aborto, lo que infringe la ley. “La señora Ayuso, siguiendo el modelo trumpista, ha optado por rebelarse contra el derecho de las mujeres al aborto y ha obstaculizado de manera reaccionaria este derecho. Presentaremos un contencioso-administrativo por esta obstrucción a la ley, a la democracia y a las mujeres”, ha comentado García ante los medios.

El Gobierno central ha esperado a que se cumpliera el último día de plazo para que la Comunidad de Madrid creara el banco de datos, lo que ocurrió este viernes a medianoche. Y lo ha hecho de forma contundente ante la resistencia de Isabel Díaz Ayuso, quien sostiene que dicho registro solo persigue a los médicos que se niegan a realizar abortos en centros públicos y privados. Madrid se queda sola en su resistencia, después de que comunidades como Baleares y Aragón, también gobernadas por el PP y que habían mostrado dudas sobre el registro, decidieran implementarlo finalmente.

“En este país la ley se cumple”, ha añadido García, que además de ser ministra es la líder de Más Madrid, el principal partido de la oposición en la Asamblea de Madrid. “La señora Ayuso ha elegido nuevamente poner su lado en la historia equivocada. Estamos del lado de la libertad de las mujeres para decidir sobre su cuerpo, su vida y su maternidad”, ha continuado. La ministra considera que la presidenta ha tomado un rumbo que la hace “insumisa ante la ley” y que, por ello, “deberá rendir cuentas”.

El registro de objetores de conciencia es obligatorio para las comunidades tras la reforma de la ley del aborto de 2023. La finalidad de este banco de datos es que la decisión de los profesionales antiabortistas no se convierta en un impedimento para las mujeres. También busca evitar la discriminación tanto a los objetores como a los no objetores, asegurando que estos últimos no se dediquen únicamente a esa tarea. Estos datos no se recopilan a nivel nacional, sino que cada autonomía debe gestionar su funcionamiento. Madrid, por ahora, se niega a hacerlo.

El Gobierno de Ayuso dejó claro su postura desde el viernes. Su consejera de Sanidad, Fátima Matute, indicó que preferiría que fueran los tribunales quienes tuvieran la última palabra, y no “un Gobierno sectario”. “En la Comunidad de Madrid creemos en el aborto legal, seguro y poco frecuente. No vamos a señalar ni perseguir a quienes abortan ni a quienes realizan o no realizan abortos”, afirmó Matute. La ministra de Sanidad reconoció haber tomado nota de esto y que, antes de pronunciarse, esperaría a que expirara el plazo del Gobierno.

Este sábado lo ha hecho. García ha criticado con dureza a la presidenta madrileña: “Está actuando en contra de las mujeres. No entiendo qué le ocurre a Ayuso con las mujeres y esta cruzada que les tiene”. En octubre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le envió una carta pidiéndole que cumpliera la norma, cuyo protocolo fue aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en diciembre de 2024. “Te escribo para ayudar a superar los obstáculos que, desafortunadamente, aún enfrentan muchas mujeres en nuestro país que deciden ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”, decía en la carta. Si no se atendía a ese requerimiento, se indicaba en el documento, se activarían “los mecanismos legales oportunos para exigir su cumplimiento”.

Ese momento ha llegado. Esto representa un nuevo enfrentamiento entre Sánchez y Ayuso, entre el Gobierno de España y el de Madrid, dos líderes, dos administraciones, una del PSOE y otra del PP, que se critican casi a diario. Ahora la palabra la tienen los tribunales. No se trata de un caso aislado. Ayuso también ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la intención del Gobierno central de colocar una placa en la Real Casa de Correos, su sede, que recuerde que durante el franquismo fue un lugar de detención y prácticas de tortura.

Ayuso no solo se rebela ante Sánchez, sino que también ignora al presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo. El principal líder de la oposición intentó consensuar una postura unificada entre los presidentes de las comunidades dirigidas por el PP, pero no lo logró. El enfrentamiento entre Sánchez y Ayuso queda, exclusivamente, entre ellos dos.

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