Sanidad demandará a Ayuso por incumplir la ley en el registro de objetores al aborto | Noticias de Madrid

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha informado este sábado que llevará a los tribunales al Gobierno de la Comunidad de Madrid, bajo la presidencia de Isabel Díaz Ayuso, por su negativa a establecer un registro de médicos objetores de conciencia al aborto, lo que contradice la ley. “La señora Ayuso, al más puro estilo trumpista, ha decidido declararse en rebeldía contra el derecho de las mujeres al aborto y ha bloqueado este derecho de forma reaccionaria. Interpondremos un contencioso-administrativo por esta obstrucción a la ley, la democracia y las mujeres“, ha señalado García ante los medios.

El Gobierno central ha esperado hasta el último día para pronunciarse sobre la creación del banco de datos por parte de la Comunidad de Madrid, lo que ocurrió este viernes a medianoche. Y lo ha hecho de manera contundente ante la resistencia de Isabel Díaz Ayuso, quien sostiene que dicho registro solo sirve para “perseguir” a los médicos que se niegan a realizar abortos en centros públicos y privados. Madrid se queda sola en su rebeldía, después de que Baleares y Aragón, otras comunidades también gobernadas por el PP y que habían mostrado sus dudas sobre el registro, hayan decidido finalmente crearlo.

“En este país la ley se cumple”, ha añadido García, que además de ministra es la líder de Más Madrid, el principal partido opositor en la Asamblea de Madrid. “La señora Ayuso ha optado por situarse una vez más del lado equivocado de la historia. Nosotros defendemos la libertad de las mujeres para decidir sobre su cuerpo, su vida y su maternidad”, ha continuado. La ministra considera que la presidenta ha dado un paso para mostrarse “insumisa con la ley” y que, por ello, “tendrá que rendir cuentas”.

El registro de objetores de conciencia se vuelve obligatorio para las comunidades autónomas tras la reforma de la ley del aborto de 2023. El propósito de este banco de datos es que la decisión de esos sanitarios antiabortistas no se convierta en un impedimento para las mujeres. También se busca evitar la discriminación tanto a los objetores como a los no objetores, asegurando que estos últimos no se limiten solo a esa función. Los datos no se gestionan a nivel nacional; son las autonomías las que deben encargarse de su implementación. Madrid, por el momento, no lo hará.

El Gobierno de Ayuso dejó claro su postura desde el viernes. Su consejera de Sanidad, Fátima Matute, afirmó que preferiría que fueran los tribunales quienes establezcan la última palabra, y no “un Gobierno sectario“. “En la Comunidad de Madrid creemos en el aborto legal, seguro y poco frecuente. No vamos a señalar ni perseguir a quienes abortan ni a quienes realizan o no abortos”, comentó Matute. La ministra de Sanidad tomó nota y señaló que esperaría hasta que finalizara el plazo del Gobierno para pronunciarse.

Este sábado lo ha hecho. García ha criticado con firmeza a la presidenta madrileña: “Está yendo en contra de las mujeres. No sé qué le sucede a Ayuso con las mujeres y esta cruzada que mantiene”. En octubre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, envió una carta en la que le solicitaba que cumpliera la norma, cuyo protocolo fue aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en diciembre de 2024. “Me dirijo a ti con la intención de ayudar a superar los obstáculos que, lamentablemente, aún enfrentan muchas mujeres de nuestro país que deciden ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”, decía la carta. Si no se atendía esa solicitud, se incluía en el escrito que se activarían “los mecanismos legales necesarios para exigir su cumplimiento”.

Ese momento ha llegado. Se trata de un nuevo choque entre Sánchez y Ayuso, entre el Gobierno de España y el de Madrid, dos líderes, dos administraciones, una del PSOE y otra del PP, que se critican casi a diario. Ahora son los tribunales quienes tienen la palabra. No es un caso aislado. Ayuso también ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la intención del Gobierno central de colocar una placa en la Real Casa de Correos, su sede, que recuerda que durante el franquismo fue un lugar de detención y tortura.

Ayuso no solo se muestra en rebeldía ante Sánchez, sino que también desaira al presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo. El principal líder de la oposición intentó alcanzar un consenso sobre una postura única entre los presidentes de las regiones gobernadas por el PP, pero no lo logró. El enfrentamiento entre Sánchez y Ayuso queda, exclusivamente, entre ellos dos.