Sanidad demandará a Ayuso por infringir la ley en el registro de objetores al aborto | Noticias de Madrid
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha comunicado este sábado que llevará al Gobierno de la Comunidad de Madrid, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, ante los tribunales por negarse a establecer un registro de médicos objetores de conciencia al aborto, lo cual infringe la ley. “La señora Ayuso, al estilo más trumpista, ha decidido rebelarse contra el derecho de las mujeres al aborto y ha obstaculizado ese derecho de manera reaccionaria. Presentaremos un contencioso-administrativo por esta obstrucción a la ley, la democracia y las mujeres“, ha manifestado García ante la prensa.
El Gobierno central ha esperado a que se cumpliera el último día de plazo para que la Comunidad de Madrid creara el banco de datos, lo que sucedió este viernes a medianoche. Y lo ha hecho de forma contundente ante la resistencia de Isabel Díaz Ayuso, quien considera que ese registro solo sirve para “perseguir” a los médicos que se niegan a realizar abortos en centros públicos y privados. Madrid permanece sola en su rebeldía, después de que Baleares y Aragón, otras comunidades gobernadas también por el PP y que habían mostrado sus reticencias al registro, han decidido finalmente implementarlo.
“En este país la ley se cumple”, ha agregado García, quien es también la líder de Más Madrid, el principal partido opositor en la Asamblea de Madrid. “La señora Ayuso ha elegido una vez más el lado equivocado de la historia. Estamos con la libertad de las mujeres para decidir sobre su cuerpo, su vida y su maternidad”, ha continuado. La ministra subraya que la presidenta ha dado un paso para evidenciarse “insumisa con la ley” y que, por ello, “tendrá que rendir cuentas”.
El registro de objetores de conciencia es obligatorio para las comunidades autónomas tras la reforma de la ley del aborto de 2023. La finalidad de ese banco de datos es que la elección de esos profesionales sanitarios antiabortistas no se convierta en un impedimento para las mujeres. Además, busca evitar la discriminación tanto hacia los objetores como hacia los no objetores y, de paso, que estos últimos no se limiten únicamente a esa función. Dichos datos no se registran a nivel nacional; son las autonomías las que deben gestionar su funcionamiento. Por el momento, Madrid no tiene intención de hacerlo.
El Gobierno de Ayuso dejó claro su postura desde el viernes. Su consejera de Sanidad, Fátima Matute, expresó que preferiría que fuesen los tribunales los que tuvieran la última palabra, y no “un Gobierno sectario“. En la Comunidad de Madrid defendemos un aborto legal, seguro y poco frecuente. No vamos a señalar ni perseguir a quienes abortan ni a quienes realizan o no abortos,” afirmó Matute. La ministra de Sanidad tomó nota y señaló que, antes de pronunciarse, esperaría a que se finalizara el plazo del Gobierno.
Este sábado lo ha hecho. García ha criticado con firmeza a la presidenta madrileña: “Está yendo contra las mujeres. No entiendo qué sucede con Ayuso y esta cruzada que tiene contra ellas”. En octubre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le envió una carta solicitándole que cumpliera la norma, cuyo protocolo fue aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en diciembre de 2024. “Te escribo con la intención de ayudar a superar los obstáculos que, lamentablemente, siguen enfrentando muchas mujeres en nuestro país que deciden ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo,” decía la carta. De no atenderse ese requerimiento, se leía en el escrito, se activarían “los mecanismos legales oportunos para exigir su cumplimiento”.
Ese momento ha llegado. Representa un nuevo enfrentamiento entre Sánchez y Ayuso, entre el Gobierno de España y el de Madrid, dos líderes, dos administraciones, una del PSOE y otra del PP, que se critican casi a diario. Ahora los tribunales tienen la palabra. No es un caso aislado. Ayuso también ha llevado ante el Tribunal Constitucional la intención del Gobierno central de colocar una placa en la Real Casa de Correos, su sede, que recuerde que durante el franquismo fue un lugar de detención y torturas.
Ayuso no solo se declara en rebeldía ante Sánchez, sino que también desaira al presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo. El principal líder de la oposición intentó consensuar una postura unificada entre los presidentes de las regiones gobernadas por el PP, pero no lo logró. La confrontación entre Sánchez y Ayuso queda, exclusivamente, entre ellos dos.



