Sanidad demandará a Ayuso por infringir la ley sobre el registro de objetores al aborto | Noticias de Madrid

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha indicado este sábado que llevará al Gobierno de la Comunidad de Madrid, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, a los tribunales debido a su negativa a establecer un registro de médicos objetores de conciencia al aborto, lo que va en contra de la legislación vigente. “La señora Ayuso, al más puro estilo trumpista, ha decidido declararse en rebeldía contra el derecho de las mujeres a abortar y ha obstaculizado ese derecho de forma reaccionaria. Presentaremos un contencioso-administrativo por esta obstrucción a la ley, la democracia y las mujeres“, ha comentado García ante los medios.

El Gobierno central ha esperado el último día del plazo para que la Comunidad de Madrid constituya el banco de datos, lo que sucedió este viernes a medianoche. De esta manera, se ha pronunciado de forma contundente ante la resistencia de Isabel Díaz Ayuso, quien sostiene que dicho registro solo sirve para “perseguir” a los médicos que se niegan a realizar abortos en centros tanto públicos como privados. Madrid se queda sola en su postura después de que Baleares y Aragón, también gobernadas por el PP y que habían mostrado reticencias al registro, hayan decidido finalmente implementarlo.

“En este país la ley se cumple”, ha agregado García, que además es la líder de Más Madrid, el principal partido opositor en la Asamblea de Madrid. “La señora Ayuso ha decidido nuevamente alinearse del lado equivocado de la historia. Nosotros apoyamos la libertad de las mujeres para decidir sobre su cuerpo, su vida y su maternidad”, ha continuado. La ministra considera que la presidenta ha actuado de forma “insumisa a la ley” y que, por lo tanto, “deberá rendir cuentas”.

El registro de objetores de conciencia es obligatorio para las comunidades después de la reforma de la ley de aborto de 2023. La finalidad de este banco de datos es evitar que la decisión de esos profesionales antiabortistas se convierta en un impedimento para las mujeres. También busca evitar la discriminación tanto de los objetores como de los no objetores, asegurando que estos últimos no se dediquen únicamente a esa función. Estos datos no se manejan a nivel nacional, sino que las autonomías deben gestionar su propio funcionamiento. Madrid, por ahora, no lo hará.

El Gobierno de Ayuso había dejado claro desde el viernes su postura. Su consejera de Sanidad, Fátima Matute, expresó que prefería que fueran los tribunales quienes dictaran la última palabra, y no “un Gobierno sectario“. “En la Comunidad de Madrid creemos en el aborto legal, seguro y poco frecuente. No vamos a señalar ni perseguir a quienes abortan, ni a quienes realizan o no abortos”, afirmó Matute. La ministra de Sanidad tomó nota y manifestó que esperaría a que concluyera el plazo del Gobierno antes de pronunciarse.

Este sábado, lo ha hecho. García ha criticado con firmeza a la presidenta madrileña: “Está yendo contra las mujeres. No sé qué le sucede a Ayuso con las mujeres y esta cruzada que tiene contra ellas”. En octubre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le envió una carta instándole a cumplir con la norma, cuyo protocolo fue aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en diciembre de 2024. “Te escribo con la intención de ayudar a superar los obstáculos que muchas mujeres en nuestro país siguen enfrentando para ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”, decía la carta. Si no se atendía a ese requerimiento, se advertía en el escrito que se activarían “los mecanismos legales oportunos para exigir su cumplimiento”.

Ese momento ha llegado. Este hecho implica un nuevo conflicto entre Sánchez y Ayuso, entre el Gobierno de España y el de Madrid, dos líderes, dos administraciones, una del PSOE y otra del PP, que se critican casi a diario. Los tribunales tendrán ahora la última palabra. No es un caso aislado. Ayuso también ha llevado al Tribunal Constitucional la intención del Gobierno central de poner una placa en la Real Casa de Correos, su sede, que recuerda que durante el franquismo fue un lugar de detención y torturas.

Ayuso no solo se opone a Sánchez, sino que también ignora al presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo. El principal líder de la oposición intentó consensuar una postura unificada entre los presidentes de las regiones bajo el gobierno del PP, pero no logró éxito. El enfrentamiento entre Sánchez y Ayuso se mantiene, exclusivamente, entre ellos dos.