Sanidad demandará a Ayuso por violar la ley al registrar a objetores de conciencia sobre el aborto | Noticias de Madrid

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha comunicado este sábado su decisión de llevar ante los tribunales al Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, debido a su negativa a establecer un registro de médicos objetores de conciencia al aborto, lo cual infringe la ley. “La señora Ayuso, siguiendo un estilo trumpista, ha optado por declararse en rebeldía contra el derecho de las mujeres al aborto, obstaculizando este derecho de manera reaccionaria. Presentaremos un contencioso-administrativo por este bloqueo a la ley, a la democracia y a las mujeres“, ha afirmado García ante los medios.

El Gobierno central ha decidido esperar hasta el último día estipulado para que la Comunidad de Madrid creara el banco de datos, lo que ocurrió este viernes a medianoche. Su respuesta ha sido contundente ante la resistencia de Isabel Díaz Ayuso, quien sostiene que dicho registro solo serviría para “perseguir” a los médicos que se niegan a realizar abortos en centros públicos y privados. Madrid se queda sola en su desafío, ya que Baleares y Aragón, otras comunidades también gobernadas por el PP, finalmente han decidido crear el registro.

“En este país la ley se respeta”, ha comentado García, quien además de ministra es la líder de Más Madrid, el principal partido de oposición en la Asamblea de Madrid. “La señora Ayuso ha decidido, una vez más, situarse del lado equivocado de la historia. Estamos a favor de la libertad de las mujeres para decidir sobre su cuerpo, su vida y su maternidad”, ha continuado. La ministra considera que la presidenta ha tomado la decisión de mostrarse “insumisa ante la ley” y que, por lo tanto, “tendrá que rendir cuentas”.

El registro de objetores de conciencia es obligatorio para las comunidades autónomas tras la reforma de la ley del aborto de 2023. La intención de este banco de datos es asegurarse de que la negativa de esos profesionales antiabortistas no impida el acceso de las mujeres a sus derechos. También busca evitar discriminaciones tanto para los objetores como para los no objetores, asegurando que estos últimos no se limiten solo a esa labor. Los datos no se recopilan a nivel nacional; es responsabilidad de las autonomías gestionar su funcionamiento. Por el momento, Madrid no tiene planes de hacerlo.

Desde el viernes, el Gobierno de Ayuso había sido claro. Su consejera de Sanidad, Fátima Matute, indicó que prefería que los tribunales decidieran, y no “un Gobierno sectario”. En la Comunidad de Madrid defendemos el aborto como un derecho legal, seguro y poco frecuente. No nos dedicaremos a señalar ni a perseguir a quienes abortan ni a quienes realizan o no abortos”, expresó Matute. La ministra de Sanidad tomó nota de su declaración y manifestó que esperaría al final del plazo antes de pronunciarse.

Este sábado, García ha criticado duramente a la presidenta madrileña: “Está actuando en contra de las mujeres. No entiendo su obsesión con ellas y esta cruzada en su contra”. En octubre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le envió una carta instándole a cumplir con la norma, cuyo protocolo fue aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en diciembre de 2024. “Me dirijo a ti con la intención de ayudar a que se superen los obstáculos que, desafortunadamente, muchas mujeres de nuestro país enfrentan al ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”, mencionaba la carta. Si no se respondía a este requerimiento, se indicaba en el escrito, se activarían “los mecanismos legales pertinentes para exigir su cumplimiento”.

Ese momento ha llegado. Este hecho representa un nuevo conflicto entre Sánchez y Ayuso, entre el Gobierno de España y el de Madrid, un enfrentamiento entre dos líderes y administraciones, una del PSOE y otra del PP, que se critican casi a diario. Ahora los tribunales tendrán la última palabra. No se trata de una situación aislada, ya que Ayuso también ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la intención del Gobierno central de colocar una placa en la Real Casa de Correos, su sede, que conmemora que durante el franquismo fue un lugar de detención y tortura.

Ayuso no solo desafía a Sánchez, sino que también desaira al presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo. El principal líder de la oposición intentó establecer una postura unificada entre los presidentes de las regiones gobernadas por el PP, pero no logró el objetivo. El enfrentamiento entre Sánchez y Ayuso se mantiene, exclusivamente, entre ambos.