Sanidad intensifica la rapidez en los procesos de eutanasia en casos de emergencia médica.

El Ministerio de Sanidad ha desarrollado un nuevo Manual de Buenas Prácticas en Eutanasia con la finalidad de agilizar los procedimientos, reducir los tiempos de tramitación en situaciones urgentes y dar mayor protagonismo a la enfermería a lo largo de todo el proceso. El documento, que debía ser sometido a votación en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), ha sido pospuesto hasta el 9 de abril debido a la prioridad dada al conflicto por la huelga médica.

La propuesta, que ha sido adelantada por el diario El País, tiene como objetivo reemplazar la guía vigente desde la entrada en vigor de la ley de eutanasia en 2021, tras identificar obstáculos administrativos que, en ciertos casos, han impedido el acceso efectivo a este derecho. Según los datos manejados por el Ministerio, aproximadamente un tercio de los solicitantes fallece antes de completar el proceso.

Entre las principales novedades, el documento introduce un procedimiento abreviado para casos considerados urgentes, donde exista un riesgo inminente para la vida o la capacidad del paciente. En estas situaciones, se podría acortar plazos, incluyendo el periodo mínimo de 15 días entre las dos solicitudes requeridas, siempre que el médico lo justifique mediante un informe. Sin embargo, se mantienen las garantías legales, que incluyen la evaluación por un segundo facultativo independiente y la supervisión de una comisión de garantías.

El manual también refuerza el papel de la enfermería, que actuará como figura de referencia durante todo el proceso. Entre sus funciones están la información al paciente, el acompañamiento, la preparación del entorno clínico y el apoyo a familiares y cuidadores, especialmente durante el duelo.

Otro de los ejes de la propuesta es la reducción de las desigualdades territoriales en el acceso a la eutanasia. Actualmente, existen diferencias significativas entre comunidades autónomas en cuanto al número de prestaciones realizadas. Para afrontar esta situación, el documento propone la creación o consolidación de unidades administrativas de apoyo que faciliten la coordinación, la información y la gestión del procedimiento.

Además, se amplían las opciones del paciente una vez concedida la prestación. El nuevo texto incluye la posibilidad de aplazar la eutanasia hasta seis meses y de suspenderla temporalmente en circunstancias excepcionales. Por primera vez, también se integra un apartado específico sobre la donación de órganos, con protocolos definidos para aquellos que deseen hacerlo sin interferir en el proceso.

Dos años de trabajo

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha descrito el manual como una herramienta “muy importante” para mejorar la implementación de la ley. En relación con el reciente caso de Noelia Castillo, ha indicado que su situación no habría cambiado con la nueva normativa y ha subrayado que la paciente ejerció su derecho conforme a la legislación vigente. Asimismo, ha lamentado que «organizaciones ultras» la hayan estado “acosando y presionando” hasta el último momento.

Paralelamente, continúan los discursos legislativos y judiciales sobre la eutanasia. El Parlamento de Cataluña tramita una iniciativa para acortar los plazos en recursos judiciales, mientras que el Tribunal Supremo tiene previsto abordar el 19 de mayo la cuestión de si los familiares pueden oponerse legalmente a este procedimiento.

Con el nuevo manual, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) también tiene pendiente la aprobación de la Estrategia de Cuidados Paliativos 2026-2030, una iniciativa que busca consolidar esta atención como un derecho universal, independientemente del lugar de residencia o del tipo de enfermedad del paciente. A diferencia de planes anteriores, el enfoque se desplaza de los últimos momentos de vida hacia el alivio del sufrimiento como criterio central para activar estos cuidados.

Este cambio ocurre en un contexto en el que España se encuentra rezagada a nivel internacional. Según el Atlas Mundial de Cuidados Paliativos, elaborado por el Observatorio Atlantes de la Universidad de Navarra con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud, el país ocupa el puesto 28 a nivel global y penúltimo entre las naciones consideradas avanzadas.

El documento resalta que el 75% de las muertes en España están ya vinculadas a enfermedades crónicas que requieren atención paliativa. Aunque el cáncer representa aproximadamente una cuarta parte de los casos, las patologías no oncológicas, como las demencias, las insuficiencias orgánicas o la fragilidad asociada al envejecimiento, están en aumento. Este cambio de perfil, caracterizado por la multimorbilidad y el deterioro progresivo, refuerza la necesidad de detectar más tempranamente estas necesidades en todos los niveles asistenciales.

La estrategia también prevé medidas específicas para la población pediátrica, cubriendo desde la etapa prenatal, asegurando continuidad asistencial al pasar a los servicios de adultos y ofreciendo apoyo educativo a través de aulas hospitalarias y atención domiciliaria. Además, el plan plantea garantizar atención continua las 24 horas durante todo el año, mejorar el uso de la telemedicina y optimizar la coordinación entre hospitales y domicilios mediante profesionales de enlace.

Finalmente, incorpora una perspectiva social al reconocer factores como el sesgo de género en la valoración del dolor, la sobrecarga de las personas cuidadoras – mayoritariamente mujeres – y la necesidad de evitar desigualdades en la atención a mayores en residencias. Asimismo, promueve el desarrollo de “comunidades compasivas” para involucrar al entorno social en el acompañamiento al final de la vida.