Sanidad otorga un mes a las comunidades gobernadas por el PP para enviar la información sobre los cribados antes de proceder legalmente | Sociedad

El Ministerio de Sanidad ha realizado una solicitud formal a las comunidades autónomas dirigidas por el PP para que proporcionen los datos sobre los programas de cribado para el cáncer de mama, cérvix y colorrectal. Ya se había hecho una petición cuando se destapó el escándalo en Andalucía, donde más de 2.300 mujeres no obtuvieron resultados de sus pruebas inciertas. Ahora, Sanidad establece un plazo de un mes para recibir la información antes de derivar el asunto a la Justicia, según ha informado este martes la ministra Mónica García tras el Consejo de Ministros.

García ya había anunciado “acciones legales” en caso de no obtener los datos de los cribados, luego de que las comunidades administradas por el Partido Popular (11 de las 17) comunicaran su negativa a facilitar las estadísticas. Según García, el resto de las autonomías ya han enviado la información o han mostrado disposición para hacerlo.

Los consejeros de sanidad del PP notificaron por carta al ministerio que no iban a proporcionar esos datos, argumentando diversas razones. Mientras que la Comunidad Valenciana alegaba que no hay un requisito legal para ello, La Rioja sostenía que no cuenta con una plataforma informática para realizarlo, y Madrid afirmaba que Sanidad usaría esa información en contra del Gobierno de Ayuso.

García ha solicitado los datos “de inmediato”. Se apoya en el artículo 44 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, así como hizo con el registro de objetores de conciencia en las tres autonomías que aún no lo habían implementado: Aragón, Baleares y Madrid. Las dos primeras ya iniciaron los trámites, mientras que Madrid no lo ha hecho todavía.

Sanidad ejerce su derecho a solicitar la información basándose en las leyes que rigen el Sistema Nacional de Salud —Ley 14/1986, Ley 16/2003 y Ley 33/2011—, que otorgan al Ministerio de Sanidad competencias en área de coordinación general, evaluación y vigilancia en salud pública.

En estas leyes se establece la responsabilidad del Gobierno central de asegurar que los sistemas de información sean homogéneos, oportunos y útiles para la toma de decisiones. García también menciona que la Ley General de Salud Pública obliga a las comunidades autónomas a garantizar el cumplimiento de los requisitos de vigilancia y a proporcionar la información requerida por las autoridades sanitarias, con la desagregación y periodicidad necesarias.

En la carta enviada a las comunidades, Sanidad solicita los indicadores de los cribados “en aras de la lealtad institucional y de la coordinación efectiva del Sistema Nacional de Salud”.

“En caso de no tener todos los indicadores disponibles, envíen los resultados de aquellos que estén disponibles con la información existente hasta el momento, o aquellos utilizados para la evaluación de los programas de cribado de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix en su comunidad autónoma”, continúa la misiva.

La carta hace mención al Documento de consenso del sistema de información del programa poblacional de cribado de cáncer del Sistema Nacional de Salud, un protocolo que el ministerio y las comunidades acordaron en abril para centralizar todos los datos de los cribados.

Los consejeros del PP se quejan de que este protocolo se encuentra en fase de implementación, por lo que aún no es posible proporcionar los datos de manera reglamentada y homogénea. Por esta razón, los responsables de sanidad del PP abandonaron el pasado 24 de octubre el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que se celebraba en Zaragoza.

La ministra los calificó de “cafres” por “boicotear la transparencia y la información que deben ofrecer a la ciudadanía”. Los consejeros acusaron a García de convertir el Consejo Interterritorial en un instrumento de imposición y confrontación, donde el Ministerio actúa de manera unilateral, ignorando las aportaciones de las comunidades y vulnerando el reglamento que regula su funcionamiento.

El documento de consenso, en cualquier caso, no busca conocer cómo se notifica a los pacientes los resultados de las pruebas ―su creación data de antes del escándalo andaluz―, sino obtener una imagen nacional de los resultados de los cribados: cuántas personas se someten a ellos, cuántos cánceres se detectan, en qué momento.

García ha solicitado a las comunidades gobernadas por el PP más transparencia y les ha recriminado su “deslealtad” por no enviar los datos. “No pertenecen a los Gobiernos. No son del señor Moreno Bonilla, de la señora Ayuso o del señor Mañueco. Son de los ciudadanos y ciudadanas”, ha manifestado.

La ministra considera que los consejeros están “encubriendo” a la Junta de Andalucía por su gestión en los cribados de mama, o encubriéndose “a sí mismos”. “Esto pone en riesgo la confianza en el sistema sanitario. Si ocultan algo, no lo vamos a permitir. Las mamografías son sagradas”, ha concluido.