Se busca a Martiño Ramos, el profesor acusado de abuso sexual a una estudiante en Ourense, España.


Martiño Ramos Soto ha sido una figura reconocida en el activismo cultural y político de Ourense. Recientemente, se ha confirmado mediante una sentencia firme que, mientras pretendía mostrar su apoyo a los derechos de las mujeres en eventos feministas y militando en partidos como Ourense en Común y En Marea, ya extintos, abusaba de una alumna del colegio público donde enseñaba música y se comunicaba por Instagram con otras menores del centro. A esta niña le propinó golpes y agredió sexualmente, aprovechándose de su vulnerabilidad debido a los problemas en su hogar y escuela. En julio fue condenado a 13 años de prisión, aunque aún no ha sido detenido, ya que se encuentra en paradero desconocido. En los cuatro años que duró el proceso judicial, la Fiscalía no solicitó su ingreso en prisión provisional.

Ramos Soto está siendo buscado y la investigación para localizarlo sigue en curso, según fuentes policiales. A pesar de que la sentencia, ratificada por el Tribunal Supremo, es contundente en testimonios y evidencias, hasta ahora el sistema lo ha tratado con indulgencia. Después de que la menor presentara la denuncia en 2021, tras un tormento que comenzó en 2019 durante 6º de Primaria, la atención se dirigió hacia ella. Sin antecedentes penales y con una larga trayectoria en la enseñanza, “él tenía un gran reconocimiento social en la ciudad, lo que llevó a que la víctima no fuese creída”, comenta una excompañera de militancia.

La propia menor destacó en el juicio que al denunciar no recibió apoyo en el colegio donde ocurrían algunas de las agresiones sexuales de Ramos Soto. La orientadora y varias profesoras se reunieron con ella para decirle que “eran imaginaciones suyas” y que “confiaban plenamente en él, que lo conocían desde hacía años”, señala la sentencia. Sin embargo, sus amigas y otras alumnas del colegio corroboraron su relato en la Audiencia de Ourense y aportaron mensajes de redes sociales que el profesor pederasta y violador también enviaba a ellas.

La condena de la Audiencia de Ourense fue respaldada en febrero de este año por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y el 25 de julio por el Tribunal Supremo. El 15 de septiembre, la Audiencia emitió una requisitoria de búsqueda y captura y una orden de detención e ingreso en prisión. “La Audiencia de Ourense no acordó su ingreso en prisión porque esa medida no fue solicitada ni por el ministerio público ni por la acusación particular, por lo que no se pudo haber decretado”, explican fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). La Fiscalía no ha aclarado por qué actuó de esta manera durante el proceso.

Ramos Soto fue el docente de música de la víctima desde que la pequeña ingresó a Educación Infantil a los tres años hasta el final de Primaria. En sexto grado, contactó con ella por Instagram haciéndose pasar por otro menor y, conocedor de sus problemas familiares y su fragilidad, se presentó como una figura de cuidado y apoyo. Un día, en un aula del colegio, le reveló que tras el perfil de Instagram se escondía él. La niña contó cómo Ramos Soto la manipuló, agredió y violó. El profundo dolor psicológico que le causó la llevó a autolesionarse y estuvo internada por problemas psiquiátricos. La investigación judicial probó que el docente había contactado con más alumnas del colegio por la misma red social utilizando engaños y depravaciones. “Se presentaba inicialmente como una figura de apoyo, para después pretender que las menores le enviasen fotografías o videos de ellas desnudas o en situaciones sexuales”, dictaminó la justicia.

Tras la denuncia en 2021, Ramos Soto continuó dando clases durante tres años porque, argumenta la Consellería de Educación, las autoridades judiciales “en ningún momento decretaron medidas cautelares”. La asociación feminista Marcha Mundial das Mulleres sostiene que durante este tiempo el docente llegó a ser tutor y a impartir la asignatura de Informática a pesar de estar denunciado por abusos a una alumna a través de redes sociales. Educación ha evadido aclarar este asunto. Sin embargo, sí confirma que el prófugo fue condenado en primera instancia en julio de 2024 por la Audiencia Provincial de Ourense y que en agosto, tras la sentencia, se le suspendió provisionalmente de sus funciones “dada la gravedad de los hechos”, a pesar de que la justicia tampoco había establecido medidas cautelares. “Ahora, la aplicación de la sentencia firme de la Audiencia Provincial de Ourense conlleva pena de cárcel, lo que implica la suspensión de empleo y sueldo”, afirman fuentes de Educación.

La Marcha Mundial das Mulleres critica que “los mecanismos institucionales para proteger a las mujeres han vuelto a fallar”. Afirma que, con una sentencia ya firme, el pederasta se movió con tal libertad que vendió su piso para financiar su fuga. El proceso judicial, añaden, ha sido “largo, revictimizante y claramente sin garantías” y “también han fallado las instituciones encargadas de proteger a las menores”. Este caso ha tenido un impacto “brutal” en el movimiento feminista de Ourense, pues conocían al pederasta y nunca sospecharon nada, señala una activista. Comenta que Ramos Soto pretendía ser un defensor de los derechos de las mujeres y colaboraba en los actos como si fuera “un aliado perfecto”, el “ideal de masculinidad”.

Antes de ser denunciado, Ramos Soto tuvo una activa vida política en Ourense. En las elecciones municipales de 2015 fue suplente en la candidatura de Ourense en Común y en 2019 ocupó el número seis. En esta última elección, la formación no logró representación y desapareció. También formó parte del comité electoral de En Marea para las elecciones autonómicas de 2016 y tuvo un papel destacado en los conflictos internos que llevaron a la descomposición de ese partido. En 2018, fue acusado junto a otros dos miembros de realizar incursiones irregulares en el censo de votantes para las primarias en las que se eligió al líder del partido.

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